Estrasburgo estudia la negativa de España a hacer una investigación técnica del accidente de Angrois

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el último recurso para los ciudadanos de los países miembros si consideran que la justicia estatal no da una respuesta a sus derechos. Así lo considera la Plataforma de Víctimas de Angrois, a quien el tribunal con sede en Estrasburgo acaba de responder que analizará su demanda contra España por no realizar todavía una investigación técnica sobre el accidente del Alvia tal y como exige la normativa comunitaria. Un incumplimiento que la Comisión Europea ha recordado reiteradamente pero sobre el que la justicia española ha eludido pronunciarse. 

Ahora, desde Estrasburgo, las víctimas acaban de recibir una respuesta oficial que señala que "el caso será sometido a examen por el Tribunal [de Derechos Humanos] lo antes posible" en un procedimiento que es "en principio, escrito" y en el que no sería necesario que comparecieran personalmente.

El accidente de Angrois, que el 24 de julio de 2013 dejó 79 muertos, ya tiene una sentencia penal, que condena al mismo nivel al maquinista y a un ex director de Seguridad en la circulación de ADIF. Pero en el ámbito técnico aún no existe una investigación oficial adecuada que contribuya a prevenir nuevos accidentes.

Un año después del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, pensada no para encontrar culpables como en el caso de la vía penal sino para mejorar el sistema ferroviario, concluyó que el maquinista era el único responsable de lo ocurrido en Angrois. Esa investigación técnica fue invalidada en 2016 por la Agencia Ferroviaria Europea por incumplir la normativa comunitaria al no analizar todas las posibles causas del accidente más allá de la imprudencia del conductor del tren y porque la CIAF no era independiente cuando la realizó. Esa crítica europea acabó haciéndose pública en 2016 pese a las maniobras del Gobierno de Mariano Rajoy en Bruselas para ocultarla o minimizarla, según reveló Praza.gal.

Tras desmontar aquella investigación, la Comisión Europea lleva años pidiendo y constatando que España aún no ha realizado un análisis técnico independiente del accidente siguiendo la normativa europea. Pero los sucesivos gobiernos tanto del PP como del PSOE argumentan que ahora la CIAF ya es independiente y, por tanto, no pueden darle órdenes. Y la propia CIAF se niega a realizar esta nueva investigación porque mantiene, contrariamente a lo que dice la UE, que la realizada hace una década era correcta.

Ante este bloqueo y el silencio de la CIAF a sus peticiones, la plataforma de víctimas recurrió a la vía contencioso-administrativa para que la justicia obligara a la comisión investigadora a realizar un nuevo análisis. En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó en mayo de 2022 que la CIAF tenía la obligación de responder a la solicitud de las víctimas, pero sin prejuzgar el contenido de esa respuesta. Las víctimas recurrieron ante el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2023 reiteró que debe ser la actual CIAF la que decida libremente, como el organismo independiente que ya es, si abre o no una nueva investigación sobre Angrois. 

Pero en ninguna de esas sentencias los tribunales analizan si el CIAF era independiente cuando emitió su investigación de 2014 y si cumple con la normativa europea. La Plataforma de Víctimas tampoco tuvo suerte ante la última instancia a nivel estatal, el Tribunal Constitucional, que se negó a tramitar su recurso.

Ante estas negativas a nivel estatal, el pasado mes de octubre la Plataforma de Víctimas presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando una vulneración de su derecho a un proceso judicial con todas las garantías ya que “las resoluciones dictadas no entran en el fondo del asunto y, por tanto, impiden el legítimo derecho a un juicio justo con la práctica de las pruebas solicitadas”. “Ninguno de los tribunales citados ha entrado en el fondo del asunto: que se realice una investigación técnica independiente, cumpliendo el procedimiento legalmente establecido”, resumió la demanda de las víctimas. 

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Y ahora el tribunal de Estrasburgo les informa que examinará su caso "tan pronto como sea posible" en un procedimiento "en principio, escrito" pero en el que los afectados podrían ser invitados a comparecer en persona. Para el abogado de la asociación que lleva este caso, Antonio Benítez Ostos, director de Administrativando Abogados, "es un éxito absoluto que Europa decida revisar la actuación llevada a cabo por la jurisdicción española del que fue el accidente ferroviario más grave de la democracia. Esperamos obtener una resolución favorable que ordene al Estado español realizar una nueva investigación independiente". 

Por su parte, la Plataforma de Víctimas destaca que “dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros dirigentes que aún no se haya llevado a cabo la investigación independiente que la UE ha solicitado reiteradamente. Más de 11 años, cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE”.

A la espera de lo que decida el Tribunal de Derechos Humanos sobre la investigación técnica, la sentencia penal que condenó al maquinista y al cargo de Adif al mismo nivel ha sido recurrida por numerosas partes ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que aún tardará meses en resolver. Además, Adif y su condenado solicitan una nueva vista pública que retrasaría aún más la revisión del caso, que aún podría ser recurrido de nuevo ante el Tribunal Supremo.