Julio de Diego y José Ricardo de Prada, dos de los tres magistrados que durante un año dirigieron el primer proceso del caso Gürtel de los asignados a la Audiencia Nacional y cuyo voto obligó a Mariano Rajoy a declarar como testigo, alertaron dos veces contra la decisión de aplicar un cambio "retroactivo" en la composición de la sala que ya tenía encomendado el futuro juicio sobre la caja B del PP. O lo que es lo mismo, el de la pieza de los papeles de Bárcenas.
De Diego fue quien en relación a la citación de Rajoy deshizo el empate entre el presidente del tribunal, el conservador Ángel Hurtado, que se quedó solo en su negativa, y el progresista De Prada. Ahora, y tras el cambio decidido por la Audiencia, ya no participará en el tribunal de los papeles de Bárcenas. Y no lo hará pese a que, como él mismo y De Prada recordaron con dos escritos consecutivos, en ese procedimiento ya había desde el 3 de abril una "resolución firme" y comunicada a defensas y acusaciones.
En su lugar se sentará en el tribunal de los papeles de Bárcenas Juan Pablo González, considerado muy próximo al PP y a quien la Audiencia ha colocado este martes en otras tres salas encargadas de juzgar otras tantas piezas de Gürtel: la de la visita del papa a Valencia, la de los contratos de AENA para la trama de Correa durante la etapa de Francisco Álvarez Cascos en Fomento y la de los contratos del Ayuntamiento de Jerez bajo el mandato del PP. Fuentes jurídicas aseguran que las acusaciones populares recusarán a González en todos esos casos.
Articulada en forma de providencia, esa resolución determinaba quiénes habían de integrar el tribunal en la pieza de mayor alcance político de todas las derivadas del tronco común de Gürtel: Ángel Hurtado, de nuevo como presidente y redactor de la sentencia o ponente; Julio de Diego y José Ricardo de Prada.
El primer escrito dirigido al presidente de la Audiencia donde De Diego y De Prada rechazaron la decisión de cambiar el tribunal de los papeles de Bárcenas lleva fecha de 27 de octubre. "No estamos conformes –escribieron– con las nuevas normas que determinan la composición de los distintos tribunales o al menos a [con] su aplicación con carácter retroactivo, especialmente en relación con determinados asuntos especialmente sensibles (...). Nos referimos en concreto al procedimiento abreviado 6/2015 (papeles de Bárcenas)".
Veinte días más tarde, y después de que las nuevas normas de asignación de juicio volviesen por segunda vez a la sala de gobierno de la Audiencia –la primera no había sido elevada por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, sino por la de la sección segunda, María José Rodríguez Duplá, de rango inferior–, De Diego y De Prada insistieron el 17 de noviembre: "Reiteramos nuestra posición de que las normas de reparto deben contener las disposiciones oportunas para garantizar que se mantenga la composición de los tribunales que estuviese ya expresamente fijada por resolución firme del propio tribunal, de acuerdo con lo dispuesto por la sala de gobierno en respuesta a consulta del propio tribunal, singularmente en el procedimiento abreviado 6/2015".
Ninguno de los dos escritos surtió efecto: por unanimidad, la sala de gobierno de la Audiencia adujo que la ley no contempla ninguna distinción entre causas sensibles y no sensibles; y que si no fuera posible recomponer la composición de las salas que deben enjuiciar un caso cuando se producen "variaciones entre sus componentes" se produciría una "petrificación de los tribunales".
Hurtado y el cambio del cambio
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Así que el 20 de noviembre la sala de gobierno dio vía libre al nuevo tribunal de los papeles de Bárcenas. Y tampoco Ángel Hurtado, de signo conservador y a quien se considera muy cercano a la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, participará en esa nueva sala. Su nombre sí aparecía en la tripleta de magistrados que la nueva jefa de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, María José Rodríguez Duplá, propuso en octubre para enjuiciar los papeles de Bárcenas en sustitución de la que ya tenía asignada esa vista desde abril. Presidida por ella misma, la sala debía completarse con Hurtado y Juan Pablo González, este último como ponente y cuya recusación preparan ya las acusaciones populares con el mismo argumento que obligó a la Audiencia a apartar de todas las piezas de Gürtel a Concepción Espejel y a Enrique López: su profunda y dilatada vinculación al PP.
Pero por razones que los acuerdos de la sala de gobierno de la Audiencia no desvelan, la Sala de lo Penal modificó la lista presentada en octubre a la sala de gobierno de la Audiencia. Un mes más tarde, quedaba aprobada la terna final para los papeles de Bárcenas. Y es la siguiente: María José Rodríguez Duplá y Juan Pablo González se mantienen pero Ángel Hurtado es relevado por José Ricardo de Prada. ¿Obedeció ese cambio a una voluntad de guardar las formas para que el juicio donde la financiación opaca del PP centrará cada minuto no quedase en manos de tres destacados miembros del sector conservador de la judicatura? Este diario preguntó a última hora de la tarde de este lunes a varios juristas si alguna razón de tipo procedimental podría explicar ese segundo cambio del cambio. Nadie ofreció una respuesta.
Al igual que Espejel, Juan Pablo González accedió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. En la votación del Senado que en 2008 aupó a Espejel a un puesto de vocal en el órgano de gobierno de los jueces participó Luis Bárcenas, protagonista estelar en el banquillo de Gürtel y sus derivadas. En la votación que en ese mismo escenario había propulsado siete años antes a Juan Pablo González también hacia el CGPJ intervino uno de los dirigentes del PP que aparecen justamente en los papeles del extesorero: Pío García Escudero, hoy presidente de la Cámara Alta, entonces jefe de filas del PP madrileña, sobre quien no pesa ninguna imputación y quien ha declarado como testigo tanto en la primera pieza de Gürtel –la ya juzgada y ahora pendiente de sentencia– como en la relativa a la caja B.
Julio de Diego y José Ricardo de Prada, dos de los tres magistrados que durante un año dirigieron el primer proceso del caso Gürtel de los asignados a la Audiencia Nacional y cuyo voto obligó a Mariano Rajoy a declarar como testigo, alertaron dos veces contra la decisión de aplicar un cambio "retroactivo" en la composición de la sala que ya tenía encomendado el futuro juicio sobre la caja B del PP. O lo que es lo mismo, el de la pieza de los papeles de Bárcenas.