Al menos tres de las diez chicas liberadas por la Policía Nacional al desarticular una banda que las explotaba sexualmente en locales y narcopisos de la capital vivían en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid, han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
No obstante, podrían ser más, ya que el departamento que dirige Concepción Dancausa está recopilando con detalle y precisión toda la información para conocer realmente lo que sucedió y así dar explicaciones la oposición y al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación al respecto, tal y como se comprometió la consejera anteayer en Twitter.
Las diez liberadas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen entre 14 y 16 años. La Policía vincula a cuatro de ellas con centros de menores de la Comunidad de Madrid, otra con un centro de Guadalajara, otra vivía con su familia y otra ya era mayor de edad, entre otras situaciones, han informado a Europa Press fuentes policiales, que desconocen bajo qué tutela estaban estas chicas.
La Consejería aseguró en un principio que es un caso de prostitución ajena los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas estas tutelada por la Comunidad, pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban.
La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad están cooperando con la Policía en todo lo que requieran. De hecho, las mismas fuentes recalcan que una de las menores fue atendida en un centro de protección regional, enviada por la Policía cuando fue encontrada en situación de vulnerabilidad.
El testimonio de esta adolescente, que fue enviada primero al centro de primera acogida de Hortaleza pero luego a la Residencia de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama, situada en Paracuellos y especializada en adicciones, ha sido muy importante para desarticular la trama.
Estando allí confesó a los tutores que había sido explotada por una banda, al igual que otras chicas con necesidades económicas que captaban donde podían. No obstante, desde la Policía explican que estos testimonios no fueron clave para desarticular el grupo criminal, ya que las pesquisas se había iniciado mucho antes, en abril.
La investigación y los detenidos
La investigación arrancó cuando los agentes del Grupo XXII de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Madrid tuvieron noticias en abril que una menor de edad se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia y que durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes en el polígono Marconi o en narcopisos de Usera o de Vallecas.
Los investigadores descubrieron que otras menores, con las que compartía lugar de residencia, se encontraban en la misma situación. Contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.
La operación culminó con la liberación de las diez víctimas y con un total de 37 individuos arrestados, la mayoría dominicanos. Pero también hay cuatro marroquíes y algunos rumanos, nigerianos, españoles y cubanos, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. Además, hay al menos cuatro mujeres detenidas.
Están acusados presuntamente de perpetrar los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.
Uno de los encausados ya estaba en prisión acusado del homicidio cometido el 12 de agosto en la calle Monte Igueldo. Se trata de un ciudadano marroquí de 51 años, que tras una pelea dio un puñetazo a un ecuatoriano de 65 años, que le hizo caer al suelo y golpearse mortalmente contra el suelo. Un mes después el autor fue arrestado. Tenía diez antecedentes por delitos contra las personas y el patrimonio.
Gabilondo quiere saber si alguna de las menores liberadas de una trama de proxenetas estaba acogida en centros de Madrid
Otro de los arrestados es el youtuber y cantante de rap Saymol Fyly, ciudadano dominicano de 21 años, que tiene 154.000 subscriptores en esta red social, en la que ha publicado contenido hasta el pasado 28 de diciembre. Saymol sería supuestamente utilizado por la banda para atraer a las chicas, según las pesquisas judiciales.
Sin embargo, en su cuenta de Instagram, con más de 30.000 seguidores, el cantante ha escrito: "El que nada debe nada teme. Si yo fuera culpable de algo no estaría aquí tan tranquilo, porque esa detención pasó hace un mes". También arremetió contra las informaciones publicadas sobre él así: "Ustedes son ratas de laboratorio que le dicen lo que sea y sin saber solo usan el teclado para escribir la primera estupidez que se les venga a la cabeza sin saber el daño que puede causar eso antes de acusarme primero asegúrense".
A otro de los detenidos se le encontraron 300 gramos de cocaína en su casa y otro tiene 40 arrestos previos. Otros cuatro malhechores tienen antecedentes por agresiones sexuales. Varios de los apresados están relacionados con bandas juveniles. Ocho de los apresados están ya en prisión provisional, entre ellos Melvin M.C., como autor de un delito de agresión sexual sobre una menor de 16 años con penetración, otro de inducción a la prostitución de una menor y un delito de detención ilegal.
Al menos tres de las diez chicas liberadas por la Policía Nacional al desarticular una banda que las explotaba sexualmente en locales y narcopisos de la capital vivían en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid, han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.