Los ultras usan la dana para recuperar la ofensiva judicial que ensayaron en la pandemia

Primeros movimientos judiciales tras una catástrofe que ha dejado ya más de dos centenares de fallecidos. Una semana después del azote de la dana en València y Castilla La-Mancha, algunos de los colectivos que forman parte del patrio ecosistema ultra han activado ya su máquina de querellas y han comenzado a disparar a todos los niveles. Con una estrategia similar a la que ya se desplegó durante la pandemia, varias de estas entidades han interpuesto querellas contra altos cargos técnicos y políticos, algunos de ellos del Gobierno central y otros del Ejecutivo valenciano, por omisión del deber de socorro u homicidio o lesiones por imprudencia. Algunas, a partir de ese relato paralelo que se ha ido construyendo en redes sociales a golpe de bulo.

El primero en mover ficha fue el pseudosindicato ultra Manos Limpias. Lo hizo el pasado viernes, dos días después de que ríos de agua y lodo se tragasen municipios enteros. Su denuncia se dirigió contra la responsable de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo, y contra el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), Emilio Argüeso. En el caso de este último, el relato que se recoge en el escrito se centra en la tardanza a la hora de advertir a la población por parte de la entidad dependiente de la Generalitat Valenciana. El primer aviso no llegó a los teléfonos móviles hasta pasadas las 20.00 horas del pasado martes, cuando cientos de personas se encontraban ya atrapadas.

Algo más complejo de entender resultan los hechos que se atribuyen a la jefa de la Agencia Estatal de Meteorología. El pseudosindicato resalta que "expertos del todo el mundo" advirtieron de la "tragedia" que podía provocar la dana –depresión aislada en niveles altos–. Pero reconoce, al mismo tiempo, que la Aemet elevó el nivel de aviso a alerta roja a primera hora de la mañana –en concreto, lo hizo a las 7.31 horas–, antes de la tragedia. La agencia, de hecho, llevaba días avisando de la llegada de este fenómeno. "Es posible que en puntos de la vertiente mediterránea se den chubascos y tormentas fuertes, o muy fuertes, y localmente persistentes", decía el día 25. El domingo 27 y el lunes 28, lanzó dos avisos especiales en los que alertaba de que el martes sería el día "álgido".

Los hechos que pone sobre la mesa Manos Limpias juegan, del mismo modo, con la proliferación en redes de un relato que sitúa con una clara intencionalidad política la responsabilidad de la tragedia en la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Gobierno central. El mismo bebe de un vídeo, que el colectivo ultra recupera en su querella, en el que un agricultor decía que el radar de precipitaciones de la Aemet en València no funcionaba el 25 de octubre, cinco días antes de la catástrofe, lo que ha permitido trasladar la idea de que se estuvo a ciegas en los momentos previos a la emergencia. Pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que un rayo, y así lo explicó la propia agencia, dañó la línea eléctrica que lo alimentaba. Sin embargo, el mismo estuvo funcionando de manera ininterrumpida desde la mañana del 28 de octubre.

Conspiranoicos contra Sánchez, Marlaska y Mazón

Una ofensiva judicial a la que se ha sumado en las últimas horas Iustitia Europa. Inscrita oficialmente en el Registro de Partidos a finales de enero, esta formación de nuevo cuño, que al igual que Manos Limpias ejerce como acusación popular en el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, esta formación se caracteriza por su rechazo a la Agenda 2030 o a la política de vacunación durante la pandemia. Un partido que en las elecciones europeas consiguió menos de 27.000 sufragios y que se mueve, por tanto, dentro de ese universo negacionista y conspirativo que ha ido floreciendo en medio mundo y que un día habla de chemtrails y al otro de "terapias naturales", fraude electoral o "estafa climática".

Iustitia Europa, cuya cara visible cuenta con el aval de la agitadora ultra Cristina Seguí, ha presentado dos querellas. La primera, interpuesta ante el Supremo, se dirige contra el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los que se acusa de omisión del deber de socorro, prevaricación y lesiones y homicidios por imprudencia. En el escrito consideran una "abdicación de sus deberes de protección" que no se declarara la situación de emergencia nacional. Dicha declaración corresponde por ley, bien a iniciativa propia o a instancia de las comunidades autónomas o los delegados del Gobierno de los distintos territorios, al titular de Interior, quien tras decretarla asumirá las riendas de una gestión que hasta este momento ha estado en manos de la Generalitat.

El Ejecutivo central, según el diario El País, valoró la misma noche de la catástrofe declarar esa "emergencia de interés nacional". Algo que, finalmente, descartó por considerar que una declaración unilateral de este tipo habría sido como "aplicar un 155" a la comunidad autónoma. El Ejecutivo valenciano del PP, que decretó tras las inundaciones el nivel dos de alerta –puede pedir medios al Estado pero conservando el mando de la gestión–, no ha solicitado hasta el momento que se dé ese paso. Algo que sí han exigido, sin embargo, desde Génova. "Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es?", ha afirmado este lunes el líder de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido estar unidos en el "dolor" como un "único pueblo".

Contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, va dirigida, precisamente, la segunda querella del partido ultra. Interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, acusa al barón del PP de "abandono absoluto" en la gestión de la emergencia. "Ignoró la gravedad de la dana y las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova)", resume Iustitia Europa en un comunicado, en el que critica que Mazón no haya "solicitado el estado de alarma". Hace tres días, esa misma formación política publicaba un vídeo en el que decía que no era "el momento" de "buscar responsables".

Apuntan en la denuncia que el jefe del Ejecutivo valenciano "subestimó los riesgos" en sus comparecencias públicas, en alusión a aquella declaración en la que aseguraba que la alerta roja estaría, en principio, hasta las 18.00 horas –cuando lo peor de la dana estaba aún por llegar–. Y también critican que solicitase tarde la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En este sentido, Mazón ha señalado este lunes que la Generalitat solicitó la presencia de la UME el pasado martes a las 15.21 horas. Y que una vez que se activa, tiene que ser el "mando operativo" de la misma el que solicite refuerzos. Unas declaraciones a las que ha respondido horas después el general jefe de la UME: "Quien dirige la emergencia y a dónde vamos y no es la comunidad autónoma. [...] Es el director de la emergencia quien da la autorización para entrar en la zona afectada".

Estas declaraciones contrastan con el contenido de otra supuesta denuncia que se ha encargado de difundir en redes sociales un subinspector de Policía que fue candidato de Vox en las elecciones generales de 2019. Interpuesta por una particular en la comisaría del aeropuerto de Barajas, y cuya veracidad ni confirman ni desmienten desde el cuerpo, acusa a Sánchez, Marlaska y Margarita Robles –ministra de Defensa– de haber "retenido los recursos disponibles del Estado para el salvamento de personas atrapadas y desaparecidas", cuando lo cierto es que, por ejemplo, la UME se desplegó en cuanto tuvo luz verde de la Generalitat. Una denuncia fechada en la tarde del 1 de noviembre que, además, señala falsamente que es "público y notorio" que el Ejecutivo valenciano "ha requerido y solicitado que se active el estado de alarma".

La estrategia de pandemia

Antes de la trágica dana, la última gran catástrofe que se vivió en España fue la pandemia. Y también ahí la ultraderecha desplegó una intensa ofensiva en los tribunales. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, se personó como acusación popular en el caso 8-M, que se impulsó contra el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por no haber impedido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellos la marcha feminista. Un caso que finalmente acabaría siendo archivado: "Ninguna persona física o jurídica, pública o privada instó del delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones".

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La misma suerte corrieron las decenas de querellas que se interpusieron contra otros cuantos miembros del Ejecutivo central, de Gobiernos autonómicos o autoridades sanitarias. En la nómina de denunciantes y querellantes se encontraban sospechosos habituales: Vox, HazteOír, Abogados Cristianos, Pro-Lege... Pero chocaron con la Sala de lo Penal del Supremo: "La afirmación de que uno u otro miembro del Gobierno es autor de tantos delitos de homicidio o lesiones como víctimas se han producido en la pandemia, exigiría acreditar en términos médicos que el contagio que desencadenó el daño en todas y cada una de las víctimas tuvo su origen inmediato en decisiones u omisiones gubernamentales que precipitaron el fatal desenlace. Sin embargo, el estado actual de la medicina no permite proclamar ese enlace causal".

Y luego vinieron las vacunas. El 17 de marzo de 2023, por ejemplo, la Asociación Liberum, bajo la dirección letrada de Luis María Pardo –ahora presidente de Iustitia Europa–, formuló en el Supremo una querella contra, entre otros, Sánchez, Pablo Iglesias –quien fuera vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales en pandemia–, Salvador Illa –ministro de Sanidad en pandemia–, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presidenta de la Comisión Europea y hasta la directora de la Agencia Europea del Medicamento. En ella, en palabras del Alto Tribunal, se dibujaba la "existencia" de una "confabulación" de gobernantes, farmacéuticas y medios de comunicación para "ofrecer un relato único sobre el origen y la bondad de las actividades médicas y de investigación realizadas para la obtención de vacunas".

El escrito señalaba la existencia de "publicidad engañosa" sobre las "ventajas de la vacunación" que propiciaba una "falsa seguridad" y creaba un "caldo de cultivo" para el "odio y la estigmatización" de los no vacunados. Y cuestionaba la acción del Gobierno y de la Unión Europea en la compra de las vacunas. El Supremo, sin embargo, no dudó en dar carpetazo al asunto por no presentar los hechos narrados en base a recortes de prensa indicios de delito: "Las imputaciones son extremadamente genéricas". "La calificación jurídico-penal de un hecho no puede hacerse depender de la indignación colectiva por la tragedia ni por el legítimo desacuerdo con decisiones del gobierno que pueden considerarse desacertadas", sentenció el Alto Tribunal.