La muerte del mantero Mmame Mbage sigue generando reacciones, y este lunes fue Unidos Podemos quien movió ficha. La coalición morada presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar el Código Penal y despenalizar la venta ambulante al por menor, para evitar que –como ocurre ahora mismo– la actividad de los manteros pueda costarles hasta dos años de cárcel. La propuesta de Unidos Podemos busca que vender mercancía en la calle sin autorización no sea punible cuando el beneficio sea menor a 400 euros, y abre la puerta a que la justicia revise las condenas firmes ya dictadas contra vendedores ambulantes por esta actividad.
Desde que se conoció la muerte de Mbage la semana pasada, Podemos ha pedido en reiteradas ocasiones que se investigue lo sucedido y que se tomen medidas para evitar que se repita, y este mismo lunes, la portavoz de la ejecutiva del partido morado, Noelia Vera, aseguró que la actual ley "busca criminalizar el único medio de subsistencia de un sector altamente vulnerable". Y es que el fallecimiento del mantero, señaló Vera, pone el acento en "un debate de fondo" que tiene que ver con la "precariedad y miseria a la que estos compañeros están siendo condenados desde hace mucho tiempo".
En este sentido, la proposición de ley de Unidos Podemos plantea reducir la pena máxima a la que pueden enfrentarse quienes vendan este tipo de productos, que pasaría de los actuales dos años de cárcel a tan sólo uno y que podría sustituirse con un máximo de 80 días de trabajos "en beneficio de la comunidad" en "atención a la escasa entidad del hecho". Pero, especialmente, la reforma busca incluir en el Código Penal la salvaguarda de que vender productos de imitación o que infrinjan la propiedad intelectual no será punible "en ningún caso" cuando "el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros".
La proposición de ley –que, al modificar una ley orgánica como el Código Penal, necesitaría de la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobada– establece, además, que los manteros juzgados por vender mercancía antes de la eventual entrada en vigor de la reforma serán juzgados con la norma actual, pero también señala que se les aplicaría la despenalización que promueve Unidos Podemos "aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad" a su aprobación. La segunda disposición plantea, por su parte, que los jueves "procederán a revisar las sentencias firmes" ya dictadas contra los manteros, "aplicando la disposición más favorable" que establezca la modificación del Código Penal que promueve Unidos Podemos.
El castigo de hasta dos años de cárcel para los manteros sin tener en cuenta el beneficio obtenido por sus ventas lleva aplicándose apenas dos años, desde que el PP lo aprobó en 2015 en los últimos meses de la mayoría absoluta que disfrutó en el Congreso desde las elecciones generales de 2011. Ahora mismo, el Código Penal establece que la venta "ambulante u ocasional" de productos de imitación o que infrinjan la propiedad intelectual estará castigada con "pena de prisión de seis meses a dos años", aunque también se explicita que "atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, [...] el juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días".
De hecho, lo que hicieron los conservadores fue convertir de nuevo en punible una conducta que fue delictiva desde 2003 hasta 2010. Ese año, la presión de colectivos sociales para despenalizar la venta ambulante al por menor llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a aprobar una reforma del Código Penal en la que la venta de este tipo de productos "al por menor" dejaba de ser un delito y pasaba a ser una falta cuando el beneficio no superase los 400 euros. En estos casos, los manteros podían ser castigados con una pena de "localización permanente de cuatro a 12 días" o con una "multa de uno a dos meses" de duración, pero no con cárcel.
La Ley de Extranjería, en el punto de mira
Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, se muestra favorable a la iniciativa de Unidos Podemos y afirma en declaraciones a infoLibre que "está bien empezar" despenalizando la actividad de estos vendedores ambulantes. No obstante, Gueye denuncia que en la actualidad existe una "criminalización de la pobreza" por parte de la Administración, y exige en nombre de su colectivo "acabar con la persecución policial". "El problema no es que la gente venda, sino por qué vende", apunta el portavoz.
Y es que el principal objetivo del Sindicato de Manteros es la derogación de la Ley de Extranjería, que impide a los inmigrantes indocumentados regularizar su situación si no tienen un contrato de trabajo indefinido. "Sin permiso de trabajo, la venta ambulante es de las pocas actividades laborales que pueden desarrollar estas personas para la obtención de un sustento precario", argumenta Unidos Podemos en su proposición de ley. Pero es que ser manteros, recuerda la coalición, puede incluso terminar impidiendo a estos inmigrantes conseguir los papeles, ya que ser condenados por vender ilegalmente "les genera unos antecedentes penales que les imposibilitan regularizar su situación".
Lo que hacen Barcelona y Madrid contra los manteros (y lo que no)
Cientos de personas solo en Madrid y Barcelona
No existen cifras claras sobre el número de inmigrantes afectados por esta situación. Este lunes, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, afirmó que en la capital venden su mercancía unos 150 manteros, pero Gueye asegura que la cifra no baja de las 500 personas. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona sostiene que el número de manteros en la ciudad oscila entre los 200 que venden en invierno –cuando la afluencia turística es menor– y los cerca de 400 que lo hacen en verano.
De lo que sí existen registros más exactos es del número de intervenciones policiales contra estas actividades. Según datos oficiales del consistorio madrileño, en 2017 la Policía Municipal realizó un total de 11.849 intervenciones contra manteros, un aumento de nada menos que el 43% con respecto a las 8.274 ejecutadas en 2016. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, sostiene que actuó en un total de 63.971 ocasiones el año pasado contra vendedores ambulantes, aunque hace hincapié en que la mayor parte de estas intervenciones fueron para requisar productos de alimentación a los conocidos como lateros. La corporación dirigida por Ada Colau detalla que se decomisaron unas 463.000 bebidas, en torno a 38.500 productos de bisutería, unos 26.000 juguetes y cerca de 24.000 prendas textiles en estas intervenciones.
La muerte del mantero Mmame Mbage sigue generando reacciones, y este lunes fue Unidos Podemos quien movió ficha. La coalición morada presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar el Código Penal y despenalizar la venta ambulante al por menor, para evitar que –como ocurre ahora mismo– la actividad de los manteros pueda costarles hasta dos años de cárcel. La propuesta de Unidos Podemos busca que vender mercancía en la calle sin autorización no sea punible cuando el beneficio sea menor a 400 euros, y abre la puerta a que la justicia revise las condenas firmes ya dictadas contra vendedores ambulantes por esta actividad.