Unidas Podemos prepara con colectivos sanitarios una ley para impedir más privatizaciones y revertir las ya existentes

Unidas Podemos (UP) pisa el acelerador en el terreno sanitario con la elaboración de una ley contra la privatización del sistema público. La norma, que todavía no ha sido negociada con los socialistas, impide "privatizar" centros y servicios sanitarios y establece una habilitación a las comunidades autónomas para que lleven a cabo los procesos de reversión de privatizaciones ya realizadas. La coalición liderada en el Gobierno por Yolanda Díaz prevé recoger ahora las aportaciones de colectivos en defensa de la sanidad pública, sindicatos y partidos, explica Amparo Botejara, responsable de Sanidad de Podemos.

La ley se empezó a dar a conocer entre los asistentes a unas jornadas de UP sobre la desprivatización celebradas el viernes en el Congreso, añade Botejara, que señala que el texto queda ahora abierto a las aportaciones de los colectivos y a la negociación con el resto de grupos, especialmente con el PSOE. La puesta en circulación de la ley supone un paso al frente de UP, que reivindica que su norma da cumplimiento al acuerdo de Gobierno de PSOE y UP. Botejara mantiene un discurso conciliador, expresando su confianza en un acuerdo con los socialistas y sin presentar la elaboración de la ley como una acción de presión sobre el socio mayoritario. No obstante, en UP hay voces que apuntan a que el grupo que engloba a Podemos e IU ha dado el paso ante lo que consideran excesiva lentitud del PSOE y del Ministerio de Sanidad en un asunto crucial para el Estado del bienestar, más aún cuando los intereses privados están presionando fuertemente para ganar posiciones a costa de una sanidad pública deteriorada por el impacto de la pandemia.

La norma tiene muy presentes a los colectivos, claves en el escenario de negociación que se abre ahora. De hecho, los menciona. La ley señala que "la defensa de los servicios públicos en nuestro país, desde paradigmas renovados como las reivindicaciones de lo común y de los cuidados, ha experimentado en los últimos años un nuevo impulso cívico, que engarza con las luchas sociales que hicieron posible la democracia, a partir del movimiento 15M y, en el caso de la sanidad, de la movilización de las mareas blancas".

La sanidad "no puede ser objeto de negocio"

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso infoLibre, señala en su exposición de motivos que, bajo la coartada de la "flexibilidad o la desburocratización", los intereses privados han ido adueñándose de espacios de la sanidad pública de una forma que "socava el interés general". La ley de UP afirma: "La presente ley cristaliza la arraigada y profunda convicción social de que la sanidad pública no puede ser objeto de negocio, sino que encarna un sentido de ciudadanía democrática que debe orientar a las instituciones para trabajar en su defensa y mejora continua. Y lo hace asumiendo la evidencia contrastada de que sólo la provisión y gestión públicas de la asistencia sanitaria garantiza la equidad, la cohesión y la calidad del sistema, sin las distorsiones y disfunciones que conllevan las privatizaciones".

El el modelo español de gestión pública fue "quebrantado" por la ley de José María Aznar (PP) de 1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS), expone la norma. El acuerdo de Gobierno de PSOE y UP ya recoge el compromiso de "revisar" dicha norma, al considerar que favorece la privatización del sistema. UP va aún más lejos y en su norma recoge la derogación. ¿Por qué? Porque la ley de Aznar "ha servido de paraguas a modelos de gestión indirecta [...] a través de empresas privadas, como las Iniciativas de Financiación Privada y Partenariados Público- Privados (PFI y PPP, por sus siglas en inglés), que reducen los controles públicos, introducen el lucro como motor de conducta y contribuyen a empeorar las condiciones de trabajo del personal sanitario", señala la norma, que ahora es un borrador abierto a aportaciones y negociación.

Impedir y revertir

La proposición de ley "consagra el carácter común, ordinario y preferente de la modalidad de gestión pública directa con la finalidad de asegurar la equidad y la calidad del sistema". Lo hace mediante la prohibición de "privatizar los centros, servicios y establecimientos sanitarios que se creen o en la actualidad se gestionen directamente".

"En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta, mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula, los servicios, centros y establecimientos sanitarios que se creen o se estén gestionando de forma directa en el marco del SNS", señala la norma. A pesar de esta redacción, la norma no excluye totalmente y en cualquier circunstancia la posibilidad de una colaboración público-privada, si bien tendría que hacerse bajo los requisitos de la Ley de Sanidad de 1986, señalan fuentes conocedoras del proceso de elaboración del texto.

Lo recogido en el anterior párrafo concierne a lo que ahora mismo es público. Pero, ¿y lo ya privatizado? "Las comunidades autónomas podrán llevar a cabo procesos de desprivatización [...] en el marco del ordenamiento jurídico", señala a ley, que obliga a las distintas autonomías a "publicar información accesible y comprensible sobre las modalidades de gestión empleadas en sus respectivos servicios de salud [...] incluidos los conciertos y convenios". La norma pretende con ello poner fin a la opacidad y enmarañamiento de la gestión sanitaria, reiteradamente denunciada por los colectivos contrarios a las privatizaciones.

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La norma de Unidas Podemos, coalición minoritaria dentro del Gobierno, prevé la modificación de la ley de 2003 de cohesión y calidad del SNS para introducir la obligación de "evaluar el impacto sobre el sistema sanitario público" de todas las gestiones indirectas. También cambia la ley de contratos del sector público de 2017 para excluir la posibilidad de utilizar el contrato de concesión de obras para la construcción o explotación de centros y establecimientos sanitarios del SNS.

La norma también prevé que los nuevos funcionarios incluidos en el sistema mutualista –Muface, Isfas y Mugeju– reciban la atención sanitaria directamente del SNS. Botejara (Podemos) explicaba, en una reciente entrevista con este periódico, los motivos de esta pretensión: "Se trata de que las personas que entren a formar parte del cuerpo de funcionarios entren al sistema sanitario público. No nos parece correcto que haya 2 millones de personas que crean una clara inequidad, con opciones que el resto de la población no tiene como 20 consultas de psicólogo al año o una habitación individual con cama para acompañante. Las mutualidades provocan una inequidad que no comprendemos".

A esta norma, Podemos suma su voluntad de suprimir las desgravaciones por la contratación de seguros de salud privados, que ahora mismo viven una fuerte expansión.