La testigo que desmintió la versión oficial sobre Aznalcóllar se ratifica y la Junta intenta desacreditarla

Pilar Trujillano, la analista de inversiones cuyo testimonio ante la Policía desmintió de forma categórica la versión oficial del Gobierno andaluz sobre el concurso de la mina de Aznalcóllar, como adelantó infoLibre, se ha ratificado este martes ante la jueza del caso en su afirmación sustancial: que ni examinó los documentos financieros aportados por Grupo México, el holding azteca que, según la Junta, “aportó la solvencia” requerida a la compañía cordobesa que finalmente ganó la licitación, Minorbis, ni elevó a la mesa de contratación ningún dictamen o parecer sobre sus garantías económicas.

Fuentes conocedoras de su declaración remarcan no obstante que Trujillano no fue lo que comúnmente se entiende por un buen testigo: se mostró vaga en sus recuerdos, hasta el punto de que la jueza la apercibió de manera especial sobre su obligación de decir la verdad.

En la causa se investiga si, tal como ha denunciado una empresa que aspiraba igualmente a explotar la mina de Aznalcóllar, Emerita Resources, el concurso fue amañado a favor de Minorbis. La Policía suscribe esa acusación. La Junta, por el contrario, sostiene que la licitación se gestionó de manera impecable.

Trujillano, que no pertenecía ni a la comisión técnica ni a la mesa del concurso, ha declarado ante la jueza Patricia Fernández durante algo menos de una hora. Y lo ha hecho cuando la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla ya tenía en sus manos un documento enviado por la Junta con el objetivo de desacreditar el testimonio de la analista de inversiones, que es empleada de la empresa pública Invercaria, y revalidar la versión oficial.

Solvencia "garantizada"

Ese documento del Gobierno autonómico de la socialista Susana Díaz incluye una declaración ad hoc firmada por los seis funcionarios que formaban parte de la mesa del concurso –todos sus miembros menos la directora general de Minas, María José Asensio– y según la cual Trujillano informó en la sesión constituyente de que “la solvencia de Grupo México está garantizada”.

A última hora del martes, infoLibre preguntó al Gobierno andaluz por qué resulta necesario entregar a la jueza una declaración especialmente redactada ahora y firmada por los miembros de la mesa si el acta de aquella sesión ya debe de contener datos como los siguientes: quiénes acudieron a la cita, cuál fue el orden del día y qué decisiones relevantes fueron adoptadas.

Por el momento, no ha habido respuesta pero sí confirmación de que “hay actas de ambas reuniones”. Es decir, de la constituyente y de una segunda sesión –esta de la comisión técnica que asesoraba a la mesa del concurso– en la que igualmente participó Trujillano.

El documento enviado por la Junta a la jueza incorpora también varios correos electrónicos algunos de cuyos remitentes y/o destinatarios aparecen tachados parcial o totalmente, mientras que otros se muestran completos con sus respectivos nombres y direcciones electrónicas.

Según esos correos, el consejero delegado de Invercaria comunicó a la directora general de Minas la decisión de designar a Trujillano para la sesión constituyente de la mesa del concurso el viernes 25 de abril de 2014 a las tres y cinco de la tarde. La sesión constituyente de la mesa comenzó el lunes 28 de abril a las 10 de la mañana.

Ya el 24 de abril, indican esos correos, la directora general de Minas, María José Asensio, tenía prevista “la inclusión en la comisión técnica [del concurso de Aznalcóllar] de una persona empleada pública con experiencia en valoraciones económicas y financieras”.

El atestado policial entregado hace una semana a la jueza Fernández, que basándose en las actas oficiales traza un resumen de la tramitación del concurso, señala en cambio que la decisión de “nombrar a una comisión técnica dada la complejidad del análisis del anteproyecto” fue adoptada por la mesa del concurso el 12 de mayo de 2014.

De hecho, en el sumario obra una instrucción interna firmada por Asensio el 13 de mayo de 2014 en la que requiere a la agencia pública IDEA –de la que depende Invercaria– que designe a una persona “con experiencia en valoraciones económicas y financieras para que forme parte de la comisión técnica”. La persona seleccionada en virtud de esa instrucción interna no fue Trujillano, sino el gerente de inversiones de Invercaria, Juan José García, que sí consta como miembro de la comisión técnica.

Dos reuniones, no sólo una

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Pero, desde luego y a diferencia de lo que sostuvo ante la Policía, Trujillano reconoció haber acudido no a una sino a dos reuniones relacionadas con el concurso. Se mostró olvidadiza –la jueza la apercibió especialmente, aseguran fuentes conocedoras del interrogatorio– aunque a la postre mantuvo la línea central de su testimonio policial.

La fiscal le preguntó por qué cree que la Junta le atribuye haber avalado la solvencia económica de Grupo México, y Trujillano respondió que no lo sabe. Le preguntó también si alguna vez ha efectuado valoraciones de empresas extracomunitarias y la testigo contestó que en absoluto.

Es en el caso de licitadores de países ajenos a la UE donde cobra sentido el precepto de verificar que el país del aspirante ofrece a las empresas españolas condiciones de reciprocidad para acceder a sus concursos públicos. Supuestamente, verificar ese extremo –aquí, el Estado concernido era México– fue una de las tareas que Trujillano cumplió según la Junta y que la técnica, por el contrario, niega haber desarrollado.