El Tribunal Supremo (TS) ha acordado rechazar la medida cautelar en la que se solicitaba suspender a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una decisión que facilita las negociaciones entre los bloques conservador y progresista del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional (TC), según ha informado Europa Press.
Según ha informado el alto tribunal, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha denegado las medidas cautelares planteadas por el vocal Wenceslao Olea y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, en sus respectivos recursos contra la entronización de Mozo.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ya rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas inicialmente por Olea y De Benito al considerar que no había urgencia en decidir sobre la eventual suspensión provisional de Mozo porque no está provocando "daños irreparables" en ninguno de los dos recurrentes.
Poco antes, la misma Sección ha rechazado también la abstención planteada por José Manuel Bandrés después de que el secretario del CGPJ apuntara a un posible conflicto de intereses de este magistrado del TS por ser el candidato de los vocales progresistas al TC, con lo que ha participado en esta segunda deliberación.
El Supremo aún tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo de los recursos presentados por Olea y De Benito contra el acuerdo adoptado el pasado 13 de octubre por el Pleno del CGPJ, con el que 16 de los 18 vocales ascendieron a Mozo como "presidente suplente" del Consejo por ser el vocal de mayor edad.
Esta decisión provocó una bicefalia en el Poder Judicial, ya que mientras Mozo ejerce de presidente interino del CGPJ el magistrado Francisco Marín Castán hace lo propio en el TS, dos cargos que en circunstancias normales ejerce la misma persona.
El conflicto sucesorio se desató el 9 de octubre, cuando Carlos Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del Supremo un informe en el que se avisaba de que Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada su renuncia, al ser él quien ejerce la Vicepresidencia del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el CGPJ eligió a su propio presidente al considerar que Marín Castán carece de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del TS de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
El acuerdo del CGPJ impugnado
El ascenso de Mozo solo contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con esta presidencia suplente.
En su voto particular, Olea ya explicaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS era ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo debe desempeñar también la del Consejo.
"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Además, Olea advirtió de que con la designación de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adopte el Consejo con esta presidencia. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que este es uno de los factores que está pesando en las negociaciones para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que compete nombrar al CGPJ.
Con la vista en el Constitucional
Y ello porque, si el Supremo hubiera optado por suspender cautelarmente la presidencia interina, esto habría supuesto cuestionar la legitimidad del Pleno en el que se lleven a cabo los nombramientos al TC y, por ende, la validez de los mismos, ya que ese cónclave estaría encabezado por Mozo.
Despejado este primer obstáculo, puesto que el TS todavía no ha resuelto sobre el fondo de los recursos —algo que podría tardar meses—, se allana el camino para que los negociadores progresistas y conservadores del CGPJ avancen en sus contactos sobre el TC.
Los representantes de ambos sectores se citaron la semana pasada para este miércoles a las 13.00 horas a fin de continuar con las negociaciones, aunque las fuentes del órgano de gobierno de los jueces preguntadas por Europa Press ven difícil que en esta nueva reunión haya acuerdo.
En la misma línea apuntan que, si bien la cuestión de los nombramientos al TC figura en el orden del día del Pleno ordinario del 24 de noviembre, también es improbable que haya fumata blanca.
El Tribunal Supremo no cree urgente resolver la suspensión de Mozo porque no ve "daños irreparables"
No obstante, las citadas fuentes aseguran que la expectativa del CGPJ es nominar a sus dos candidatos a la corte de garantías a lo largo de diciembre y, en todo caso, antes de Navidad.
Hasta ahora, el bloque progresista había lanzado una primera lista con nueve candidatos que redujo a uno: Bandrés. Los vocales conservadores manejan otros seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de lo Contencioso-Administrativo.
Las referidas fuentes revelan que los mejor posicionados hasta ahora son Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, y Tolosa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado rechazar la medida cautelar en la que se solicitaba suspender a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una decisión que facilita las negociaciones entre los bloques conservador y progresista del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional (TC), según ha informado Europa Press.