La Iglesia, a pesar de que su financiación depende de ayudas públicas y beneficios fiscales, se libra en gran medida del escrutinio del Estado. El Tribunal de Cuentas, el órgano democrático responsable del control del sector público español, ha dejado fuera de su programa de fiscalizaciones de 2017 a la institución católica. La decisión ha provocado la oposición de cinco de los trece miembros con derecho a voto del pleno del Tribunal de Cuentas, que creen urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denuncian que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto.
La minoría discrepante tiene una posición tajante. Según el voto particular de tres de ellos, al que se adhiere una cuarta consejera, la Iglesia es una institución con cuentas poco claras que se beneficia de una cantidad ingente –pero hasta ahora no cuantificada– de recursos públicos "sin rendir cuentas de su destino". Por ello, reclaman una "primera aproximación" a los fondos públicos que recibe para evaluar si el sistema de "asignación tributaria" se ajusta a la norma. En comparación con la Iglesia, exponen en su argumentación, incluso la Casa Real se esfuerza por ser transparente. Una quinta consejera considera que la ausencia de obligación de justificación de la Iglesia puede suponer una "discriminación".
El Tribunal de Cuentas, consultado por infoLibre, explica a través de cauce oficial que los argumentos sobre esta cuestión de la mayoría del pleno no están recogidos en la programación de 2017, porque no es necesario explicitar por qué no se incluye un informe determinado, pero que dichos argumentos fueron debatidos y votados por la mayoría de los trece miembros (doce consejeros y el fiscal) con derecho a voto del pleno. El Tribunal de Cuentas, que recuerda que las deliberaciones del pleno son secretas, subraya que la decisión de no incluir la fiscalización de la Iglesia en el programa de 2017 no presupone que esta postura se mantenga en años venideros. El programa de fiscalizaciones salió adelante con ocho votos a favor (incluidos los siete consejeros a propuesta del PP) y cinco en contra.
Más de cien informes
El programa de fiscalizaciones incluye la previsión de más de un centenar de informes, que se realizarán a lo largo de 2017 y 2018. Recoge la realización de estudios por mandato legal (por ejemplo, de los estados contables de los partidos políticos), por exigencia de las Cortes Generales (de los gastos del tranvía de Jaén, por citar uno) y por iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, que son la mayoría: de la gestión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de las cuentas del Consorcio Casa del Mediterráneo, de los contratos con Fremap... Pero ni asomo de la Iglesia católica, que nunca ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.
La aprobación del programa de fiscalizaciones, que tuvo lugar el 22 de diciembre, cuenta con la oposición de cinco consejeros, todos adscritos al ala considerada progresista dentro del equilibrio de sensibilidades que opera en el Tribunal de Cuentas. Se trata de Felipe García (propuesto por el PSOE), presidente de la sección de Enjuiciamiento –que también dirige y coordina–; María Antonia Lozano, también de la Sección de Enjuiciamiento (propuesta por el PSOE, tras acuerdo con IU); Lluis Armet, María Dolores Genaro y Enriqueta Chicano, los tres del departamento de Fiscalización (e igualmente propuestos por los socialistas). Los tres primeros firman el voto particular contrario más duro, al que se adhiere Genaro. Chicano firma en solitario otro voto particular.
Una petición "sistemática" que cae en saco roto
El voto contrario de los cuatro primeros recuerda que "algunos consejeros vienen proponiendo de forma sistemática y reiterada" la fiscalización de "alguna de las diversas fuentes de financiación pública" de la Iglesia. Dichas propuestas –exponen los consejeros discrepantes– han contado con "manifestaciones favorables" del pleno, que no obstante no ha tomado cartas en el asunto. El propio Felipe García, presidente de la sección de Enjuiciamiento, propuso durante la tramitación previa del programa de 2017 que fuera examinado el "sistema de asignación tributaria" a la Iglesia, en lo que supondría un primer paso en el examen de la cuestión. Se le hizo caso omiso.
El voto particular expone que la iniciativa del Tribunal de Cuentas de fiscalizar algunas subvenciones para fines sociales financiadas con cargo al 0,7% del IRPF no se ha visto acompañada de un impulso similar para el examen de las cuentas de la Iglesia. Y ello pese a que ya en 2013 el Tribunal de Cuentas aprobó "avanzar en la fiscalización específica" de órganos nunca antes escrutados, categoría en la que entraría la Iglesia. Este compromiso fue adoptado por la Sección de Fiscalización, según exponen los cuatro consejeros. "Igualmente el compromiso se ha ido reiterando en el tiempo en diversos documentos aprobados por el pleno", añaden. Pero no se ha concretado en nada.
Una "demanda social" para que "rinda cuentas"
Los firmantes del voto particular entienden que hay una "demanda social" que "clama" por la fiscalización de "instituciones que perciben ingentes ingresos públicos sin que, en ningún momento, rindan cuentas de su destino". Y añaden: "Una de estas instituciones, que cuenta con un sistema de financiación, si no opaco, al menos poco transparente, es sin duda la Iglesia católica". García, Lozano, Armet y Genaro –ésta última por adhesión– consideran que la memoria que la Iglesia presenta en cumplimiento de los Acuerdos Económicos con la Santa Sede de 1979 es insuficiente ya que sólo informa sobre el reparto territorial de los fondos recibidos.
Los cuatro consejeros sostienen que la fiscalización de la Iglesia por parte del Tribunal de Cuentas sería no sólo legal, sino plenamente ajustada a su ámbito de actuación. "La asignación tributaria a favor de la Iglesia [...] no puede obviar su naturaleza económica y su repercusión en los ingresos públicos, y, por tanto, no pueden existir dudas razonables sobre su integración en el conjunto de la actividad económica o financiera del sector público", añaden los miembros discrepantes del pleno, para quienes el hecho de que la financiación pública de la Iglesia provenga de un tratado internacional vinculante –en referencia al Concordato de 1953 y al acuerdo económico de 1979– no la excluye de la actividad económica pública.
Además, el propio acuerdo económico del 79 señala en su artículo 2.5: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Eso sí, no se fija cuándo debe alcanzarse ese objetivo.
La Casa Real, transparente en comparación
El voto particular defiende la urgencia de "una primera aproximación" a las "diversas fuentes de financiación pública" de la Iglesia para "alcanzar una opinión fundada sobre si los procedimientos utilizados por la Administración del Estado, en todo el procedimiento de gestión de la asignación tributaria, se ajustan al marco normativo" y cumplen sus objetivos con eficiencia y transparencia.
García, Lozano, Armet y Genaro llegan a destacar como ejemplo en positivo, comparativamente, "el esfuerzo de transparencia" de la Casa Real, que –aunque tampoco ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas– da mayor "publicidad" a su "gestión" económica que la Iglesia.
Una cantidad de fondos desconocida
¿Cuánto dinero público se dedica a la Iglesia? Los discrepantes –miembros del órgano estatal encargado de velar por el control del sector público– responden así: "La multiplicidad y dimensión de las fuentes de financiación pública de la Iglesia católica, procedentes de los ámbitos estatal, autonómico y local, unidas a la insuficiente transparencia [...], impiden realizar una cuantificación siquiera aproximada [...]". Es decir, no se sabe. Ni, por el momento, se va a saber.
El Tribunal de Cuentas pide multar a los beneficiarios de ayudas públicas no justificadas
La negativa "reiterada y sistemática" del Tribunal de Cuentas a examinar a la Iglesia contribuye, según estos miembros del mismo, a la "opacidad" de la institución católica, a pesar de que ésta se beneficia de múltiples recursos públicos para su financiación, según el voto particular. Por ejemplo: asignación tributaria con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), lo cual supuso casi 250 millones de euros según la liquidación de 2012; determinadas exenciones en los impuestos de sociedades, sucesiones, transmisiones patrimoniales, sobre el valor añadido (IVA), sobre bienes inmuebles (IBI), sobre el incremento del valor de terrenos, sobre construcciones y obras; y conciertos públicos de centros educativos.
Sólo en concepto de IBI, los ayuntamientos españoles dejan de percibir al menos 700 millones al año por la exención a la Iglesia, que no paga este impuesto incluso en casos en los que no utiliza los inmueble para fines sociales y pastolares, sino lucrativos.
El voto particular de Enriqueta Chicano incide en que la Iglesia tiene "obligaciones" contraídas en virtud de su acuerdo con el Estado, entre ellas perseguir su autonomía financiera. Chicano argumenta que, en el fondo, lo que la Iglesia recibe es una "subvención", por lo que su fiscalización entraría dentro de las obligaciones del Tribunal de Cuentas. "La decisión de la mayoría de los Consejeros del Pleno de no incluir en el Programa para 2017 la fiscalización de la asignación tributaria a la Iglesia Católica implica omitir en el ejercicio de la función fiscalizadora", expone.
La Iglesia, a pesar de que su financiación depende de ayudas públicas y beneficios fiscales, se libra en gran medida del escrutinio del Estado. El Tribunal de Cuentas, el órgano democrático responsable del control del sector público español, ha dejado fuera de su programa de fiscalizaciones de 2017 a la institución católica. La decisión ha provocado la oposición de cinco de los trece miembros con derecho a voto del pleno del Tribunal de Cuentas, que creen urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denuncian que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto.