El Tribunal de Cuentas ya tiene un primer examen a la Iglesia católica. El resultado provisional de la histórica auditoría, que ya está en manos de los miembros del pleno de la institución, es un duro revés para el privilegiado estatus económico de la milenaria institución, así como para el Estado por su permisividad y escaso control. El texto, que todavía puede experimentar alteraciones antes de su aprobación, obliga a cambios en la relación entre el poder político y la Iglesia.
El proyecto de informe de fiscalización, a cuyas conclusiones ha tenido acceso infoLibre, pone de manifiesto cómo la Iglesia utiliza con opacidad el dinero público que recibe y las ventajas fiscales de las que disfruta. Los controles flaquean. Del informe, que llega a pedir al Gobierno que ponga medidas para garantizar que no se incumplen las leyes europeas contra las "ayudas de Estado", se extraen un puñado de conclusiones demoledoras:
– La memoria sobre el dinero público que recibe la Iglesia, y que la Conferencia Episcopal presenta como demostración de su transparencia, no está regulada para garantizar su efectividad ni tiene valor justificativo.
– El Estado no comprueba el destino final de los fondos que entrega a la Iglesia por la casilla del IRPF.
– La falta de control sobre los destinatarios últimos de los fondos compromete el cumplimiento de la normativa europea.
– En la memoria de la Iglesia correspondiente al año 2017, ejercicio al que el Tribunal de Cuentas presta mayor atención, hay un desfase de 300.000 euros entre la cantidad entregada por el Estado y la justificada por la Iglesia.
– El superávit que la Iglesia logra gracias al dinero de la casilla del IRPF, que como ha publicado este periódico va destinado en más de un 50% a 13TV, no está previsto en ningún acuerdo, ni tampoco hay un pacto Estado-Iglesia sobre el destino que se le debe dar a dicho beneficio.
– Los sucesivos gobiernos no han impulsado la anunciada y comprometida autofinanciación de la Iglesia, en espera desde 1979.
– Hay un desfase entre los distintos listados oficiales de entidades que se benefician de exenciones fiscales.
– El sistema para comprobar si las exenciones son "procedentes" es fácil de sortear.
El informe se encuentra en la fase conocida como de "dictámenes y observaciones", la última antes de su aprobación por parte del pleno del Tribunal de Cuentas, explica el órgano fiscalizador a preguntas de infoLibre. En su actual fase, el informe, junto con las alegaciones de todas las partes afectadas –entre ellas la Conferencia Episcopal y los departamentos del Gobierno concernidos–, es remitido a los miembros del pleno para que formulen sus observaciones, antes de la votación. El proyecto de informe que sea llevado al pleno puede todavía experimentar cambios en función de esas observaciones, que deben tener en cuenta también las alegaciones, señala el Tribunal de Cuentas. El órgano no tiene certeza de si la posible aprobación del informe será sometida a votación en el pleno de finales de febrero o ya en marzo. Es pronto para saberlo.
Las conclusiones provisionales suponen un grave cuestionamiento de la posición económica de la Iglesia católica en España y sitúan a la institución en el ojo del huracán justo en los primeros compases del nuevo Gobierno de izquierdas. El documento es un golpe para todos los gobiernos hasta la fecha, sin excepción, al quedar señalados por su inacción para poner luz en la relación económica del Estado con la Iglesia.
El informe da la razón al grueso de las denuncias que viene realizando la organización Europa Laica,Europa Laica que lidera desde hace años la batalla social contra los privilegios económicos de la Iglesia católica. La realización de esta auditoría se aprobó a finales de 2017 en medio de un clima de creciente exigencia política y social, que tuvo uno de sus desencadenantes en las denuncias de Europa Laica.
La memoria de la Conferencia Episcopal
El Tribunal de Cuentas formula en el informe provisional serias objeciones a la memoria anual que la jerarquía episcopal presenta cada año para justificar el uso del dinero asignado por el Estado a través de la casilla de la Iglesia del IRPF, que supone unos 250 millones de euros al año.
El Tribunal de Cuentas señala que, aunque la memoria anual está prevista desde 1979 en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede y ratificada en 2006 por el acuerdo entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Iglesia –el llamado "canje de notas"–, hay una carencia de anclaje formal para su funcionamiento. "No existen acuerdos entre el Estado y la Santa Sede o normativa estatal que regulen los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener la memoria", señala.
Destino de los fondos
El seguimiento de los acuerdos y convenios con la Iglesia y el resto de confesiones religiosas está atribuido principalmente al Ministerio de Justicia. Pero ni dicho departamento, ni ningún otro, realizan informes "en relación con las memorias presentadas" por la Conferencia Episcopal. "El Estado tampoco dispone de mecanismos internos que aseguren una actuación coordinada en torno a la memoria justificativa", añade.
Es decir, el Gobierno no comprueba que el dinero público que le entrega anualmente vía IRPF es destinado a los fines que la Iglesia dice. Dichas memorias carecen de exahustividad. "Se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa", señalan las conclusiones provisionales del informe.
Superávit
Al Tribunal de Cuentas le llama la atención que las memorias de la Iglesia de 2016 y 2017 presenten sendos superávits de 19,3 y 15,9 millones. Como ha informado este periódico, más de la mitad de ese superávit se ha ido a la televisión 13TV.
"Sin embargo", apunta el informe, "la existencia de superávit no está prevista en el Acuerdo" con la Santa Sede y "el destino" dado al mismo "tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede".
El Tribunal de Cuentas también pone de relieve que la cantidad justificada por la Iglesia en 2017 es 300.000 euros inferior a los recursos realmente entregados por el Estado en ese ejercicio.
Autofinanciación
Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, firmados en 1976 y 1979, recogen el compromiso de la Iglesia de avanzar hacia la autofinanciación. Esta intención se ha quedado en una quimera. Y así lo pone de relieve el Tribunal de Cuentas, que señala la inacción del Estado para hacer cumplir ese compromiso.
Este es un golpe duro para el estatus económico de la institución católica, que ha vivido durante toda la democracia sin hacer esfuerzos para alcanzar la autofinanciación, y sin que las autoridades presionasen para que se moviera.
"No existe acuerdo entre las partes o normativa aplicable que concrete las actividades y entidades de la Iglesia a cuyo sostenimiento el Estado se compromete a colaborar y la Iglesia a avanzar en su sostenimiento", señala el documento. Como recoge el informe, "esta ausencia de concreción impide que se pueda realizar evaluación alguna del avance en dicho propósito".
Libre concurrencia
El informe dice expresamente: "El Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria, por lo que no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas". ¿Por qué esto es clave? Porque podría verse comprometido el principio de libre concurrencia, clave no sólo del Derecho español, sino también europeo.
Así lo indica el propio informe. Al no hacer el Estado esta distinción, no es posible "asegurar el respeto a la normativa comunitaria y, en particular, al principio de libre concurrencia". El razonamiento que subyace a esta afirmación es que, dependiendo del destino que dé la Iglesia a los fondos que le son entregados, podría estar beneficiando a agentes o empresas que estarían disfrutando así de un trato de favor.
Exenciones fiscales
La Iglesia, una institución históricamente hermanada con el Estado en España, disfruta de una catarata de exenciones fiscales. Incluso el papa Francisco opina que hay ventajas fiscales de las que disfruta la Iglesia en España que no tienen lógica. Las conclusiones provisionales del informe ponen en el foco estas exenciones.
La escasez de control no afecta sólo a lo que llamaríamos la Iglesia diocesana, es decir, la integrada por los 70 obispados. Hay que tener en cuenta que la Iglesia se compone de una inmensa miríada de miles y miles de entidades. El informe del Tribunal de Cuentas señala que "la relación de entidades religiosas" con la que cuenta la Agencia Tributaria, que por tener esta consideración se benefician de exenciones fiscales, "presenta notables diferencias con el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia". ¿Qué ocurre, ante este desfase? Otra vez inacción de las autoridades.
"La Agencia no efectúa, en relación con este colectivo [las entidades religiosas], una depuración de las entidades similar a la que realiza con otros obligados tributarios, al carecer de la información económica que pueda ser utilizada para ello", señala el informe.
Impuesto de Sociedades
Del total de 20.073 entidades categorizadas como confesiones religiosas para la Agencia Tributaria –excluyendo el País Vasco y Navarra–, 2.269 están obligadas a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades, señala el informe. De estas 2.269, sólo 1.132 la presentaron. Algo menos de un 50%. No hubo actuaciones de la Agencia Tributaria respecto a aquellas que no la presentaron, según el Tribunal de Cuentas.
Únicamente se presentaron 149 memorias económicas. "La falta de presentación de la memoria económica es muy generalizada, no sólo entre las entidades clasificadas como entidades religiosas, sino también entre las que se acogen en su declaración del Impuesto de Sociedades a la aplicación de la Ley 49/2002 [Ley de Mecenazgo]. Además, las memorias no tienen un formato estandarizado y se han observado casos en los que la información no estaba completa y otros en los que no estaba firmada por el representante legal", señala el informe.
En la base de datos de la Agencia Tributaria "no fue posible comprobar la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades de 47 de las 70 diócesis", añade el Tribunal de Cuentas.
El informe señala que la Agencia Tributaria calculó en 118 millones el importe de los beneficios a las confesiones religiosas por exención del Impuesto de Sucesiones, pero añade que dicha "estimación" ha de ponerse en cuarentena porque "el número de entidades que presentaron efectivamente su declaración fue inferior al de las que, conforme a la Agencia Tributaria, estaban obligadas". Por esta razón, entre otras, el informe considera "razonable" la deducción de que la cifra de 118 millones es "muy inferior" a la real.
Falta de control
El informe señala que la Agencia Tributaria comprueba si los beneficios fiscales son "procedentes" mediante un sistema de filtros. Pero, a tenor de la fiscalización, es un sistema laxo. "La resolución del filtro no es requerida para la continuación de la tramitación. De hecho, es incluso posible la conclusión del control sin la resolución del filtro activado. Uno de estos filtros se refiere a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002", señala el informe.
Entre estos beneficios está la exención del IBI, una de las más discutidas, ya que en ocasiones la Iglesia se libra del pago de este impuesto incluso por inmuebles en los que no realiza ninguna tarea religiosa ni social, sino lucrativa.
Se trata de una práctica que el propio Papa Francisco considera injustificada, y que ya ha sido rechazada por la Justicia europea en un caso en Italia. La posición judicial europea es que la Iglesia debe pagar impuestos cuando actúe como "empresa". No hay alusiones expresas al IBI en las conclusiones del informe.
Recomendaciones
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas terminan con unas recomendaciones. El Estado y la Iglesia deberían acordar los "contenidos mínimos" de la memoria justificativa de la Iglesia sobre el destino del dinero público que recibe vía IRPF. "Se sugiere al Gobierno que articule los mecanismos internos necesarios para asegurar un seguimiento eficaz de la memoria", añade el informe.
El Gobierno y la institución católica tienen, a juicio del Tribunal de Cuentas, que "concretar tanto la naturaleza de los gastos como las entidades de la Iglesia a cuyo sostenimiento se destina la colaboración del Estado contemplada en el Acuerdo de 1979". "Sería conveniente que el Gobierno dispusiese de la información suficiente para asegurar que el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria es compatible con el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia, en concreto, las relativas a las ayudas de Estado".
El destino de "eventuales superávits", dice el informe, "debería ser objeto de acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno". Esta conclusión afecta a 13TV, televisión que consume más de la mitad del superávit.
En relación a la autofinanciación de la Iglesia, el informe "sugiere" al Gobierno que "articule los mecanismos internos necesarios" para el "cumplimiento de las obligaciones de las partes derivados del Acuerdo de 1979 y de otra normativa que pudiera ser de aplicación".
"Sería conveniente –señala el Tribunal de Cuentas– que la Agencia Tributaria identificara las entidades que forman parte de las confesiones religiosas con acuerdos de cooperación con el Estado". Esta recomendación supone por sí misma la evidencia de la actual falta de depuración de los datos. El informe añade que "convendría" una actualización del listado de entidades religiosas, para "conseguir una depuración similar a la de otros censos de obligados tributarios".
El Tribunal de Cuentas también aconseja a Hacienda cambios en el modelo de declaración del Impuesto de Sociedades, para ganar en transparencia.
La Iglesia dedica su superávit de ingresos públicos a Trece TV: 3,76 millones
Áreas excluidas
Las conclusiones del informe están lejos de abarcar toda la relación económica del Estado con la Iglesia. Para empezar, se trata de un examen de ámbito estatal. Por lo tanto, se queda fuera el dinero –presupuestos, subvenciones...– que le llega a la Iglesia de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Todos los conciertos económicos educativos de orden autonómico, así como el sueldo de los profesores de Religión en los centros públicos de las comunidades que se hacen cargo de ellos, quedan lejos del ámbito de aplicación del acuerdo [ver aquí información específica sobre lo que se queda fuera del alcance de la fiscalización]. Por su carácter atomizado, es difícil abordar en su totalidad la dimensión económica de la Iglesia católica, que está compuesta por más de 40.000 entidades.
A pesar de las limitaciones del informe, el Tribunal de Cuentas ha escrito un importante capítulo de una evaluación oficial que llevaba décadas pendiente.
El Tribunal de Cuentas ya tiene un primer examen a la Iglesia católica. El resultado provisional de la histórica auditoría, que ya está en manos de los miembros del pleno de la institución, es un duro revés para el privilegiado estatus económico de la milenaria institución, así como para el Estado por su permisividad y escaso control. El texto, que todavía puede experimentar alteraciones antes de su aprobación, obliga a cambios en la relación entre el poder político y la Iglesia.