Lo que hacen Barcelona y Madrid contra los manteros (y lo que no)

Es pleno verano, las grandes capitales españolas se llenan de turistas y la venta ambulante ilegal, el conocido como top manta, se dispara. En los últimos días, tanto en Madrid como en Barcelona se han producido choques entre los manteros y algunos turistas que han acabado con los visitantes en el hospital, y las asociaciones de comerciantes han redoblado sus reivindicaciones ante lo que, consideran, es competencia desleal por parte de los vendedores ambulantes ilegales. Los ayuntamientos madrileño y barcelonés aseguran que están tomando medidas sociales y coercitivas para evitar estos problemas, pero insisten en que únicamente la acción policial no soluciona el conflicto y se muestran reacios a ordenar grandes redadas contra los manteros.

Ya hace años que el número de vendedores ambulantes irregulares crece con la llegada de la temporada turística. Pero este año, los habituales roces entre manteros y comerciantes han dado paso a problemas mayores. El pasado jueves, un turista estadounidense resultó herido tras una trifulca con varios vendedores ilegales –el visitante asegura que fue a defender a una mujer que discutía con los manteros, mientras estos argumentan que fueron atacados primero por dos turistas borrachos–, y el pasado 12 de julio una turista sevillana fue supuestamente arrollada en Madrid por una decena de vendedores que huían de la persecución policial. 

"Ya no se trata solo de un problema para los comerciantes, sino que está suponiendo un problema de seguridad", argumenta a este respecto Joan Carles Calbet, presidente de la asociación de comerciantes RetailCat, que asegura que en los últimos tiempos la cifra de manteros en Barcelona se ha disparado. "Top manta siempre ha habido, el problema es que desde hace meses el problema se ha ido de madre y ahora hay muchísimos manteros, calculamos que más de 2.000 en Barcelona", sostiene Calbet. El ayuntamiento de la capital catalana ni confirma ni desmiente esta cifra, mientras el de Madrid sostiene que el número de manteros en la ciudad es mucho menor y fluctúa entre 150 y 200 personas, según el momento del año.

Los consistorios son quienes tienen las competencias para regular la venta ambulante, y tanto la corporación madrileña como la barcelonesa cuentan con ordenanzas que castigan las actividades del top manta. En el caso de Barcelona, su legislación prohíbe expresamente "la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos", salvo que se cuente con autorización, y castiga con multas de hasta 500 euros tanto a quien venda como a quien compre en la manta. Por su parte, la ordenanza reguladora de la venta ambulante de Madrid considera falta grave (con sanciones de entre 150 y 1.200 euros) vender productos en la calle sin tener permiso para ello ni pagar impuestos.

Además, el Código Penal castiga desde 2015 –cuando fue reformado en solitario por el PP– con hasta dos años de cárcel la venta en el top manta sin tener en cuenta el beneficio obtenido por la misma. Ahora mismo, la ley establece que la venta "ambulante u ocasional" de productos de imitación o que infrinjan la propiedad intelectual estará castigada con "pena de prisión de seis meses a dos años", aunque también se explicita que "atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, [...] el juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días".

Una actuación policial en entredicho

Los datos oficiales del ayuntamiento de Madrid sostienen que, en 2017, la Policía Municipal realizó un total de 11.849 intervenciones contra manteros. Por su parte, según un portavoz del ayuntamiento de Barcelona, en 2017 el consistorio impuso en torno a 70.000 sanciones por venta irregular de productos en la calle, si bien, el pasado marzo, la corporación dirigida por Ada Colau hablaba de una cifra algo menor que ascendía a 63.971 intervenciones. La mayoría de ellas no fueron contra manteros, sino para requisar productos de alimentación a los conocidos como lateros, que venden comida y bebida en la calle.

El consistorio detallaba entonces que en 2017 se decomisaron unas 463.000 bebidas, en torno a 38.500 productos de bisutería, unos 26.000 juguetes y cerca de 24.000 prendas textiles en estas intervenciones. Además, un portavoz del ayuntamiento de Barcelona sostiene que se han destinado en los últimos meses 70 agentes más de la Guardia Urbana a la vigilancia de Ciutat Vella (el casco histórico de la ciudad) y que se han pagado hasta 12 millones de euros en horas extra a los agentes municipales para combatir el auge de la venta ambulante ilegal.

Pero los comerciantes arguyen que la actuación policial es, cuanto menos, insuficiente para combatir el top manta. "Yo entiendo que es un problema complicado, pero si no hay una intervención decidida esto no se va a solucionar", lamenta Joan Carles Calbet, que sostiene que el ayuntamiento de Barcelona tiene "buenas palabras pero pocas acciones, y eso genera un efecto llamada" que provoca que "manteros de toda Europa" vayan a vender a la Ciudad Condal. Y frente a eso, sostiene, "la policía ha tenido hasta ahora órdenes de no actuar, y ahora hay tantos que temen que disolverlos genere disturbios", además de que "se advierte de que se pueden imponer multas a los compradores, pero nunca se han aplicado".

Los ayuntamientos ponen el foco en el problema social

El consistorio barcelonés niega haber instruido a la Guardia Urbana para que haga la vista gorda con los manteros. Pero las fuentes consultadas sostienen que se utiliza un "criterio policial" que conlleva que, antes de actuar, se valore la "proporcionalidad" y oportunidad de tomar medidas contundentes como podría ser una redada. "Se hacen intervenciones, pero si eso no implica generar un problema mayor de seguridad o un disturbio", explica un portavoz del ayuntamiento de Barcelona, un planteamiento con el que coincide la corporación madrileña: "se utilizan criterios de proporcionalidad y oportunidad, y eso significa que es mejor utilizar patrullas disuasorias que grandes operativos".

Orden y seguridad

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Pese a las críticas de PP y Ciudadanos, que han acusado al Gobierno municipal de "hacer la vista gorda" con los manteros y provocar un "problema de seguridad", Madrid ni se plantea reformar sus ordenanzas para multar a quienes compren en el top manta, a diferencia de lo que hace –al menos teóricamente– Barcelona. "Creemos que esas medidas no funcionan", sostiene un portavoz del ayuntamiento, que plantea que para acabar con el problema es necesario atacar a su raíz, es decir, a los motivos por los que los manteros venden.

"La totalidad de los manteros quieren salir de la manta", aseguran estas fuentes, que hacen hincapié en medidas "sociales" puestas en marcha por el ayuntamiento. En este sentido, el ayuntamiento de Madrid puso en marcha hace unas semanas la tarjeta de vecindad, una suerte de DNI municipal a la que pueden acceder los inmigrantes irregulares y que da acceso a los servicios municipales a su portador.

Igualmente, un portavoz del consistorio de Barcelona sostiene que "reducir este problema a un asunto policial" es minusvalorarlo. Estas fuentes aseguran que el ayuntamiento dirigido por Colau están a favor de que se apliquen las medidas discutidas con el Síndic de Greuges de Cataluña –el equivalente al Defensor del Pueblo–, que en julio recomendó a las administraciones otorgar permisos temporales de trabajo a los manteros para regularizar su situación, además de aplicar sanciones en materia de comercio y consumo y realizar campañas informativas.