España se sitúa a la cabeza de la UE en expedientes de infracción abiertos
El Gobierno central siempre confió en poder esquivar el varapalo de Bruselas. "Antes de que se abra un posible procedimiento sancionador habremos iniciado la tramitación", aseguraban. Pero erró en sus previsiones. Y, al final, la Comisión Europea ha terminado incoando un expediente contra España por no incorporar a tiempo a su ordenamiento jurídico la normativa comunitaria para proteger a los alertadores de corrupción. Es solo un tirón de orejas más. Una pequeña gota en todo un océano de más de un centenar de asuntos pendientes que las autoridades nacionales tienen con las instituciones europeas. Porque España encabeza, en la actualidad y junto a Grecia, el listado de procedimientos sancionadores activos en Bruselas, la mayoría por cuestiones medioambientales o fiscales. Muy por delante de países como Alemania o Francia. Y bastante por encima de la media de los Veintisiete.
El Ejecutivo de coalición tenía hasta mediados de diciembre para transponer la directiva europea de finales de 2019 que daba cobertura normativa a aquellos que se lo juegan todo destapando prácticas corruptas. A pesar de tener buena parte del trabajo hecho, no llegó a tiempo. Y ahora Bruselas ha abierto la vía disciplinaria. "El procedimiento está en fase precontenciosa y afecta no solo a España, sino a dos docenas de países de la UE que no han llegado a tiempo a materializar la transposición de esa directiva", explican fuentes del Ministerio de Justicia, que achacan el retraso al "cambio de equipo" en la cartera. Ahora, el Ejecutivo tiene dos meses para explicar a la Comisión cómo están los trámites. "El objetivo es llevar el texto en primera vuelta al Consejo de Ministros en breve y evitar que el expediente prospere", apuntan esas mismas fuentes.
No es la primera vez que el Estado español se ve en esta tesitura. Es más, conoce bien el procedimiento. Al fin y al cabo, está, junto con Grecia, a la cabeza de expedientes de infracción abiertos ante las instituciones europeas por no ajustarse a la normativa comunitaria. Actualmente, además del relativo a la protección de los alertadores de corrupción, tiene activos otros 106 procedimientos, según consta en la base de datos de la propia Comisión Europea. De ellos, un tercio se encuentran en la fase de dictamen motivado, en referencia a la petición formal que hace Bruselas para que un Estado dé cumplimiento a la legislación antes de poner el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Un 5,2% de los 2.023 expedientes abiertos en el momento de la elaboración de este reportaje eran españoles. Una cifra muy por encima de la que registran buena parte de los Veintisiete. Además de España y Grecia, únicamente Italia, Bélgica, Polonia y Bulgaria se sitúan en el entorno del centenar: 103, 99, 98 y 98, respectivamente. Solo entre los seis acumulan más de uno de cada cuatro procedimientos de los que se encuentran en estos momentos en marcha.
El resto de Estados, sin embargo, están bastante alejados de estas cifras. Sobre todo, entre las principales potencias comunitarias. Francia, por ejemplo, tiene activos 77. Portugal, 81. Y Alemania se queda en los 68. Los más cumplidores, por contra, los países nórdicos y los bálticos: 31 procedimientos abiertos de Dinamarca, 49 de Estonia, 50 de Finlandia y 57 para Lituania.
"Un retraso en la transposición" de directivas
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores quieren dejar claro que España es "un país plenamente comprometido" con la Unión Europea y con la "aplicación" del derecho comunitario. No obstante, reconocen que "hubo un tiempo", especialmente durante "los dos años y medio" en los que las Cámaras "estuvieron disueltas", en que se produjo "un retraso en la transposición de directivas". "Desde entonces, pese a la pandemia, se ha trabajado intensamente, junto al Ministerio de la Presidencia, para "buscar soluciones y ejecutarlas a la mayor brevedad posible", sostienen fuentes de la cartera dirigida por José Manuel Albares.
Dicha "decisión", continúan esas mismas fuentes, quedó plasmada en el Informe sobre la mejora del proceso de incorporación del derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno, un texto en el que se planteaban una serie de medidas para hacer frente a los problemas existentes en esta materia.
Primero, planteaba la aprobación de una "estrategia plurianual" que permitiese "una identificación a medio plazo de los intereses estratégicos españoles eventualmente afectados por el futuro desarrollo de las políticas de la unión". Segundo, la aprobación de un acuerdo para "regular los estudios de impacto de las propuestas de actos legislativos" a fin de "anticipar en fase ascendente los eventuales problemas" de transposición, aplicación e incorporación de la norma europea al ordenamiento interno.
Y, por último, proponía un "conjunto de medidas" orientadas a "prevenir" supuestos de "transposición incorrecta" y a realizar "un seguimiento periódico de los procedimientos de infracción por incorrecta incorporación". "Todas las medidas propuestas en el informe están en marcha con el objetivo de poder asegurar, a la brevedad posible, la más rápida y eficaz incorporación del derecho comunitario al ordenamiento nacional", sentencian desde Exteriores.
Cuestiones que colean desde hace dos décadas
No todos los asuntos pendientes son atribuibles al actual Ejecutivo de coalición. Una parte importante están enquistados desde hace años. De hecho, casi un tercio se abrieron antes de 2018, cuando la moción de censura sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa y situó a Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
Hay cuestiones que, incluso, colean desde hace casi dos décadas. Es el caso de las aguas residuales. Primero llegó un toque de atención a finales de 2003. Luego, una sentencia del TJUE que dictaminaba que las autoridades españolas infringían la legislación comunitaria al no tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas en más de una quincena de aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. Y, por último, un segundo fallo del mismo tribunal en el que se condenaba al país a abonar una multa de 12 millones y otros 11 millones por cada seis meses en los que se siguieran detectando deficiencias en determinadas poblaciones. Un castigo que el Ejecutivo asume que tendrá que seguir afrontando, al menos, hasta 2025.
A la espera de resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentran también los incumplimientos de la legislación comunitaria sobre la calidad del aire ambiente. El caso se remonta a 2015, cuando Bruselas envió a España el primer emplazamiento para que Madrid y Barcelona se ajustasen a los niveles máximos de dióxido de nitrógeno que se fijaron en una directiva de 2008. Ante el "incumplimiento reiterado" de estos límites, la Comisión Europea elaboró un dictamen motivado. Era la última oportunidad antes de acudir ante la autoridad judicial comunitaria. Un paso que finalmente se dio hace algo más de dos años. "En España son atribuibles al NO2 casi 9 000 muertes prematuras anuales", se encargó de recordar el Ejecutivo comunitario. Un asunto que se ha abordado esta misma semana en el TJUE.
Del Delta de Llobregat a Doñana
Buena parte de los expedientes de infracción en curso que afectan al Estado son, justamente, por cuestiones medioambientales. En concreto, casi uno de cada cuatro –26 procedimientos, el 24,5% del total–. Es el país con peores cifras en este sentido, por delante de Estados como Grecia, el segundo país con peores datos en este sentido, por detrás de otros como Polonia y Grecia, con 25 cada uno.
Entre los asuntos pendientes, el expediente que se incoó por no haber adoptado las medidas suficientes para frenar el deterioro del Delta de Llobregat, golpeado por "grandes proyectos de infraestructuras". O el que se abrió contra España, Francia y Suecia exigiendo la implementación de las medidas requeridas a nivel europeo para "evitar las capturas accesorias insostenibles de especies de delfines y marsopas por parte de los buques pesqueros".
Algunos de estos procedimientos en materia medioambiental han terminado con importantes varapalos judiciales. Como el que llegó el 21 de junio de 2021 desde Luxemburgo. Aquel día, el TJUE dictaminó que el Estado español incumplió, en relación con Doñana, las obligaciones que le incumbían en virtud de la directiva marco sobre el agua al no haber tenido en cuenta "las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca".
Bruselas, no obstante, sigue pendiente de la zona. Tanto, que ya ha amenazado con llevar a España de nuevo ante la justicia europea, esta vez con una sanción sobre la mesa, si se amplían los regadíos en la zona de la reserva. Una advertencia que no parece haber asustado a la Junta. La pasada semana, el Parlamento andaluz dio luz verde, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, a la proposición de Ley que abre la puerta a calificar más suelos del entorno del espacio natural de Doñana como regables.
Fiscalidad o transporte
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En materia fiscal, constan abiertos ante las instituciones europeas 14 procedimientos, entre ellos el que puso en marcha la Comisión Europea el pasado mes de diciembre para que se adapte "a la libre circulación de capitales" las normas "en materia de imposición de las ganancias patrimoniales obtenidas en el país por contribuyentes no residentes". Y once más tienen que ver con la estabilidad financiera, destacando los dictámenes motivados que el Ejecutivo comunitario envió a España para que transponga plenamente la directiva relativa a las empresas de servicios de inversión o sobre requisitos de capital.
Una docena son los que están en curso en relación con la movilidad y el transporte. En diciembre, por ejemplo, Bruselas dio un ultimátum a España para que traslade correctamente a la legislación nacional la directiva que se establece un espacio ferroviario único, una norma que es de aplicación desde hace un lustro en todo el Viejo Continente. Y hace justo un año le envió un dictamen motivado por no tomar las medidas necesarias para cumplir las normas de la UE sobre el nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas.
El resto de los expedientes tienen que ver con mercado interior (10), justicia (8), empleo (7), interior y energía –seis cada uno–, redes de comunicación (2), agricultura, competencia, asuntos marítimos o servicios jurídicos –uno cada uno–.
