El Tribunal de Cuentas ha comunicado al Congreso y al Senado que deben abrir el proceso de renovación de sus consejeros, ya que fueron elegidos en julio de 2012 y quedan poco meses para que concluya su mandato, según informa Europa Press. La institución fiscalizadora se suma así a la lista de órganos que las Cortes Generales tienen pendiente de renovación y que, dadas las mayorías exigidas, requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.
El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.
El escrito del Tribunal de Cuentas, remitido tanto al Congreso como al Senado y recogido por Europa Press, cumple con la legislación, que determina que, cuatro antes de que expire el plazo de los nombramientos de los consejeros, la presidencia del tribunal debe avisar a las Cortes para iniciar el procedimiento de renovación.
El mandato acaba en julio
La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.
La presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.
La institución que lleva más tiempo pendiente de renovación el Defensor del PuebloDefensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.
El defensor del pueblo, la renovación más atrasada
La tradición es que el titular sea una persona de consenso y que el primer partido de la oposición proponga al primer adjunto. De hecho, Marugán fue propuesto por el PSOE como adjunto de Soledad Becerril, la defensora que promovió el PP cuando gobernaba.
Para este puesto han sonado los nombres de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que ahora está enfrascado en las elecciones autonómicas.
Pero donde han encalado las negociaciones es al renovar al CGPJ, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, el PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del popular Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.
El CGPJ, pendiente de 2018 y el TC desde 2109
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La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos.
También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados. La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar también la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.
El Tribunal de Cuentas ha comunicado al Congreso y al Senado que deben abrir el proceso de renovación de sus consejeros, ya que fueron elegidos en julio de 2012 y quedan poco meses para que concluya su mandato, según informa Europa Press. La institución fiscalizadora se suma así a la lista de órganos que las Cortes Generales tienen pendiente de renovación y que, dadas las mayorías exigidas, requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.