El tribunal rechaza que testifiquen Botín, Fainé, Villarejo e Iglesias en el juicio de Ausbanc y Manos Limpias

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado citar en calidad de testigos para el juicio por la presunta extorsión de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) y Manos Limpias a la presidenta del Banco Santander Ana Botín, el expresidente de Caixabank Isidro Fainé, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y el fiscal Pedro Horrach, entre otros.

Así consta en el auto del tribunal encargado de enjuiciar el caso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se determina la prueba que se examinará en la vista oral que comenzará el próximo 23 de septiembre y se prolongará a lo largo de diez sesiones, con fecha prevista de finalización el 11 de octubre siguiente.

Según el auto, la defensa del expresidente de Ausbanc Luis Pineda, para quien la Fiscalía pide 118 años y 5 meses de cárcel por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, blanqueo de capitales y estafa, solicitaba un total de 28 testificales para el juicio, pero la Sala ha rechazado cinco de ellas por no advertir relación con el relato de los hechos.

Pineda, perjuicio en el 'Caso Tándem'

Entre esos cinco testigos rechazados se encuentra Villarejo, investigado en la macrocausa conocida como Tándemy en cuya novena pieza se ha personado el propio Pineda como perjudicado dado que habría sido una víctima más de los encargos que el expolicía habría realizado para el BBVA -que en el caso de Ausbancy Manos Limpias figura como acusación particular--. En concreto, el banco habría encomendado en 2010 al comisario que acabase con Ausbanc, pues ésta habría estado extorsionando a la entidad.

Por su parte, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad --acusado por Fiscalía de organización criminal y extorsión y para quien solicita 24 años y 10 meses de cárcel-- pedía la testifical de Botín, pero el tribunal lo rechaza porque "no consta, según el relato fáctico" de la acusación, que el correo dirigido al banco que preside fuera para ella, por lo que "no se entiende útil su testimonio".

Tampoco declararán como testigos otras propuestas de Bernad como Isidro Fainé; el líder de Podemos; la escritora Pilar Urbano; el juez que instruyó el caso Nóos, José Castro; el que fuera fiscal de esta misma causa Pedro Horrach; el juez inhabilitado Elpidio José Silva, o el exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, entre otros, personas de las que "no figura su interlocución en la causa".

Otra de las acusadas, la abogada Virginia López Negrete --quien se enfrenta a 11 años y 11 meses de prisión por organización criminal y extorsión--, también reclamaba la testifical del juez José Castro, ya que fue la abogada que ejerció la acusación popular en el juicio del caso Nóos y sentó en el banquillo a la Infanta Cristina.

En el curso de la investigación de la causa contra Ausbanc y Manos Limpias en la Audiencia Nacional se conoció después que Pineda se llegó a poner en contacto con el abogado de la Infanta, Miquel Roca, para recordarle que había pedido a La Caixa, empresa donde trabajaba la hermana del Rey, que ayudara económicamente a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora López Negrete.

Entre 16 y 66 años de cárcel para diez acusados

En el juicio que comenzará en septiembre y se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) se sentarán en el banquillo de los acusados diez personas físicas para las que el Ministerio Público solicita penas que oscilan entre los 16 y 66 años y 10 meses de cárcel, así como nueve personas jurídicas, sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias para las que se reclama su disolución.

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Según el auto de procesamiento del instructor, Santiago Pedraz, cuya argumentación fue acogida en gran parte por la Fiscalía, Pineda ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc, pero en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.

El Ministerio Público establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas. También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas.

Estas actuaciones contaron desde el año 2012, según el escrito del fiscal, con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato, por lo que la actuación de éste no fue un "hecho aislado", en palabras del instructor, que también relacionó su actividad de extorsión en el marco de la acusación popular que también ejerció en el caso de los ERE de Andalucía.