Ulibarri cae otra vez nueve años después de saberse que era uno de los empresarios beneficiados por 'Gürtel'

Nueve años después de que en febrero de 2009 trascendiera que había sido uno de los principales empresarios beneficiados por los manejos de la trama Gürtel, el leonés José Luis Ulibarri aparece ahora situado en el centro de una segunda red de corrupción, esta dedicada a manipular adjudicaciones sobre seguridad vial en ayuntamientos de toda España y gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos.  Entre los detenidos hay alcaldes y concejales de esos tres partidos.

Bautizada como Enredadera, la operación que bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF dirige un juzgado de Badalona desencadenó este martes una treintena de detenciones, registros a 21 ayuntamientos, requerimientos a otros 18 y entradas en una docena de empresas, cinco de ellas al menos pertenecientes o vinculadas al conglomerado societario de Ulibarri.

Aunque la Operación Enredadera permanece bajo secreto, ya ha trascendido que la empresa Aplicaciones Gespol SL se presenta como la principal receptora de los contratos investigados. Aplicaciones Gespol perteneció a la compañía Bilbomática hasta que en 2016 fue adquirida por la división ambiental de Sacyr, Valoriza. Tanto la sede de Aplicaciones Gespol como la de Bilbomática y la de Valoriza figuran entre las instalaciones que ha registrado la Policía. Sus responsables constan asimismo entre los principales investigados. Los contratos investigados se extienden desde 2010 hasta ahora.

Entre los ayuntamientos bajo la lupa hay ocho de capitales de provincia. Seis de ellos se vieron alcanzados por la oleada de registros: Lleida, León, Palencia, Huesca, Oviedo y Teruel. Y a dos más –Logroño y Vitoria–, la Policía les entregó sendos requerimientos de documentación al igual que hizo con la Diputación de Alicante.

Promotor inmobiliario y propietario de varios periódicos y de la cadena de televisión privada autonómica que gestiona la concesión otorgada por el Gobierno de Castilla y León, José Luis Ulibarri se encuentra pendiente de juicio en el caso Gürtel por la denominada pieza separada de Boadilla.

En esa vista, para la que la Audiencia Nacional aún no ha fijado fecha, se enfrenta a siete años de prisión por varios delitos de corrupción derivados de la adjudicación de suelo a bajo precio que en 2005 logró del Ayuntamiento de Boadilla su empresa Begar para construir 139 viviendas.

Otra de las mercantiles con que en aquella época operaba Ulibarri y cuyo nombre afloró durante la investigación de Gürtel, Peñalba Servicios Inmobiliarios, está ahora también investigada aunque su actual denominación es otra: Enantar SA.

Todo apunta a que el empresario se sitúa en el vértice de esta red. Una de las empresas sometidas a registro es Aralia Servicios Sociosanitarios, adjudicataria de contratos públicos en diferentes comunidades y una de las compañías señeras de Ulibarri. Otras cuatro comparten domicilio social con la anterior: Utebo, Anento, Enantar y Arcor.

Entre los detenidos, además del propio Ulibarri y su hombre de confianza, Miguel Hernán Manovel, hay alcaldes, concejales y mandos de las distintas Policías Locales que encomendaron a Aplicaciones Gespol distintos servicios relacionados con la seguridad vial previo amaño presunto de los contratos. 

Fuentes jurídicas aseguraron este martes no obstante que ahora solo pasarán a disposición judicial una quincena de los arrestados. Y que lo previsto era que los restantes quedasen en libertad el martes por la noche y sean llamados a declarar ante el juez en una segunda fase.

Suspensiones de militancia y arrestos de policías

Entre las 14 personas cuyo arresto ordenó el juez de Badalona –las restantes detenciones se produjeron como consecuencia de los registros– se cuenta el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, así como sus correligionarios Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y Juan Carlos Fernández, concejal en el también municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. El partido de Albert Rivera ya los ha suspendido de militancia.

Idéntico anuncio lanzó la dirección federal del PSOE. De ese partido están investigados, al menos, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Eugenia Gancedo, y Juan José Simón, administrador de una de las compañías investigadas y que fue concejal en la también leonesa localidad de Astorga. 

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En Villanueva de la Cañada (Madrid) fue detenida la concejal del PP Julia Tortosa.

A lo largo de la jornada se sucedieron los arrestos y registros a manos de distintas Policías Locales. La primera detención que trascendió fue la del jefe de ese Cuerpo en el municipio madrileño de Fuenlabrada, feudo histórico del PSOE y uno de los 16 que en Madrid están siendo objeto de investigación. En la lista madrileña se integran localidades de importancia como Alcobendas, Parla, Torrelodones y Pinto.

Los jefes de las Policías Locales de Oviedo, Huesca, Tiana (Barcelona) y Vélez Málaga figuran en la lista de investigados.