La UCO desvela que la trama de Acuamed pidió un dictamen al secretario de Estado de Aguas de Aznar por su “influencia”

La cadena de altos cargos del PP cuyos nombres ha hecho aflorar el caso Acuamed acaba de sumar un nuevo eslabón. Los análisis de la Guardia Civil sobre los pinchazos telefónicos a los investigados han destapado que uno de los principales beneficiarios de la trama corrupta, el empresario Nicolás Steegman, cabeza visible de Altyum -antes, llamada Altec-, pidió un informe jurídico privado a Benigno Blanco.

Secretario de Estado de Aguas y luego de Infraestructuras bajo el mandato de Aznar como recuerda la propia Guardia Civil, Blanco "supuestamente tendría influencia hacia ciertos altos cargos de la administración". Así lo dice uno de los informes policiales incorporados al sumario. Steegman acudió a él para obtener cambios en uno de los contratos millonarios que investiga el juez Eloy Velasco y que le había sido encomendado a su compañía.

Ambos, Blanco y Steegman, habían coincidido al menos en fecha como cargos públicos de Aznar: en la segunda legislatura del hoy presidente de FAES (2000-2004) y mientras Blanco ostentaba la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Steegman ocupaba el puesto de director de Construcción de Trasagua. O sea, de la empresa pública predecesora de Acuamed.

Actualmente dedicado a la abogacía en Iuris Family Office, el bufete que encabeza Jesús Trillo-Figueroa, hermano del exministro Federico Trillo, Benigno Blanco es hoy más conocido por su drástica defensa de la "familia tradicional" y sus feroces ataques a lo que él mismo denomina  "ideología de género" que por sus dictámenes en materia hidráulica. InfoLibre intentó localizarle en su despacho el viernes y el lunes y le dejó sendos mensajes sobre el objeto de las llamadas. No las devolvió.

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Steegman buscó a Blanco para conseguir cambios en un contrato de 9,1 millones de euros adjudicado a Altec SA por Acuamed en 2013.

Se trataba del proyecto de construcción de la red de canalización diseñada para llevar agua de riego desde la desaladora de Águilas (Murcia) hasta la localidad vecina de Lorca y a Puerto Lumbreras, ambas situadas en el Valle del Guadalentín. Los regantes querían un trazado distinto a partir de la mitad de la ruta planteada. Y eso obligaba a modificar el contrato. O a resolverlo -cancelarlo- y convocar una nueva licitación, que era lo último que quería Steegman. Este diario ignora qué sucedió finalmente.

La "influencia" de Benigno Blanco  –razona la Guardia Civil basándose en las escuchas– ayudaría "a la resolución de la problemática jurídica del contrato y la justificación para que pueda continuar Nicolás Steegman con la ejecución del segundo tramo del contrato".

En una de las conversaciones intervenidas, Steegman le cuenta a su interlocutor, un subordinado suyo, lo siguiente: "Nicolás -transcribe la Guardia Civil- le comenta que tuvo noticias sobre el "famoso modificado", y que le llamó Gabriela [Mañueco, destituida como directora de Construcción de Acuamed tras el estallido del caso en enero] y que le dijo que seguían "dando por culo" con el 10%, y que le pidió informes del "tema" (Gabriela) por lo que va a designar a Benigno Blanco, ya que tiene más respeto con "esa gente" para que le hicieran un dictamen". 

Otro de los pinchazos desvela que la intervención de Benigno Blanco no era desconocida para las jerarquías del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En esta, Steegman informa al delegado de Altec sobre sus conversaciones con Liana Ardiles, directora general del Agua: "Le ha comentado lo del complementario del Cerro Colorado [el contrato para llevar agua al Valle del Guadalentín] a ver si conseguimos vencer la oposición del

abogado  y que le ha dado autorización para que Benigno Blanco vaya a hablar con la abogada del Estado para intentarla convencer...".

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El caso Acuamed ha ido creciendo en dimensiones y categoría con el paso de los meses. En enero, las primeras y ya inquietantes noticias sobre el alcance de la trama forzaron la dimisión de Federico Ramos, hasta entonces mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría y expresidente del consejo de administración de Acuamed.

Y la semana pasada, la Conferencia de Presidentes -órgano equivalente a la junta de portavoces- del Parlamento Europeo acordó por unanimidad pedir explicaciones al comisario Miguel Arias Cañete tanto por los papeles de Panamá como por Acuamed. Convertido así en el primer comisario cuya comparecencia para ser interrogado por eurodiputados en comisión parlamentaria reclama la Eurocámara, Cañete fue directamente por el denunciante del caso cuando el juez le tomó declaración.

El ingeniero Francisco Valiente, cuya denuncia activó la investigación, relató ante el magistrado que sus sospechas de fraude comenzaron cuando supo que la desaladora almeriense de Almanzora, inundada en 2012, carecía de seguro. "Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel con el ministro". "¿Qué ministro?", le preguntó el juez Eloy Velasco. "Arias Cañete", respondió Valiente.