El ex director de la TV de Murcia desmonta la "emergencia" de los contratos por los que se adjudicaron a dedo 17 millones

"En 2016 remití al Gobierno regional un borrador de contrato-programa. No quisieron aprobarlo". La frase es de Juan Miguel Aguado, director general del Ente Público de Radiotelevisión de Murcia (RTRM) entre mayo de 2016 y octubre de 2019. El contrato-programa al que se refiere es el que debía suscribir el Ejecutivo autonómico con el ente público a fin de marcar las líneas maestras exigibles a quien ganara el nuevo concurso para la gestión indirecta del canal. Ahora, el equipo de López Miras aduce el retraso en la aprobación de ese nuevo contrato-programa -enero de 2020– como la causa de que en los últimos 15 meses haya otorgado por vía de "emergencia" cinco adjudicaciones sin concurso y por 17,1 millones a la empresa cuyo contrato de gestión venció de forma irreversible en abril de 2020. Esa empresa es CBM Servicios Audiovisuales SL, filial del grupo Secuoya. Al frente de CBM se sitúa como director general Antonio Peñarrubia, marido de Mar Moreno, secretaria general de Presidencia y con rango de consejera. 

En junio de 2018, Aguado ya había reclamado durante una comparecencia en la Asamblea Regional de Murcia la aprobación de un segundo contrato-programa que tomase el relevo al que estaba ya en fase de salida sin vuelta atrás. Lo dijo así: "Urge renovar el vigente contrato-programa, que fue redactado en 2014, antes incluso de la licitación del contrato de gestión indirecta del servicio público de televisión, y que se encuentra prorrogado desde enero de 2017". Pero ahora, en conversación telefónica con infoLibre, el profesor que ostentó el cargo de director general  ofrece datos que desbaratan los argumentos del Gobierno de Fernando López Miras. El borrador que en 2016 entregó al Ejecutivo regional se quedó en un cajón. ¿Por qué no se aprobó? Aguado responde de forma lacónica: "Cuando salió Andrés Carrillo [consejero de Hacienda hasta abril de 2018] la negociación se paró". Catedrático de Periodismo de la Universidad de Murcia, Aguado había recalado en la cúspide de RTRM por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios. 

El aviso que cayó en saco roto

Su aviso no se limitaba al contrato-programa. "En 2017 –detalla Aguado– ya avisé de lo ajustado en el calendario con el contrato de gestión indirecta y que sería necesario empezar en 2018 o como muy tarde a comienzos de 2019. Eso está por escrito en el informe de aquel año". Su advertencia no tuvo efectos. Pero, repasa ahora, la hizo. Y sin ambages:  "Lo dije, que si no se licitaba antes de 2019 no iba a dar tiempo", explica. El martes de la semana pasada, este periódico envió al departamento de comunicación del Gobierno murciano varias preguntas sobre las cinco adjudicaciones por trámite de emergencia que garantizan a CBM Servicios Audiovisuales SL 17,1 millones. Los portavoces del equipo de López Miras siguen sin ofrecer respuesta.

Según la Orden de la Consejería de Hacienda que en marzo de 2020 inauguró la serie de adjudicaciones directas a CBM, el concurso de gestión indirecta no se convocó antes porque había que aprobar un nuevo contrato programa. Y como en mayo de 2019 hubo elecciones autonómicas, no se nombró nuevo director general de la radiotelevisión murciana hasta octubre de ese año. Era conveniente que ese nuevo director "participara" en el contrato programa. Y por tanto, "se produjo un retraso". El Gobierno regional no dio vía libre al nuevo contrato-programa hasta el 30 de enero de 2020. Es decir, cuando faltaban tres meses para que el contrato con CBM llegase a su último día. La tramitación del anterior contrato había requerido un año tras la publicación del primer anuncio oficial.

En ese informe de 2017 de seguimiento del contrato-programa vigente para el trienio 2014-2016 y finalmente prorrogado, Aguado dejaba por escrito un dato que ahora ratifica:  que la prórroga que a partir de abril de 2017 ampliaba por tres años que CBM tuviera los mandos de la gestión la TV murciana ni siquiera se le había trasladado con papeles al ente público. "Oficialmente, ni nos comunicaron la prórroga", afirma Aguado.

En su informe sobre el seguimiento del contrato programa 2014-2016, esa afirmación ya aparece aunque con mayor sutileza en un párrafo que finaliza así: "El desempeño ulterior, ya en periodo de prórroga, de la labor de control de servicio público encomendada a RTRM por la Ley 9/2004, de 29 de diciembre y el contrato programa también prorrogado, se ha desarrollado sobre la base de la constatación de los hechos". La concesión de la prórroga, escribió en su informe y confirma ahora, se produjo sin que la Administración murciana realizase ninguna evaluación de conjunto sobre los dos años de gestión de CBM.

El siguiente informe de Aguado, el de 2018, incorpora una acusación que pasó inadvertida. Sostenía lo siguiente: "Visto también el bloqueo sistemático de cualquier reunión de la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa, que lleva dos años sin poderse reunir; la imposibilidad de redactar de forma consensuada un Contrato Programa que satisfaga a todas las partes y que responda a las verdaderas exigencias del audiovisual murciano, y la exclusión de cualquier forma de participación de RTRM en el diseño del nuevo contrato de gestión indirecta, cabe legítimamente preguntarse cuál es el verdadero papel de RTRM en el sistema de medios audiovisuales públicos de la Región de Murcia".

Lazos con Pujalte y su esposa

Quince meses después de que sin opción a nuevas prórrogas expirase el contrato con CBM, el concurso para una nueva adjudicación continúa abierto y sin fecha de resolución. Según un documento oficial del pasado 29 de junio, sigue sin haber dictamen del comité de expertos que desde enero tiene el encargo de valorar las ofertas de las empresas que aspiran a hacerse con el nuevo contrato de gestión en un concurso convocado en febrero de 2020 y que sigue hoy varado. Es el bloqueo del concurso el que ese día, 29 de junio, permitió que Javier Celdrán autorizase ese día un nuevo contrato de "emergencia" para CBM por 4,5 millones. Celdrán había anunciado por sorpresa su dimisión cuatro días antes. Su cese oficial no se produjo hasta el lunes pasado.

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A tenor de la última orden firmada por Celdrán, CBM tiene garantizado en la práctica que su nueva adjudicación llegará hasta diciembre. La compañía tampoco ha respondido aún la solicitud que este periódico le envió la semana pasada. Entre octubre de 2012 y febrero de 2013, Peñarrubia fue asesor de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Previamente, y según su perfil de Linkedin, había ejercido como director de comunicación de Segittur, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo. Ocupó el cargo en la etapa de Isabel Borrego, quien junto con su esposo –el histórico del PP Vicente Martínez Pujalte, tradicionalmente a caballo entre Alicante y Murcia– fue en 2013 una de las principales invitadas a la boda de Peñarrubia con Mar Moreno Zarco. Así lo corrobora el reportaje fotográfico del enlace y la posterior fiesta que en julio de 2013 publicó una revista murciana. La actual secretaria general de Presidencia en el Gobierno murciano también había trabajado como asesora de Isabel Borrego.

Hasta febrero de 2014, ocupó un asiento en el consejo de administración de Secuoya Miguel Ángel Rodríguez, ex secretario de Comunicación de José María Aznar y ahora jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.