Los tribunales que no tengan clara la constitucionalidad de la ley de amnistía cuando deban de aplicarla tienen dos opciones: llevar la norma al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al tener que analizar la extinción de la responsabilidad penal de los líderes del procés, el Tribunal Supremo ha optado por la primera. La cuestión de inconstitucionalidad anunciada por el alto tribunal tardará meses en resolverse, pero, además, tendrá efectos en el actual clima de crispación azuzado por el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo, que acaba de introducir en el Constitucional al magistrado conservador José María Macías, radical opositor al Gobierno de Sánchez, ha puesto en marcha una ofensiva frontal para deslegitimar al máximo intérprete de la Constitución como un órgano copado por el Ejecutivo. Gracias a la resolución del Supremo, el principal partido de la oposición podrá cuestionar una eventual sentencia que avale la constitucionalidad de la ley con el argumento de que fue adoptada por un órgano constitucional entregado al PSOE.
La Sala de lo Penal del Supremo decidió el pasado lunes que la amnistía no era de aplicación a los dirigentes independentistas procesados y condenados por malversación al considerar que actuaron con "ánimo de lucro". Al mismo tiempo, anunció el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el otro delito apreciado, el de desobediencia, al mantener que su amnistía podría vulnerar el principio de legalidad, el de igualdad y, en su caso, el deber exclusivo de los juzgados y tribunales de juzgar y ejecutar lo juzgado consagrado por la Constitución. La resolución contó con el voto particular de la magistrada progresista Ana Ferrer, que acusó a su compañeros de "actuar fuera de la lógica" al "impedir la vigencia de la norma". También afirmó que si la malversación pudiera haber comprometido fondos europeos, la vía que tendría que haber empleado el Supremo es la cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo.
La actual composición del Constitucional, que con la entrada de Macías estará conformada por siete magistrados progresistas y cinco conservadores, ha servido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para poner en duda la imparcialidad del tribunal. Todo ello pese a que, hasta el año pasado, los conservadores eran mayoría. En las últimas renovaciones, además, el PP ha introducido en el órgano figuras muy próximas a la formación, como el magistrado Enrique Arnaldo, próximo al expresidente madrileño encarcelado por corrupción Ignacio González, muy prolijo en artículos contrarios a iniciativas del PSOE y habitual colaborador de FAES, la fundación de ese partido. También Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad con el PP. Su último nombramiento, aún por confirmar, fue el de José María Macías, el exconsejero del Poder Judicial más cercano a sus postulados. Pese a ello, el principal partido de la oposición se ha lanzado en tromba a socavar la legitimidad del tribunal mientras pide respeto a la independencia del Supremo, mucho más escorado a la derecha gracias a su bloqueo del CGPJ durante cinco años.
Desacreditar al tribunal
Lo que decida el Constitucional sobre la amnistía es, por ahora, una incógnita. Pero su tendencia progresista dominante desde 2023 y la dificultad de conseguir apartar a los magistrados propuestos en su día por el PSOE, hace prever al partido del Feijóo una oleada de sentencias que avalen la constitucionalidad de la ley no solo en la cuestión planteada por el Supremo, también en los más que previsibles recursos de amparo que presenten Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas condenados y encausados a los que no se ha aplicado el perdón y en el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP. Su ofensiva contra el alto tribunal –que no se dio cuando lo dominaban los conservadores gracias a las mayorías que sustentaron los Gobiernos de Rajoy– le permitirá cuestionar la imparcialidad de sus resoluciones en caso de que la norma se declare constitucional.
También incrementar la presión durante la tramitación de todos los casos que vayan llegando al alto intérprete de la Constitución. Fuentes jurídicas prevén que las primeras decisiones que deba tomar tendrán que ver con los recursos que presenten los dirigentes independentistas en los que, previsiblemente, se solicitará como medida cautelar que se deje sin efecto la decisión del Supremo de no otorgarles la amnistía y se obligue a sus magistrados a aplicarles la ley hasta que se dicte sentencia. En el Constitucional se espera que los primeros escritos de este tipo lleguen a lo largo del verano. La tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo y de las impugnaciones que pueda presentar el PP se alargará durante muchos meses, lo que permitirá a este partido seguir cuestionando las instituciones y tensionar al máximo el clima político.
Llevar la amnistía al TJUE en lugar de al Constitucional habría ahorrado todo ese proceso. En primer lugar, porque las resoluciones del tribunal de Luxemburgo son también vinculantes para el español. Presentar una cuestión prejudicial en Europa, por tanto, habría permitido zanjar mucho antes un pronunciamiento sobre la legitimidad de la norma. Cuestionarla en España, además, parece contrario a la ofensiva del PP contra ese organismo del que objeta su imparcialidad. Varios juristas de cabecera del partido –todos ellos exmagistrados del TC– aseguraron en diciembre a El País que desconfiaban abiertamente de lo que pudiera decidir ese tribunal mientras mantenían su esperanza de que el caso prosperara en de la UE.
Garantías de independencia
La política de sojuzgar la legitimidad de los magistrados del Constitucional que airea desde hace meses el PP contrasta, además, con su silencio sobre la composición del TJUE. El tribunal de Luxemburgo está formado por 27 jueces procedentes de cada uno de los Estados europeos. Todos ellos son nombrados de común acuerdo por los gobiernos previa consulta a un comité que avala su competencia para convertirse en magistrados y tienen un mandato de seis años. Se eligen entre juristas con "las más absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus países respectivos". Hasta el momento, el partido de Feijóo no ha planteado dudas sobre su imparcialidad. La pregunta es si lo haría en caso de que acordara un pronunciamiento favorable a la amnistía.
En el Gobierno y el PSOE creen que ese, precisamente, sería el escenario si la ley llegara a Luxemburgo. El Ejecutivo confía en el dictamen de la Comisión de Venecia (un organismo que no pertenece a la UE, sino al Consejo de Europa), que se encarga de evaluar los estándares democráticos y la conformidad con los derechos humanos de las políticas adoptadas por sus miembros. El PP recurrió a ella para intentar lograr un pronunciamiento contrario a la ley, pero en su dictámen, publicado el 15 de marzo, la Comisión concluyó que no vulneraba la separación de poderes ni obligaba a reformar la Constitución, como sostenía ese partido. El informe recordaba, además, que 19 de los 27 Estados de la UE admitían este tipo de medidas de gracia, como también sostiene la Fiscalía.
Los tribunales que no tengan clara la constitucionalidad de la ley de amnistía cuando deban de aplicarla tienen dos opciones: llevar la norma al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al tener que analizar la extinción de la responsabilidad penal de los líderes del procés, el Tribunal Supremo ha optado por la primera. La cuestión de inconstitucionalidad anunciada por el alto tribunal tardará meses en resolverse, pero, además, tendrá efectos en el actual clima de crispación azuzado por el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo, que acaba de introducir en el Constitucional al magistrado conservador José María Macías, radical opositor al Gobierno de Sánchez, ha puesto en marcha una ofensiva frontal para deslegitimar al máximo intérprete de la Constitución como un órgano copado por el Ejecutivo. Gracias a la resolución del Supremo, el principal partido de la oposición podrá cuestionar una eventual sentencia que avale la constitucionalidad de la ley con el argumento de que fue adoptada por un órgano constitucional entregado al PSOE.