En el año 2012 comenzó el ascenso. Desde entonces ha sido imparable y en 2019 alcanzó sus cotas más altas. España se convirtió el pasado año en el tercer país europeo que más solicitudes de asilo recibió, desbancando a Grecia. Fueron 118.264, el 18% de las 721.090 que llegaron al viejo continente y un 118,7% más que las 55.749 de 2018. Por delante de nuestro país solo se encuentran Alemania (con 165.615 solicitudes) y Francia (con 128.940). Siete años antes, en 2012, hubo 2.588 peticiones, un 4.469% menos. Sin embargo, mientras las cifras de solicitudes aumentan, las de concesiones de protección internacional descienden. En 2019 nuestro país solo la concedió al 5,2% de los expedientes resueltos. En 2018 fue al 24%. Europa, de media, la concede al 31%.
Mientras tanto, los expedientes sin resolver se acumulan. A finales de 2019 ya había 133.020. En ese año solo se resolvieron 60.198: 1.653 (el 2,7%) lograron el estatuto de refugiado, 1.503 la protección subsidiaria (2,5%), 39.776 (66%), obtuvieron una autorización de residencia por razones humanitarias y 17.266 (28,7%) quedaron sin ningún tipo de protección. Y muchas de ellas, además, pertenecían a países en los que la situación es grave: el 98,9% de los colombianos, el 90,6% de los palestinos, el 88,5% de los salvadoreños, el 84% de los nicaragüenses y el 79,5% de los hondureños no recibieron protección internacional. Ni obtuvieron resiencia por razones humanitarias.
Son datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha presentado este viernes por la mañana su informe anual, coincidiendo con la celebración este sábado del Día Mundial del Refugiado. La conclusión de la organización es clara: "Es preciso incidir en la falta de previsión y adaptación del sistema de protección internacional a la realidad que reflejan las cifras, puesto que existen dos grandes fracturas. Por una parte, las dificultades crecientes de las personas necesitadas de protección internacional para acceder al procedimiento. Por otra, la saturación endémica que afecta a todas sus etapas, tanto a las fases de instrucción y resolución de los expedientes, como a las de acogida e inclusión de las personas solicitantes y refugiadas".
El problema es que las cifras de solicitudes de protección han aumentado y los recursos para tramitarlas no lo han hecho. "Si bien es cierto que la Oficina de Asilo y Refugio ha reforzado su personal y se han designado más comisarías de la Policía Nacional para formalizar las solicitudes, estas medidas han sido insuficientes para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de protección internacional de un número creciente de personas", critica la organización en su informe. Por eso los plazos para obtener algún tipo de asilo han aumentado.
El registro de solicitudes, según el procedimiento, se ejecuta en un plazo de tres días que, como mucho, se puede ampliar a seis. Pero dependiendo de dónde se realice, el plazo puede aumentar. En Málaga, por ejemplo, fue inmediato. Al solicitar la protección, dice CEAR, se expidió un documento de "Manifestación de voluntad de solicitar protección internacional" en espera de la entrevista para formalizar la solicitud y poder ser considerado, oficialmente, solicitante de asilo. Sin embargo, en Barcelona el trámite se demoró hasta siete meses. "Y en Madrid ni siquiera expidieron dicho documento y el registro de la solicitud no se realizó hasta su formalización" en la entrevista presencial, apunta el documento de la ONG.
¿Qué provoca eso? Desprotección. Sin el documento que acredita que son solicitantes —o que están en espera de la entrevista para serlo formalmente—, las personas que lo son "quedan expuestas a procedimientos de expulsión por estancia irregular". Tampoco, por tanto, pueden acceder al sistema de acogida. Sin embargo, eso no significa que haya más plazas. Al contrario. Según CEAR, estas están saturadas: a lo largo de 2019, informa la organización, el plazo medio de espera para acceder a una plaza creció de cuatro a seis meses, y eso a pesar de que las plazas crecieron de 4.000 a 9.000 entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019. "Un incremento sustancial, asumido por las ONG especializadas con financiación estatal, pero insuficiente para atender el crecimiento exponencial de las personas que solicitaron protección internacional", critica CEAR.
¿De dónde proceden las personas que piden asilo en España?
Por cuarto año consecutivo, la mayoría de las personas que solicitaron asilo en España procedían de Venezuela. En 2019, 40.906 solicitudes pertenecían a ciudadanos de ese país. Supusieron, por tanto, el 35% del total de peticiones, un porcentaje similar al que representaron en 2018, cuando solicitaron asilo 20.053 venezolanos. Sin embargo, no todas las peticiones se resolvieron. 39.920 fueron resueltas: a 39.667 se les otorgó la protección por razones humanitarias; a 205 se les denegó y a 48 se les reconoció como refugiados.
Tras Venezuela se situaron Colombia (con 29.363), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931), El Salvador (4.784), Perú (3.989), Marruecos (2.555), Siria (2.419), Ucrania (2.383) y Georgia (1.815). Todos estos países experimentaron un aumento en el número de solicitudes, salvo Siria. En 2017 ocupó la segunda posición y en 2018 la tercera. Pero en 2019 cayó hasta la octava. ¿Por qué? Según CEAR, "esta tendencia obedece principalmente a la exigencia del visado de tránsito, una medida que dificulta la llegada de personas de esta nacionalidad, que, además, también carecen de vías legales y seguras que lo permitan".
Es lo mismo que les ocurrió a los ciudadanos procedentes de Palestina. En 2019 España solo recibió 623 peticiones de asilo de ciudadanos procedentes de ese país, pero un año antes ese número era de 2.031. El acusado descenso, explicala organización, se debió "a la política de visados impuesta por el Gobierno". Lo hizo en 2018 y la norma entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. Según impuso el Ejecutivo, todos los ciudadanos palestinos procedentes del Líbano, uno de los principales asentamientos de refugiados de Palestina, tienen que llevar consigo un visado para acceder a los puestos fronterizos de los aeropuertos españoles, donde se pueden iniciar los trámites para demandar la protección internacional. Antes de esa fecha podían, simplemente, comprar un billete con destino a un país ajeno a la UE pero que hiciera escala en España. Aprovechando esa situación, podían pedir asilo. El 4 de enero de este año el Gobierno impuso este mismo requisito a los refugiados yemeníesyemeníes.
España, lejos de la tasa media de concesiones de asilo en la UE: en 2020 solo aceptó una de cada 20 solicitudes
Según expone la organización en su informe, en los próximos años "es previsible un proceso paulatino de descentralización del sistema de acogida e integración basado en el liderazgo de las comunidades autónomas para la gestión de los procesos de inclusión". La competencia en materia de acogida, no obstante, se mantendría en el plano estatal. En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apostó este mismo jueves por "dar una vuelta" a la Ley de Asilo para evitar "el abuso del sistema" y tener un modelo "con tanta incertidumbre y una problemática tan compleja". El objetivo de su Ministerio, según aseguró durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, es conseguir una migración "ordenada, regulada y segura". "Siendo conscientes de que nuestra geografía es la que es y contra eso tenemos que prepararnos, hablar con los países de origen", ha dicho. Por eso pidió un "consenso nacional" para abordar el reto migratorio. "Los países de nuestro entorno lo están haciendo ya, están llegando a acuerdos nacionales por la migración. Hay que dejar fuera de discusión partidista un tema tan importante", dijo.
En cualquier caso, y hasta que ese momento llegue, CEAR muestra su preocupación por la posibilidad de que la pandemia de covid-19 dificulte aun más la situación de las personas migrantes y refugiadas. Por eso solicitan, de manera "urgente y esencial", que las restricciones de circulación sean acordes con el derecho internacional, que permanezcan las labores de rescate marítimo, que se garantice el acceso al procedimiento de protección internacional, que se respeten las medidas de seguridad en el CETI de Ceuta y Melilla y que se cierren definitivamente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que quedaron vacíos con la llegada del covid-19.
A nivel mundial, según el informe presentado este jueves por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), una de cada 97 personas en el mundo, o lo que es lo mismo, el 1% de la población mundial, se ha visto obligada a abandonar su hogar debido a los conflictos, la violencia o la persecución, una nueva cifra récord que sitúa el total de desplazados forzosos a nivel mundial en 79,5 millones de personas. Además, el dato de refugiados es el más alto registrado hasta la fecha y engloba, según la institución, tanto a los 5,6 millones de refugiados palestinos que llevan décadas en los países de la región, como a los 20,4 millones de refugiados bajo mandato de la agencia de la ONU y los 3,6 millones de venezolanos que estaban fuera de su país al término del año. A finales de 2010, en el mundo había unos 10 millones de refugiados. Además, las solicitudes de asilo en todo el mundo también han aumentado. En concreto, en 2019 hubo 2 millones de nuevas solicitudes, lo que constituye el 14% de la última década.
En el año 2012 comenzó el ascenso. Desde entonces ha sido imparable y en 2019 alcanzó sus cotas más altas. España se convirtió el pasado año en el tercer país europeo que más solicitudes de asilo recibió, desbancando a Grecia. Fueron 118.264, el 18% de las 721.090 que llegaron al viejo continente y un 118,7% más que las 55.749 de 2018. Por delante de nuestro país solo se encuentran Alemania (con 165.615 solicitudes) y Francia (con 128.940). Siete años antes, en 2012, hubo 2.588 peticiones, un 4.469% menos. Sin embargo, mientras las cifras de solicitudes aumentan, las de concesiones de protección internacional descienden. En 2019 nuestro país solo la concedió al 5,2% de los expedientes resueltos. En 2018 fue al 24%. Europa, de media, la concede al 31%.