El Tribunal Constitucional ha comunicado al Congreso una nueva sentencia contra la Mesa de la Cámara que preside Ana Pastor por haber aceptado sin el debido contraste un veto del Gobierno de Mariano Rajoy a una proposición de ley presentada por la oposición.
Se trata de una proposición de ley que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró el septiembre de 2017 para modificar la normativa laboral con el fin de restringir el "descuelgue" de los convenios colectivos en las empresas, recuperando la prevalencia del acuerdo sectorial frente al suscrito en una compañía.
En concreto, el grupo confederal proponía que una empresa únicamente pueda "descolgarse" de los convenios sectoriales en aspectos salariales y no en ningún otro tipo de derecho, y que incluso en estos existan restricciones para evitar un empeoramiento de las condiciones laborales por causas insuficientemente justificadas.
La iniciativa de Unidos Podemos fue vetada por el Gobierno del PP acogiéndose a la previsión constitucional que exige la conformidad del Ejecutivo para tramitar proposiciones legislativas. En concreto, alegaba que la aplicación de esa reforma implicaría una alteración de las previsiones presupuestarias por un aumento del gasto público.
Sobrecoste de 1.500 millones
Así, el Gobierno de Rajoy pronosticaba que la ley de Unidos Podemos provocaría un aumento de 100.000 preceptores de la prestación por desempleo lo que ocasionaría un gasto adicional de 1.500 millones para el Estado.
El veto fue aceptado en octubre de 2017 por la Mesa del Congreso, con la mayoría de la que disponen PP y Ciudadanos, y la iniciativa quedó paralizada. Unidos Podemos recurrió ante el órgano de gobierno de la Cámara, que ratificó su posición un mes después.
Al final el grupo confederal llevó el caso al Tribunal Constitucional, que acaba de darle la razón con una sentencia de su Sala Segunda de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González Trevijano.
En la sentencia, recogida por Europa Press, se asegura que el escrito de disconformidad del Gobierno hace una "aplicación extensiva" de la capacidad de veto que le otorga la Constitución pues sus cálculos de desviación presupuestaria "van más allá" del presupuesto anual en curso.
A su juicio, el veto "carece de una fundamentación objetiva" e "incumple con los requisitos de motivación exigidos para justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios". "No ofrece ningún dato objetivo que permita conocer cómo obtiene la cifra de 100.000 nuevos perceptores de prestaciones por desempleo y el importe de 1.500 millones de euros más de gasto en esas prestaciones", apunta.
La disolución impedirá que se tramite
Las resoluciones del Tribunal Constitucional de las que no presume el PP
Y, en ese contexto, cree que la Mesa del Congreso vulnera los derechos del grupo parlamentario al hacer suyo el veto del Gobierno y rechazar el recurso de reconsideración "sin ofrecer respuesta a los concretos argumentos dados" por Unidos Podemos.
La iniciativa vuelve ahora a la fase inicial y la Mesa del Congreso deberá volver a discutir su admisión a trámite, sabiendo además que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ya se descolgó de los vetos presentados por el del PP. En todo caso, y dado que la Cámara se disolverá el próximo día 5 de marzo por la convocatoria anticipada de las Cortes, la reforma de Unidos Podemos no podrá completar su tramitación.
Los vetos del Gobierno de Mariano Rajoy han provocado ya media docena de sentencias en contra de la Mesa del Congreso por motivos similares, ya que el TC entiende que el órgano de gobierno de la Cámara tiene margen de maniobra para interpretar si los escritos de disconformidad están o no debidamente fundamentados.
El Tribunal Constitucional ha comunicado al Congreso una nueva sentencia contra la Mesa de la Cámara que preside Ana Pastor por haber aceptado sin el debido contraste un veto del Gobierno de Mariano Rajoy a una proposición de ley presentada por la oposición.