Diecisiete millones de euros. Hasta ahí ascienden las cinco adjudicaciones que sin concurso y por “trámite de emergencia” ha aprobado desde el 27 de marzo de 2020 el Gobierno murciano para la gestión de la televisión pública murciana. Todas ellas han sido en favor de la empresa CBM Servicios Audiovisuales SL, que en 2015 obtuvo mediante concurso un contrato que expiró de manera irreversible en abril de 2020. Filial del Grupo Secuoya, en CBM se sitúa como director general Antonio Peñarrubia, marido de Mar Moreno Zarco. En el Gobierno que preside Fernando López Miras (PP) Mar Moreno ostenta el cargo de secretaria general de Presidencia, con rango de consejera. Entre octubre de 2012 y febrero de 2013, Peñarrubia fue asesor de Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid y ahora en espera de juicio por cohecho y otros delitos relacionados con la supuesta adjudicación ilegal del conocido como el tren de Navalcarnero.
Por importe de 4,5 millones, la última "ampliación" del contrato de "emergencia" lleva fecha de 29 de junio y se hace extensiva hasta diciembre. La firma, como las anteriores, Javier Celdrán, quien alegando motivos personales había anunciado cinco días antes y por sorpresa su dimisión, pero que aún hoy continúa como consejero de Economía en espera de que se oficialice el cese. La primera adjudicación, de 1,8 millones y que debía aplicarse de mayo a junio de 2020, aparece datada el 27 de marzo de ese año. En medio quedan otras tres. Y son todas ellas las que suman exactamente 17,1 millones.
El contrato que para la gestión de la cadena pública 7TV Región de Murcia obtuvo hace seis años CBM acababa sin opciones de prórroga el 30 de abril de 2020. Y vencía sin opción a prórrogas porque el pliego de condiciones, brújula de cualquier contrato público, solo permitía una de tres años. Era justamente esa trienal la que se agotaba el 30 de abril de 2020.
Pese a ello, el Ejecutivo regional no inició el expediente para una nueva licitación hasta el 25 de febrero de 2020. Es decir, hasta dos meses antes de la fecha en que la cadena televisiva corría el riesgo de ir a negro si el procedimiento no había finalizado. Fue ese día, 25 de febrero, cuando el entonces consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, firmó la orden por la que nacía el expediente 2/20: el destinado a encomendar a alguna empresa privada la "gestión indirecta" de la cadena autonómica. El pasado mes de abril, el Ejecutivo regional desgajó las dos áreas que dirigía Celdrán: dejó de ser consejero de Presidencia y se mantuvo como responsable de Economía, Hacienda y Administración Digital.
El antecedente conocido aconsejaba haber lanzado mucho antes la convocatoria para la nueva fase de gestión de la TV pública: el expediente que acabó el 1 de abril de 2015 con la firma de un contrato con CBM había requerido un año de tramitación. Aquella convocatoria se había publicado en el BOE el 10 de abril de 2014. Y la mesa de contratación no propuso como adjudicataria a la filial de Secuoya hasta el 21 de enero de 2015. La mesa tenía como presidente a Fernando López Miras, entonces secretario general de Economía.
Acta de la mesa de contratación que en enero de 2015 adjudicó el contrato a CBM
De la envergadura de la adjudicación a CBM mediante concurso ya se ofrecían datos en una comunicación oficial de información relevante signada por Secuoya [puedes verla aquí] y difundida en febrero de 2015. El texto precisaba que el importe de la adjudicación se cifraba en 20.826.446,28 euros más IVA. Ello “sin perjuicio de las posibles prórrogas de hasta 3 años adicionales por un importe total de aquellas prórrogas en su caso de 26.776.859,49 euros”. En total, y añadiendo el IVA, 57,6 millones por cinco años de concesión.
"Razones de interés público"
El 3 de marzo de 2020, quien todavía hoy ostenta el cargo de consejero de Economía murciano dispuso la “tramitación urgente” del nuevo contrato para la gestión de 7TV entre 2020 y 2025 con un presupuesto base de 77,5 millones, IVA incluido. Adujo “razones de interés público”. Pero la siguiente orden, datada el 27 de marzo y que otorga la primera adjudicación directa a CBM, ya no habla de urgencia. Su enunciado va más allá: "Tramitación de emergencia para la contratación de la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la comunidad autónoma de la Región de Murcia".
Es ahí donde la temperatura se dispara. El estado de alarma ya se había declarado. Y se abre aquí una de las grandes incógnitas legales del asunto: la de si el Gobierno regional podía ampararse en ese decreto para adjudicar a dedo nuevos contratos obviando lo que el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público estipula en cuanto a la "tramitación de emergencia". Ese artículo arranca así: "Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional". A continuación, el artículo enumera las fórmulas a seguir.
Este periódico no ha conseguido la versión del Gobierno murciano sobre nada relacionado con estas adjudicaciones y la tardanza en la convocatoria del concurso. En la primera de las órdenes que han derivado en las cinco adjudicaciones por 17,1 millones, aparece un epígrafe titulado "Justificación de la emergencia". Y ahí invoca el artículo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que define el servicio público de comunicación audiovisual como "esencial de interés económico general".
La pandemia y un retraso contradictorio
Rebobinando: la orden que da inicio al expediente para el nuevo contrato es del 25 de febrero. Y la que declara su "tramitación urgente" se dicta el 3 de marzo. El texto que figura bajo el epígrafe "Justificación de la emergencia" en la orden que el 27 de marzo otorga a CBM la primera adjudicación directa detalla que la autorización del Gobierno regional no llegó hasta que ya se había declarado el estado de alarma y la suspensión de los plazos administrativos: "Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno, en su reunión del pasado 18 de marzo, la celebración del nuevo contrato (...) procedería la publicación del anuncio de licitación".
¿Qué objetivo tendría esa publicación? Que el concurso estuviera resuelto a toda velocidad el 30 de abril. Y aquí llega el pero que endosa a la pandemia del Covid la imposibilidad de que el expediente, que no se había iniciado hasta el 25 de febrero, estuviese cerrado el 30 de abril. Y el expediente seguiría pendiente entonces, adujo el consejero Javier Celdrán en su orden, no por la demora en la convocatoria sino porque "dada la situación de emergencia sanitaria por la que todos los plazos se paralizan, no va a ser posible que dicho concurso esté resuelto para esa fecha".
La orden del consejero Celdrán hacía constar que el decreto de estado de alarma permitía continuar con aquellos procedimientos administrativos " indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios". Ese se perfila como el agarre utilizado para contratar a dedo y por la vía de emergencia a CBM hasta llegar nada menos que a 17,1 millones.
¿Pero por qué no se había convocado antes el concurso si se sabía que el contrato en vigor expiraba en abril de 2020? Según la orden que inauguró la serie de adjudicaciones directas a CBM, no se hizo porque antes de convocarlo había que aprobar un nuevo contrato programa. Y como en mayo de 2019 hubo elecciones autonómicas, no se nombró nuevo director general de la radiotelevisión murciana hasta octubre de ese año. Y era conveniente que ese nuevo director "participara" en el contrato programa. Por tanto, "se produjo un retraso". Y el Gobierno regional no dio vía libre al nuevo contrato programa hasta el 30 de enero de 2020.
Pero el argumento del retraso justificado topa con algo que había sucedido dos años antes de que Celdrán emitiera la orden de "tramitación de emergencia". Y lo que ocurrió es que la aprobación de ese segundo contrato programa ya la había reclamado en junio de 2018 el entonces director de la Radiotelevisión Murciana, Juan Miguel Aguado. El 5 de junio de 2018, Aguado expuso así su posición en la Asamblea Regional: "Urge renovar el vigente contrato-programa, que fue redactado en 2014, antes incluso de la licitación del contrato de gestión indirecta del servicio público de televisión, y que se encuentra prorrogado desde enero de 2017". Puedes leer su intervención pinchando aquí.
Resumiendo: primero se declaró la "tramitación urgente" del expediente, luego aprobó el Consejo de Gobierno la puesta en marcha de la licitación y una vez llegados ahí el Ejecutivo regional se amparó en el decreto de alarma del 14 de marzo –el que acaba de anular el Constitucional– y en la suspensión de plazos para alcanzar su conclusión definitiva: que no prestar el servicio de comunicación audiovisual "conlleva un grave peligro". Y que, dado que tampoco era "posible en este caso tramitar la prórroga" porque la Ley de Contratos vigente cuando se firmó el contrato no lo permitía, se consideraba "indispensable y estrictamente necesario" acudir a la "tramitación de emergencia". O sea, a renovar en tandas de varios meses –entre dos y seis, según cada Orden– las adjudicaciones a CBM. Sin haber competido con rivales.
El martes por la mañana, infoLibre envió a los portavoces del Gobierno murciano varias preguntas sobre la información de que entonces disponía este periódico. Entre ellas la relativa a por qué, si el contrato con CBM acababa de forma irreversible el 30 de abril de 2020, no se había lanzado antes la convocatoria para una nueva concesión. No hubo respuesta.
Evitar que se pierdan actas, correos y otros documentos
Pese a la urgencia declarada dos semanas antes de que entrase en escena el entonces inesperado decreto de alarma, a día de hoy sigue sin haber dictamen del “comité de expertos” del concurso. Integrado por tres miembros de la administración murciana designados el pasado diciembre por el consejero de Economía, a ese comité corresponde pronunciarse sobre la primera fase del concurso, que incluye “criterios evaluables mediante un juicio de valor”.
En junio de 2020 se había producido un parón por el recurso de una de las empresas aspirantes, Audiovisuales Tcero SA, a la que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dio la razón. El tribunal obligó a borrar del pliego de condiciones una cláusula que contravenía la igualdad entre ofertantes. El procedimiento se reanudó una vez que el tribunal dictó su resolución el 31 de julio. Y se reabrió el plazo de ofertas. Ahora, ese plazo acabó en diciembre.
La sociedad Audiovisuales Tcero SA la conforman cuatro empresarios murcianos con idéntica representación accionarial, según fuentes del sector. Uno de ellos es Juan Francisco Zambudio, del grupo homónimo, que ejerce la presidencia. Y los otros tres son Tomás Fuertes (El Pozo), Antonio Ballester y José Hernández. Fuentes del sector aseguran que Tcero acude en solitario al concurso pero que dispone del respaldo de Mediapro, el grupo que capitanea Jaume Roures.
El recurso que hace un año obligó al Ejecutivo murciano a modificar el pliego de condiciones no es el único paso dado por Tcero en su estrategia legal sobre este concurso marcado por episodios poco comunes desde el primer momento. La compañía mantiene dos recursos ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior (TSJ) de Murcia: el primero, contra la orden que el 27 de marzo abrió el camino para que CBM siguiera gestionando 7TV; el segundo, contra la que el 29 de junio le aseguró 4,5 millones más con otra prórroga hasta diciembre. Esa última orden también ha derivado en un nuevo recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC)
Fuentes jurídicas aseguran que Tcero ha pedido al TSJ de Murcia que reclame todos los informes, correos electrónicos, actas, notas internas y cualquier tipo de documentos emitidos por la mesa de contratación y por el comité de expertos. Evitar un hipotético borrado o pérdida o destrucción es el objetivo, aseguran quienes conocen las actuaciones que se siguen en el tribunal murciano.
Pero hay más. En marzo de 2020 Tcero denunció a CBM ante el Servicio Regional de Defensa de la Competencia, adscrito a la Consejería de Empresa murciana. ¿Por qué interpuso denuncia? Porque, según lo que ha trascendido en la prensa murciana, la gestora de la televisión pública regional exige exclusividad a las productoras. Y ello, de ser cierto, implica competencia desleal.
El ex director de la TV de Murcia desmonta la "emergencia" de los contratos por los que se adjudicaron a dedo 17 millones
A raíz de esa denuncia, Competencia incoó hace cuatro meses expediente sancionador contra CBM por posible “abuso de posición dominante”. La apertura de expediente denota que los indicios detectados poseen solidez. Y que apuntan a que la actual gestora de la televisión regional ha incurrido en conductas prohibidas por la ley.
Tcero no ha accedido a ofrecer su versión de lo que está sucediendo. Tampoco los portavoces de comunicación de CBM respondieron a la llamada ni al email de infoLibre.
El pasado miércoles, el diario La Verdad publicó que el actual secretario general de Economía, Luis Alberto Marín, será el sucesor de Javier Celdrán como consejero. Pero, agregaba el diario de Vocento, el cambio "no se producirá de manera inmediata".
Diecisiete millones de euros. Hasta ahí ascienden las cinco adjudicaciones que sin concurso y por “trámite de emergencia” ha aprobado desde el 27 de marzo de 2020 el Gobierno murciano para la gestión de la televisión pública murciana. Todas ellas han sido en favor de la empresa CBM Servicios Audiovisuales SL, que en 2015 obtuvo mediante concurso un contrato que expiró de manera irreversible en abril de 2020. Filial del Grupo Secuoya, en CBM se sitúa como director general Antonio Peñarrubia, marido de Mar Moreno Zarco. En el Gobierno que preside Fernando López Miras (PP) Mar Moreno ostenta el cargo de secretaria general de Presidencia, con rango de consejera. Entre octubre de 2012 y febrero de 2013, Peñarrubia fue asesor de Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid y ahora en espera de juicio por cohecho y otros delitos relacionados con la supuesta adjudicación ilegal del conocido como el tren de Navalcarnero.