El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE. Tras conocerse la noticia, el jefe del Ministerio Público ha anunciado que continuará en el cargo ya que es "lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y que convocará este jueves a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos".
El Supremo también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota de prensa. Aunque ella no es aforada, sus comportamientos guardan una conexión que impide investigarlos por separado.
El empresario González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, en concreto sobre la oferta que hizo a la Fiscalía en la que se declaraba culpable de dos delitos fiscales. Tras asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo y ahora, en contra del criterio de la número 2 del Ministerio Público, acuerda la apertura de una investigación penal contra el fiscal general, según el auto de la Sala de lo Penal, hecho público este miércoles.
En su auto, la Sala recoge que, de la exposición razonada enviada por el TSJM, así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid por la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial, el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación a la pareja de Díaz Ayuso.
Se trata de determinar si, desde su condición de autoridad o funcionario público, revelaron secretos o informaciones de carácter reservado que conocieron en el ejercicio de su cargo.
Correos revelados antes de la nota de prensa
La Sala ha analizado la nota informativa para determinar si se incurrió en la conducta de "revelar”, esto es, "poner en conocimiento de un tercero, ya sea en forma oral, escrita o de cualquier otro modo -también permitiendo el acceso ajeno al soporte que contiene la información- algo que el tercero no conocía previamente y que no estaba legitimado para conocer". Respecto al contenido de la "nota controvertida", los magistrados observan que, "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos".
Sin embargo, de la instrucción del TSJ y en concreto de la declaración del fiscal de Delitos Económicos, que llevaba el asunto, Julián Salto, "se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial (…)”.
La Sala expone que las informaciones contenidas en esa nota ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios de comunicación los días 12 y 13 de marzo. En concreto, de la existencia de un correo electrónico del abogado del investigado, de fecha 2 de marzo de 2024, dirigido a la Fiscalía provincial de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota e intereses de demora.
Sobre esos datos que difundió la Fiscalía, el 11 de junio de 2024, García Ortiz asumió su responsabilidad a través de un escrito al TSJM en el que aseguraba que la publicación de es nota no se hubiera producido sin su autorización y sin sus instrucciones expresas y directas.
Ahora, el Supremo considera que procede investigar "cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa".
Posible perjuicio al derecho de defensa del novio de Ayuso
En cuanto al posible perjuicio causado, la Sala considera que, en este momento inicial resulta difícil de fijar, pero "al menos indiciariamente", puede afectar al derecho de defensa del novio de Ayuso, porque su confesión "se trataba de una propuesta reservada". En consecuencia, el tribunal considera que "deben incoarse las oportunas diligencias de investigación, con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación indiciaria de los querellados en los mismos".
La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela, y ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.
Hurtado es conocido por su voto discrepante con la sentencia del caso Gürtel donde defendió que el PP no era conocedor de la trama y debía por tanto ser absuelto como partícipe a título lucrativo de los beneficios de la red que lideraba Francisco Correa.
El Gobierno defiende la "profesionalidad y honorabilidad" de García Ortiz
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles "la profesionalidad y la honorabilidad" del fiscal general del Estado. En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha afirmado que García Ortiz "solo y exclusivamente" defendió a la Fiscalía de una "mentira" lanzada por Ayuso, que dijo que a su pareja le había ofrecido un pacto la fiscalía en el marco del procedimiento abierto por presunto fraude fiscal.
"Yo defiendo no solo la profesionalidad, la honorabilidad de García Ortiz, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España", ha manifestado.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado la actuación del fiscal general del Estado en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha considerado que el asunto "quedará en nada" porque "contar la verdad y desmentir un bulo" no puede ser delito.
Bolaños, que ha comparecido en el Congreso tras conocerse la apertura de esta causa penal, ha garantizado el apoyo del Ejecutivo a García Ortiz: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad". El titular de Justicia ha garantizado su "total respeto" al Supremo y, al mismo tiempo, su "total respaldo" a la labor del fiscal general en este caso y en su actuación persiguiendo el delito.
A su juicio, en este asunto es importante "hacer pedagogía" y explicar el inicio del caso, que comienza en el momento en que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que ha cometido dos delitos fiscales y plantea a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión, ha explicado. Cuando desde el entorno de Díaz Ayuso se traslada una información "falsa", señalando que era la Fiscalía la que le estaba ofreciendo un acuerdo, el Ministerio Público emite un comunicado para desmentir esa información y contar la "verdad objetiva", ha continuado Bolaños.
La pareja de Ayuso pide al Supremo imputar al fiscal general por revelación de secretos
"La Fiscalía cumplió con su deber: perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito", ha manifestado. El ministro, quien ha asegurado que se ha leído el auto del Supremo con detenimiento, ha mostrado su confianza en la Justicia y en que "nadie, por decir la verdad y desmentir un bulo, pueda tener problemas".
Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez: "El fiscal general del Estado, también va pa’lante"
Pocos minutos después de conocerse la noticia, desde el PP ya han pedido la dimisión de García Ortiz. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión ya, en la mañana de este miércoles. "No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país", ha afirmado la número dos.
Por su parte, Ayuso y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, han escritos sendas publicaciones en sus cuentas de X en las que dicen que "el fiscal general del Estado, también va pa’lante".
El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE. Tras conocerse la noticia, el jefe del Ministerio Público ha anunciado que continuará en el cargo ya que es "lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y que convocará este jueves a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos".