El soberanismo se conjura para hacer del 21D la respuesta al encarcelamiento de “un Govern democráticamente elegido”

La respuesta, el 21 de diciembre y en las urnas. Los partidos soberanistas, las asociaciones municipalistas y las organizaciones sociales partidarias de la independencia coincidieron el jueves en una única idea apenas unos minutos después de que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela confirmase el ingreso en prisión de ocho miembros del Govern destituido: la respuesta al encarcelamiento de “un gobierno democráticamente elegido” tiene que ser democrática y expresarse en las elecciones del próximo 21 de diciembre. Ese fue el mensaje nuclear del soberanismo en una jornada que se cerró con la movilización de decenas de miles de ciudadanos miles de ciudadanosconvocados en las plazas de pueblos y ciudades de toda Cataluña para exigir la liberación de los detenidos.

Así lo expresaron, en mensajes preparados en previsión de su ingreso en prisión, varios de los miembros del Govern destituidos. El cesado vicepresidente Oriol Junqueras llamó expresamente a los partidarios de la independencia de Cataluña a que se movilicen: “Haced cada día todo lo que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21D. En pie, con determinación y hasta la victoria”. También Jordi Turull, cesado conseller de Presidència: “Dedicad todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña. Tengo toda la confianza y la esperanza en el pueblo de Catalunya. Viva la democracia”. Y Raül Romeva, el conseller de Asuntos Exteriores cesado, llamó a “desbordar las urnas” el próximo 21 de diciembre.

Una lectura de las detenciones que ya había sido anticipada horas antes por el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardá que, en previsión de la orden de prisión, había llamado a transformar “la indignación y la tristeza” en “inteligencia. Hay que ser perseverantes, apoyar al Gobierno legítimo de Cataluña” y “ganar las elecciones del 21D, sin duda”.

La opinión del president destituido, Carles Puigdemont, llegó más tarde desde Bélgica, país al que se desplazó este fin de semana y que no ha abandonado pese a estar él mismo citado ante la Audiencia Nacional. Lo hizo, primero, a través de dos apuntes consecutivos en Twitter: “El Govern legítimo de Cataluña”, señaló, “encarcelado por sus ideas y por haber sido leal al mandato aprobado por el Parlament”. “Vicepresidente y consellers: no pararemos hasta conseguir vuestra libertad”, subrayó. “El clan furioso del 155 nos quiere en la cárcel. El clamor sereno de los catalanes es de libertad!” Y a través de un mensaje grabado difundido por TV3, poco antes de las nueve de la noche, Puigdemont calificó la decisión de la jueza de “gravísimo atentado a la democracia” y “un golpe contra las elecciones del próximo día 21 de diciembre. Los encarcelamientos son un acto contra las elecciones, que se desarrollarán en un clima de represión sin precedentes”.

El Gobierno central “renuncia de esta manera al diálogo necesario” para resolver un problema político que “ya no es un asunto interno español”, indicó Puigdemont. Por eso, reclamó, hace falta que la comunidad internacional en general y la europea en particular lo aborden cuanto antes. “Como president legítimo exijo la liberación de los consellers y el fin de la represión política”, proclamó Puigdemont antes de advertir que a Cataluña le espera “una represión larga y feroz. Tenemos que combatir esta situación como lo hacemos los catalanes, sin violencia, en paz. Mi apoyo y calor a todas las personas que ven atónitos la situación. Lo tenemos que combatir sin violencia”.

Twitter también fue el medio usado para pronunciarse por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada de los mismos delitos por la Fiscalía pero, al menos hasta que declare el 9 de noviembre, en libertad con medidas cautelares: “Envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y con vuestras familias”.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, consideró intolerable, vergonzoso y miserable el encarcelamiento y, en línea con el resto del soberanismo, avisó: “Haremos lo imposible para recuperar la libertad de los consellers, el Govern y las instituciones de Cataluña”. “El mundo debe saber que España ha puesto en la cárcel a un Govern escogido democráticamente en las urnas”. Frente a eso, “los ciudadanos tienen que dar una respuesta rotunda para decirle al Estado que no aceptaremos que nuestro Govern pase por esta situación”, pidió.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) publicó inmediatamente una anotación en Twitter defendiendo una de las ideas clave de los soberanistas: “Hoy encarcelan al Govern legítimo de Catalunya. Hoy encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad”. Su secretario general, Marta Rovira, calificó España de “Estado fallido, democráticamente fallido, que ha tocado fondo”. Al borde de las lágrimas, Rovira condenó que la jueza haya enviado a prisión a “políticos honestos que han cumplido con el programa electoral y con un mandato democrático” para culminar el proceso hacia a la independencia de Cataluña.

“Han puesto en la cárcel a gente inocente, buena gente que solo trabajaba para tener un país más libre, más justo y más digno”. Ahora lo que cabe esperar, concluyó, es que todos los demócratas "reaccionen, para que salgan, para que impidan que esto pase en pleno siglo XXI”. “Lucharemos hasta el final porque tenemos todo el derecho del mundo a vivir en un país más justo, más libre y más digno”, terminó entre aplausos de sus seguidores.

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya pidió reaccionar en defensa de los derechos humanos y de la república usando el mismo argumento que ERC: “El Govern legítimo a prisión”. Y tachando a España de “Estado fascista”. El exdiputado de la CUP Carles Riera propuso convocar lo antes posible una huelga general que permita a la ciudadanía mantener una “movilización masiva y continuada” hasta conseguir la liberación de los detenidos. “Hay que responder lo antes posible con una huelga general acompañada de un estado de movilización permanente y masiva” que se extienda al resto del Estado y trascienda las fronteras, señaló, con el objetivo de que ciudadanos de todo el mundo “reivindiquen la democracia y se solidaricen con el pueblo catalán”. En España, concluyó, “no hay separación de poderes ni democracia”.

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, avisó de que la entidad soberanista no parará hasta conseguir que todos los detenidos sean puestos en libertad. Lo hizo al mismo tiempo que, de común acuerdo con Òmnium Cultural, anunciaba una “gran manifestación” para el domingo 12 de noviembre.

La respuesta municipalista

También el municipalismo se ha sumado a la movilización general del independentismo. El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, anunció una reunión conjunta de su ejecutiva con la de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Trabajan ya con varias propuestas sobre la mesa que “pasan básicamente por ganar y por tumbar a este Estado español el 21D”. “Espero que el pueblo de Cataluña responda de una manera democrática. El día 21 es nuestro reto ganar”, defendió.

Las condenas a la decisión de la jueza y los llamamientos a la liberación de los detenidos llegaron de diferentes ámbitos, incluso no soberanistas. La más sonada, sin duda, la del alcalde de Terrasa (Barcelona), Jordi Ballart, que se dio de baja en el PSC y dimitió de su cargo. El PSC, explicó en rueda de prensa, es un partido que ya no le representa “desde hace tiempo” porque, aseguró, ha perdido los valores de izquierda. Los encarcelamientos aprobados por la jueza Lamela, subrayó, han sido “la gota que ha colmado el vaso”.

El PSOE prefirió guardar oficialmente silencio, igual que el Gobierno de Mariano Rajoy, siguiendo la consigna de no comentar decisiones judiciales. Una punto de vista que su portavoz, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, resumió en RNE diciendo que “la política a la política, y los jueces a la justicia”.

La posición del partido de Pedro Sánchez, sin embargo, no impidió al PSC desmarcarse y hacer público un comunicado en el que, como ya ocurriera con el ingreso en prisión de Jordi Gonzàlez y Jordi Cuixart, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, los socialistas califican de “desproporcionada” la decisión de encarcelar a ocho miembros del Govern destituido de Cataluña. En términos muy parecidos se pronunció el expresidente socialista José Montilla. “Nunca se debería de haber llegado a esta situación” porque “los problemas políticos requieren de soluciones políticas”.

“El señor Puigdemont”, prosigue el comunicado, “al optar por situarse fuera de la legalidad y por seguir una vía unilateral, ha puesto en peligro nuestras instituciones de autogobierno y se ha hecho objeto de actuaciones judiciales. Hoy es un día triste para Cataluña y para España”, concluye el PSC.

También el secretario general de UGT Cataluña, Camil Ros, lamentó el encarcelamiento por que “nunca una persona por defender sus ideas políticas pacífica y democráticamente puede ir a la prisión”.

Colau pide el fin de "la represión"

Más dura fue la reacción de Catalunya en Comú. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, denunció el envío a prisión de un “gobierno elegido democráticamente en las urnas” que “sólo se explica por un espíritu de revancha y de humillar a las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes”. Colau subrayó que los encarcelados, aunque hayan sido cesados en aplicación del artículo 155, “forman el Govern catalán legítimamente escogido en las urnas”, y exigió al Gobierno de Mariano Rajoy que ponga fin a “la represión”.

Visiblemente preocupada, la alcaldesa aseguró que “estamos ante un despropósito jurídico, de una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas y de un grave error político que nos aleja de la solución” del conflicto. Los que afirman defender la Constitución, reprochó, “son los que hoy más la debilitan, poniendo en entredicho la separación de poderes”.

“Hago un llamamiento a todo el catalanismo político para que nos unamos para exigir la libertad de las personas encarceladas, la amnistía y parar la aplicación del artículo 155”, propuso. “La relación entre Cataluña y el resto de España se debe resolver en las urnas, no con la prisión”. La ciudadanía catalana, las entidades, los partidos y las administraciones locales deben crear, precisó, un frente común de defensa de la cohesión social, para recuperar el autogobierno y oponerse al “autoritarismo” de Rajoy, a la "instrumentalización" de la justicia y al "ataque" contra las instituciones catalanas.

Previamente, el Ayuntamiento de Barcelona había colgado de su balcón una pancarta con el texto “Libertad presos políticos”. Su colocación fue decidida por ediles de BComú, del grupo Demòcrata, de ERC y de la CUP.

El coordinador general de su formación y diputado en el Congreso, Xavier Domènech, lamentó la decisión de la jueza y reclamó “amnistía ya”. “Lo peor que podría pasar ha pasado. Se necesitará firmeza e inteligencia para superar este momento”. El ya ex diputado catalán Joan Coscubiela también expresó su malestar por el encarcelamiento: “Han decidido reventarlo todo. Costará mucho reponerse. Ahora lo más importante es la libertad de los encarcelados”.

El secretario general de Podem, Albano Dante-Fachin, pidió a los partidos catalanes una “respuesta colectiva” al encarcelamiento. “Toca sentarnos y encontrar una solución que haga temblar este Estado que es insoportable. Hay presos políticos en España”, proclamó.

Pablo Iglesias también rechazó con contundencia el encarcelamiento: “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores”, confesó a través de Twitter. “No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos”.

“Lamentable la decisión de la AN. Delito inexistente (rebelión), falta de competencias (AN) y medidas desproporcionadas. No es democracia”, escribió Alberto Garzón en Twitter, quien destacó que el encarcelamiento lo celebran los “más ultras e irresponsables. Ningún demócrata puede estar satisfecho con esta barbaridad”.

"La peor decisión"

Montilla cree que las decisiones de la jueza Lamela "favorecen" a los independentistas

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El lehendakari, Iñigo Urkullu, no dudó en calificar el ingreso en prisión de ocho miembros destituidos del Govern catalán como “la peor [decisión] que se podía haber adoptado” tanto por su “desproporcionalidad” como por “lo contraproducente que puede ser”. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, fue aún más lejos: “Nos están obligando a compartir un espacio irrespirable”, señaló, que también está poniendo “límites” al autogobierno vasco. A su juicio, la reacción del Estado español ante el proceso independentista de Cataluña no sólo afecta a esa comunidad autónoma, sino que también puede tener una "relación directa" con lo que ocurra en un futuro en Euskadi.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sí salió a justificar las detenciones. “Si desacatas permanentemente la ley y a los tribunales tienes que entender” que un juez “puede imputarte, llamarte a capítulo y decidir que no puedes estar en libertad”, razonó. “Se han estado saltando la ley cada minuto y se lo advertimos desde la tribuna del Parlament: esto es ilegal. Se lo advirtieron los letrados, el Consell de Garantías Estatutarias y el Tribunal Constitucional. Esto es lo que pasa cuando no respetas las leyes de tu propio país”, insistió.

Desde fuera de España trascendió una primera reacción del ministro presidente de la región belga de Flandes, Geert Bourgeois, que acusó a la Audiencia de “ir demasiado lejos” al “encarcelar a líderes gubernamentales elegidos democráticamente”. Las “discusiones políticas”, añadió, requieren “soluciones políticas”en forma de “diálogo/elecciones”.