Transparencia Internacional critica que la ley no obligue a las entidades públicas a informar de todos sus bienes

Transparencia Internacional España ha criticado este martes en un acto público celebrado en la Fundación Ortega y Gasset-Marañón en Madrid que el proyecto de Ley de Transparencia sólo exija a las instituciones públicas publicar su relación de bienes inmuebles, ya que esto deja fuera de ese requerimiento “una ingente cantidad de bienes que nadie conoce” como dinero, valores mobiliarios, créditos y equipamiento entre muchos otros.

La ONG ha repasado los aspectos más controvertidos del proyecto de ley aprobado en el Congreso, a falta del trámite en el Senado, y en primer lugar ha reprochado a los partidos políticos que no hayan alcanzado un consenso sobre esta materia. Aunque sí han valorado positivamente que “por fin” habrá Ley de Transparencia en España, también han dejado claro que el proyecto es “ciertamente mejorable” y han lanzado una serie de propuestas “posibilistas” para incluirlas en la ley.

Uno de los puntos más criticados por Transparencia Internacional es el apartado 8 en el que se lee que “las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real”. Según la ONG, esto permitirá a las entidades públicas no informar sobre una amplia variedad de bienes como dinero, valores mobiliarios, activos financieros, créditos, equipamientos o vehículos oficiales, entre muchos otros.

“Es una cantidad ingente de bienes que nadie conoce”, ha dicho Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de TI-España. La inexistencia o desactualización de inventarios de las 21.400 entidades públicas españolas hace imposible calcular el patrimonio global de estos elementos aunque, según Lizcano, “pueden ser cientos de miles de millones de euros del erario público que se nos van a ocultar”. Además, el catedrático ha detallado que pese a que había un acuerdo verbal en este aspecto con el secretario de Estado y los partidos mayoritarios, que se mostraron “receptivos” a que se publicara todo el patrimonio, al final sólo se incluyó en el proyecto la exigencia de informar sobre los bienes inmuebles de las entidades públicas.

Un proceso lento y complicado con silencio administrativo

Un “modelo decimonónico” con “silencio administrativo” y todo tipo de “peripecias” en el procedimiento. Así ha resumido Jesús Sánchez-Lambás, doctor en Derecho y vicepresidente segundo de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, el proyecto de la futura Ley de Transparencia del que ha afirmado que falla desde el principio ya que “todo es secreto, pero se puede acceder a ello si se pide”.

Sánchez-Lambás ha subrayado que España es uno de los países más atrasados en accesibilidad pública y ha puesto como ejemplo la figura del silencio administrativo, que se mantiene en el proyecto de la Ley de Transparencia, y que permite a las instituciones se puedan “parapetar” y no responder a las solicitudes de información. Sánchez-Lambás ha explicado que si no responden las instituciones en el plazo previsto, las solicitudes se entienden como denegadas, por lo que afirma que los ciudadanos tienen “derechos retóricos” de acceso a la información.

Asimismo, ha criticado el procedimiento para acceder a la información por ser muy lento, complicado y con muchas inexactitudes y dudas que permitirán a las instituciones escudarse en un “un juego de recursos” legales. Por ejemplo, Sánchez-Lambás se ha referido a los supuestos que limitan el acceso a información, entre los que se encuentran los temas relacionados con “intereses económicos y comerciales”, “política monetaria” o “protección al medio ambiente”. Al ser tan generales estas categorías, los tribunales deberán interpretar cada caso y ello provocará “ríos de tinta de sentencias”, según Sánchez-Lambás. Además, si hubiera que recurrir a los tribunales ordinarios tras acudir al Consejo de Transparencia, los ciudadanos tendrían que exponerse a una condena en costas y a un proceso judicial que podría durar hasta diez años.

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Falta de independencia y de sanciones explícitas

El papel y la independencia del Consejo de Transparencia, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley, han motivado las críticas de Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Villoria ha explicado que tal y como está redactado en el proyecto, el presidente del Consejo será nombrado por el ministro de Hacienda y refrendado por una mayoría simple en el Congreso, lo que no favorecerá el consenso y la independencia del Consejo. Además, el resto del Consejo lo compondrá la Comisión de la Transparencia, con funciones no muy claras y en la que participarán representantes de las Cortes y funcionarios de la Administración pero no las plataformas pro transparencia.

Por último, desde Transparencia Internacional han reprochado que no se contemplen explícitamenteinfracciones y sanciones en caso de que los funcionarios no cumplan con sus obligaciones de transparencia, salvo en el caso de reiterado incumplimiento. No obstante, Jesús Lizcano ha puntualizado que este punto podría corregirse con un buen reglamento que desarrolle la ley.