Suecia, Gran Bretaña… y Cataluña: tres alternativas para hacer frente al problema de la vivienda
Suecia lleva un siglo de lucha por la vivienda a sus espaldas y en parte se debe al trabajo que ha desarrollado el sindicato de inquilinos. El primer sindicato se creó en 1910, y ahora el potente Hyresgästföreningen cuenta ya con 535.000 hogares afiliados, 870 empleados, y aglutina 1174 asociaciones de inquilinos locales distribuidas en 9 regiones. Pero no sólo ello. Desde hace 80 años los contratos de alquiler no tienen fecha de finalización, lo que impide que haya una espiral inflacionista.
Una realidad muy diferente es la que se vive en España. El esfuerzo para comprar una casa es hoy casi el doble de lo que costaba en 1993, según el último informe anual del Banco de España. Ello se explica porque los salarios no han subido tanto como el coste del precio de compra. El mismo informe explica que alrededor de un 40% de las familias destinan el 40% de su salario al alquiler cuando la media europea es del 20%. Las cifras son aún más duras para los jóvenes. 7 de cada 10 personas jóvenes con empleo seguían viviendo con sus padres según el Consejo de la Juventud, y eso repercute en su salud mental, como también ha denunciado reiteradamente el mismo organismo. Los datos alertando de la emergencia habitacional son una lluvia constante, que ha llevado a entidades por el derecho a la vivienda a convocar una manifestación este domingo en Madrid bajo el lema “Se acabó: bajemos los alquileres”. Entre las convocantes se encuentran el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Plataforma Afectadas por la Hipoteca (PAH) o Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), pero también organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Sindicatos de Estudiantes.
Para Eduardo González de Molina, investigador de vivienda en la University College of London, esta manifestación “abre una oportunidad para avanzar” en el derecho a la vivienda. Según el experto, en España “no ha habido una tradición progresista en vivienda” como la que ha habido en algunos países de Europa, pero puntualiza que “se está abriendo una ventana” y que “estamos generando” un pilar del estado del bienestar que se debía haber construido durante la transición como se hizo con la sanidad pública.
Tras la creación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en 2009 en España, algunas experiencias que hace tiempo que se desarrollan en Europa han empezado a crecer gracias al impulso de la sociedad civil, como son los sindicatos de inquilinos e inquilinas o las cooperativas de vivienda. Otras políticas europeas que dan mayor estabilidad y garantías a los inquilinos, como los contratos de alquiler indefinido o tribunales específicos de vivienda, parecen lejos de implantarse en el Estado pero sirven de faro para algunas de las entidades que han organizado la manifestación el próximo 13 de octubre.
Suecia, cuna del sindicalismo de inquilinos e inquilinas
Suecia consta de aproximadamente 2.850.000 hogares en alquiler, según cifras oficiales del organismo Estadísticas de Suecia (SBC) de 2023. Con 535.000 hogares afiliados al sindicato de inquilinos, ello significa que un 18,7% del total de personas en alquiler en toda Suecia están sindicados. Eduardo González de Molina explica que en Suecia, “las tácticas y las estrategias que se desarrollaron en el mundo del trabajo, se desarrollaron también de forma paralela en el mundo de la vivienda”. La socialdemocracia ha gobernado durante la mayor parte de los últimos cien años, y eso ha permitido también, según el investigador, que una primera etapa de conflicto condujera a la actual situación de institucionalización de los sindicatos de vivienda.
Desde 1970 la configuración del sistema de vivienda sueco se ha formado a través de la negociación colectiva y el diálogo social mediante unas mesas tripartitas como sucede en el mundo laboral: sindicatos de inquilinos, asociaciones de propietarios y gobierno. En España los sindicatos de vivienda aún no tienen el peso que tienen en Suecia para negociar leyes o reformas legislativas, pero el gobierno los ha incorporando en negociaciones como la del alquiler de temporada, para el que creó un grupo de trabajo junto a miembros de colegios de administradores, asociaciones de propietarios y sindicatos como CCOO o UGT. Marta Ill, investigadora colaboradora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), explica a infoLibre que los sindicatos suecos tienen mayores mecanismos de presión para reclamar sus reivindicaciones que en España. “Tienen el derecho a representar a los inquilinos frente a la parte propietaria” en una disputa individual o colectiva, pero también “el derecho a convocar una huelga”. Marta Ill apunta que una mejor definición de la figura jurídica de los sindicatos en la Ley de Arrendamientos Urbanos pero también un desarrollo reglamentario propio daría más cobertura a los inquilinos en el estado español. El investigador de la University College of London, Eduardo González de Molina, puntualiza que, a diferencia de lo que se puede pensar, una huelga de inquilinos “no es dejar de pagar el alquiler”. El alquiler se abona al sindicato como fórmula de presión hasta que se llega a un acuerdo con la propiedad, y tras el acuerdo se abonan las cuotas pendientes con el objetivo de no judicializar el conflicto.
Para Josep Ferrer, catedrático de Derecho Civil por la Universidad Pompeu Fabra y director de la comisión de Codificación de Cataluña, que los sindicatos de inquilinas tengan la potestad para llevar a cabo una negociación colectiva de inquilinos “tiene sentido en mercados donde hay grandes tenedores potentes que posean centenares de viviendas”. Es el caso de Barcelona o de la Comunidad autónoma de Madrid, con casi una cuarta parte de las viviendas en alquiler que propiedad un gran tenedor, según datos del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona y de Civio respectivamente.
Ceder suelo público a entidades sin fin de lucro, una vía para ampliar la vivienda asequible en Barcelona
Uno de los problemas para acceder a la vivienda asequible es el bajo porcentaje de parque público de vivienda. El parque público estatal está en el 2,5% según el Observatorio de Vivienda y Suelo, lejos de la media europea del 9,3%. El gobierno de Sánchez prometió en enero ampliar el parque en 184.000 viviendas durante su legislatura, pero la construcción y entrega de llaves es un proceso lento. En Cataluña tarda hoy unos 100 meses de media y el gobierno de Salvador Illa se ha comprometido esta semana a rebajar el tiempo de espera a la mitad. El objetivo es ampliar 50.000 viviendas públicas. Para agilizar este proceso el presidente prometió contar con la colaboración privada y crear una Reserva Pública de Solares para facilitar a ayuntamientos, administraciones y promotores privados hacer vivienda protegida de alquiler.
A otra escala, una vía que Barcelona lleva años explorando pero que ya está dando frutos es la relación público-comunitaria. En 2015 Barcelona facilitó el acceso para que entidades sin ánimo de lucro construyeran sobre solares públicos cedidos. La necesidad urgente de vivienda a precios asequibles llevó al ayuntamiento a inventar un convenio específico. El convenio ESAL de Barcelona es el primero en el estado de este tipo, y ha permitido desarrollar 1045 viviendas a precios asequibles fruto de la colaboración entre el ayuntamiento y cooperativas o fundaciones sin ánimo de lucro. En el artículo académico “Colaboración público-comunitaria: una nueva solución para generar vivienda asequible”, Javier Burón, exgerente del Ayuntamiento de Barcelona, y Eduardo González de Molina explican que este convenio permite abrir una vía complementaria a la colaboración con els sector privado para aumentar el parque de vivienda asequible. Burón y González afirman que generar vivienda a precios asequibles “no es rentable para el sector privado por sí solo”, mientras que “el sector público tiene limitaciones presupuestarias para cubrir toda la demanda presente y futura”. Esta colaboración entre el sector público y entidades sin ánimo de lucro es una tercera vía que ha empezado a ayudar a ampliar el parque de vivienda.
Una de las cooperativas que se ha consolidado en este nicho de sector en Barcelona es Sostre Cívic. Según datos de la entidad, la vivienda cooperativa representa un 8% del parque total de viviendas en Dinamarca y Suiza, un 10% en Alemania. José Téllez, portavoz de la cooperativa, afirma que “están haciendo una alternativa para acceder a la vivienda fuera del mercado especulativo” y en el que las personas que crean la vivienda “son las protagonistas de la gestión”. La cooperativa es una incubadora de proyectos y acompaña a distintos grupos durante la construcción del edificio en la parte arquitectónica, en la relación con la administración y en la solución de las necesidades particulares de cada grupo. El año pasado recibieron el premio de plata de la World Habitat Awards asociada a ONU-Habitat por los valores de transformación social y el impacto multinivel de sus proyectos.
Uno de los problemas que Burón y Eduardo González de Molina exponen en el artículo es que el precio del suelo supone el 50% del coste de una construcción en zonas urbanas altamente demandadas como en Barcelona. Con la cesión de suelo público, las entidades promotoras se evitan este coste, que es uno de los frenos importantes. Por otro lado, según el convenio ESAL, la cesión del suelo es por 99 años y al finalizar el contrato, el edificio construido pasaría a formar parte del parque público de vivienda del ayuntamiento. Según José Téllez, responsable de comunicación de Sostre Cívic, este convenio ha permitido que ahora un 60% de las viviendas que construye la cooperativa en toda Cataluña sean sobre suelo público.
El proyecto de ley del Reino Unido: contratos de alquiler vitalicio y tribunales específicos de vivienda
Un estudio prueba que los controles del alquiler en Cataluña bajaron precios y no se redujo la oferta
Ver más
El actual sistema de contratos de alquiler “nos está llevando a una situación desesperante”, afirma Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La portavoz enumera un listado de reivindicaciones para mejorar el acceso a una vivienda digna: regular los alquileres de temporada, ampliar el parque público de alquiler, más inspecciones y sanciones ante infracciones, ampliar el parque de vivienda cooperativa o copiar los sistemas de Canadá o Ámsterdam, que han prohibido comprar vivienda con la finalidad de invertir. Y continúa, “es muy importante que haya contratos más estables”.
El parlamento del Reino Unido debatió por primera vez el miércoles pasado el proyecto de ley de la viceprimera ministra de vivienda Angela Rayner para reformar los derechos de los inquilinos, una ley que prevé convertir los contratos de alquiler en indefinidos. Algo que ya sucede en Suecia, Alemania, Austria o Países Bajos. Para la experta en vivienda del instituto IDRA, Marta Ill, “si los contratos son indefinidos, la oferta no se puede desviar tan fácilmente hacia el mercado de alquiler de temporada, de habitaciones o de pisos turísticos”. Y la investigadora añade que es la fuente principal de estabilidad a la que pueden aspirar los inquilinos e inquilinas. La investigadora apunta que reducir la duración de los contratos de alquiler fue el resultado de políticas aplicadas durante los años ochenta en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa o Buenos Aires que “no han significado una mejora de las condiciones de vida de los inquilinos”. Lo afirma tras presentar este pasado miércoles el informe que ha trabajado en IDRA, “De propietarios a inquilinos, la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda”. Un trabajo hecho con la colaboración de universidades de esas cuatro ciudades en la que se observa cómo cada vez hay más familias en Madrid y Barcelona que creen que no lograrán comprarse un piso y que han dejado de percibir el alquiler como una fase transitoria hasta lograr comprarlo.
La propuesta de ley de la Ministra británica también prevé crear un tribunal específico de vivienda al que los inquilinos podrán acudir en caso de que consideren que se han vulnerado sus derechos. Algo que ya pasa en Suecia también. El país nórdico tiene jueces especializados en vivienda, algo que si se implantara en España, permitiría “agilizar los trámites”, según el investigador de la Universidad de Londres, Eduardo González de Molina. Por contra, para el catedrático de la UPF, Josep Ferrer, el problema está “en el colapso de la justicia en general”, pero apunta que eso también beneficia al inquilino porque los desahucios entonces se alargan.
