La cuantía sin precedentes de los casi 500 millones que saltándose los procedimientos administrativos ha pagado la Comunidad de Madrid al mayor hospital del gigante sanitario Quirón desde enero de 2020, la Fundación Jiménez Díaz (FJD), ha puesto sobre la mesa una cuestión nunca resuelta: la existencia de un sistema laberíntico y lleno de recovecos que impide saber en tiempo real cuántos millones le cuesta el FJD al sistema público madrileño y a cambio exactamente de qué.
La última liquidación contable conocida se remonta a 2015, año final del quinquenio para el que un informe de la Cámara de Cuentas madrileña eleva a más de 1.721 millones lo desembolsado al FJD a lo largo de ese periodo. Fechado en marzo de 2019, el examen del organismo fiscalizador cuantifica en 373.544.277 lo desembolsado en 2015 al FJD. Portavoces de la Consejería de Sanidad de Madrid aseguraron este jueves que las liquidaciones de 2016 y 2017 "se están cerrando".
Con una población asignada de 450.000 pacientes más el indeterminado número de los que son atendidos en sus instalaciones mediante el sistema de "libre elección", el Jiménez Díaz opera como la punta de lanza de un ejército sanitario controlado por el grupo alemán Fresenius y que solo en Madrid explota además otros cuatro hospitales de titularidad pública. Esos cuatro son fruto del plan de privatización sanitaria impulsado por Esperanza Aguirre en la primera década del siglo. De titularidad netamente privada, el FJD se mantiene desde 2003 sujeto a lo que se conoce como un "concierto singular" con la Consejería de Sanidad y que fue renovado en 2006.
Sintonía, puerta giratoria y cifras crecientes
Fresenius se hizo con la mayoría accionarial en 2016 tras la operación desarrollada por el fondo CVC, propietario del que ya en ese momento se le consideraba también un auténtico gigante: Capio. A través de filiales domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán y cuyos accionistas nunca salieron a la luz, CVC dominaba Capio. La sintonía de Capio, que en 2014 había adquirido Quirón, con la administración madrileña la ilustra el siguiente ejemplo: quien entre 2002 y 2004 ocupó el cargo de directora del ahora desaparecido Instituto Madrileño de Salud (Imsalud), Leticia del Moral, saltó en 2005 a Capio. Del Moral, que cruzó la puerta giratoria que enlaza sanidad pública y privada, permanece en su puesto como directora general de Asistencia y Calidad de Quirón Salud.
Ahora, la relación entre el gigante privado y el departamento público que dirige el consejero Enrique Ruiz Escudero parece atravesar un bache. Lo demuestra que, como publicó el diario El País, Fresenius haya hecho constar en su último informe anual, el de 2020, que la deuda oculta de la Comunidad de Madrid con Quirón asciende ya a 1.250 millones.
El "concierto singular" que teje un nexo entre el Jiménez Díaz y la sanidad pública madrileña pivota sobre un sistema articulado en torno a las llamadas "cláusulas adicionales": una especie de contratos que han de revisarse anualmente en cuanto a precios y que se han convertido en un verdadero enigma. ¿Por qué? Porque los números incluidos en tales cláusulas para actualizar las tarifas están sujetos a fluctuación. Es decir, si una cláusula adicional determina que el capítulo más alto del gasto que con el FJD afronta el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el de atención ordinaria a pacientes del área asignada, costará ese año 300 millones nadie puede descartar que meses más tarde el Gobierno apruebe una "adenda" en virtud de la cual suba el importe a abonar. O dos. O tres, como ocurrió en 2013.
Ni se sabe tampoco de antemano a cuánto ascenderá el coste de los pacientes que han llegado a sus instalaciones por libre elección. Los datos suministrados en su día por el Gobierno regional al ya exdiputado socialista José Manuel Freire indican que los hospitales gestionados por Quirón han captado más pacientes que los de gestión pública, con lo que su negocio crece. Y el Jiménez Díaz encabeza ese ranking. ¿Cuántas de las 64.000 citas ganadas por el FJD en 2018 gracias a pacientes a los que correspondía por área residencial otro hospital procedían de los otros cuatro que gestiona también Quirón? No se sabe.
Ni se sabe año tras año si lo previsto para el FJD por dispensación de fármacos se ajustará o diferirá de lo previsto en la "cláusula adicional". Es más, como alertó en 2019 la Cámara de Cuentas, ni siquiera queda claro si la FJD pagó entre 2013 y 2015 el canon que "en concepto de arrendamiento" ha de abonar por el uso de dos centros de especialidades. Y por ello –agrega el informe de fiscalización– "no se ha podido verificar si las cuantías abonadas, en su caso, se ajustan a los importes de arrendamiento unitarios fijados".
Lo que sí se conoce con exactitud tras el mencionado informe que la Cámara de Cuentas aprobó en 2019 es que el Jiménez Díaz ya se salió de la norma de gasto en el periodo 2010-2014. En el informe se lee esto: "Mientras en la mayoría de los hospitales públicos del Grupo 3 [de gran tamaño], en el periodo 2010-2014, los gastos reales disminuyen en torno a un 10%, los de la Fundación Jiménez Díaz (hospital concesionado) se incrementan un 23%".
Autorizaciones de gasto... por partida doble
Prórrogas de esas cláusulas que se solapan en fechas con las nuevas que han de firmarse para el año en curso levantan un dique que impide conocer los datos en tiempo real. Pero la cosa no acaba ahí. Porque a ello se suman los "pagos a cuenta" fuera de contrato como los aprobados desde enero de 2020. Un ejemplo de la maraña que dificulta averiguar el gasto se localiza en 2016. Ese año, el Consejo de Gobierno autorizó el 13 de mayo suscribir "para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre" la "cláusula adicional décima" por 239.485.805,88 euros. Al día siguiente, la Consejería de Sanidad y Quirón firmaron tal cláusula. Pero la cuantía que aparece en el texto supera en casi 79 millones lo aprobado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Cuando este periódico preguntó a los portavoces de Sanidad qué factor explicaba una disparidad de tal calibre, la respuesta fue que en diciembre de 2015 se había aprobado una prórroga de la "cláusula adicional novena" por 78.953.245,24 euros y para "el primer trimestre de 2016". En efecto, tal acuerdo consta en la web oficial de la Comunidad de Madrid. Y la suma de las dos cantidades equivale al importe que figura en el texto de la "cláusula adicional décima".
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A la vista de lo sucedido, infoLibre volvió a preguntar. Ahora, por la duplicidad del gasto autorizado, dado que tanto la prórroga como la nueva cláusula adicional incorporan los tres primeros meses de 2016. ¿Por qué la nueva "cláusula adicional" no se limitó a circunscribir su eficacia a los nueve meses comprendidos entre abril y diciembre si, de hecho, nada obliga a que esa figura reguladora del precio de los servicios prestados por la FJD se corresponda con un año completo? Esta vez no hubo respuesta. Tampoco la hubo para la pregunta de por qué si las prórrogas constituyen una fórmula válida ha optado el Gobierno regional por abonar 453, 9 millones al Jiménez Díaz en concepto de "pagos a cuenta" y mediante "convalidaciones de gasto", figura que la ley reserva para situaciones muy excepcionales que no concurren aquí.
La prueba de que el Gobierno podría haber sorteado el doblete de acuerdos que autorizan un determinado gasto para el mismo lapso temporal –el primer trimestre de 2016– se localiza en la cláusula que ha de regir en 2021: aprobada en abril por el Ejecutivo como "adicional duodécima" y pendiente todavía de firma por razones inexplicadas, el acuerdo del Consejo de Gobierno precisa que abarca de "1 de mayo a 31 de diciembre de 2021".
La cuantía sin precedentes de los casi 500 millones que saltándose los procedimientos administrativos ha pagado la Comunidad de Madrid al mayor hospital del gigante sanitario Quirón desde enero de 2020, la Fundación Jiménez Díaz (FJD), ha puesto sobre la mesa una cuestión nunca resuelta: la existencia de un sistema laberíntico y lleno de recovecos que impide saber en tiempo real cuántos millones le cuesta el FJD al sistema público madrileño y a cambio exactamente de qué.
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