10 propuestas para mejorar un ecosistema mediático en el que ya es difícil respirar
Este miércoles 18 de diciembre tuve la oportunidad de comparecer en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática del Congreso de los Diputados. Hay abierto, por fin también en España, un debate sobre la desinformación y la limpieza en el debate público que interpela directamente a los medios de comunicación y condiciona el trabajo de los periodistas. En infoLibre defendemos que hace falta mejorar el terreno de juego para dejar de subvencionar la mentira o las trampas en busca de publicidad institucional. Desde luego, el mercado no se regula solo y el marco actual posibilita la exhuberancia de los bulos que envenenan la democracia. Es más, es un negocio muy lucrativo, económica y políticamente.
Nosotros, como dice Jesús Maraña, nos equivocamos, pero no metimos, por eso este periódico nunca ha sido condenado por ningún delito relacionado con la praxis periodística. Y nuestro primer ingreso son las cuotas de las socias y socios. Aquí queda la transcripción de mi intervención ante los grupos políticos, con 10 propuestas que, creo, podrían mejorar un poco, o mucho, la calidad de nuestro debate público.
Siendo nieto de personas muy, muy humildes, que lamentablemente conocieron demasiado bien la pobreza, e hijo de unos padres que pudieron estudiar gracias a becas y ayudas públicas, es realmente un honor ser citado en una sesión formal del Congreso de los Diputados porque crean que algo les pueda aportar. Y que sea para analizar un asunto tan importante como la desinformación y los medios de comunicación.
Es extraño estar al otro lado. Se me hace muy raro hacer yo una exposición y que ustedes hagan las preguntas. Me impone cierto respeto, pero les propongo que esto no sea el sino de los tiempos. Que no sea una de esas tertulias, de esos zascas cruzados en redes sociales donde no se sabe quién es el político y quién el periodista. Pocas cosas más importantes que el saber estar. Cada uno donde la corresponde.
También les propongo conversar lejos del partidismo, porque este Congreso de los Diputados debe hacer leyes para todas y todos, aspirando a representar el sentir del momento, sí, pero también buscando cuidar consensos básicos y amplios sobre derechos fundamentales que no estén al albur de mayorías coyunturales. Y el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, que no el derecho a mentir, está consagrado en la Constitución de 1978. Son ustedes, señorías, las llamadas a preservar ese derecho.
¿Supone hoy la desinformación un riesgo especialmente relevante? Es una pregunta pertinente, porque de la respuesta concluiremos si hay que hacer algo o no.
Para mí, es un sí claro. La desinformación existe desde siempre. Un político que dice lo que no es, un medio que manipula, incluso campañas orquestadas entre políticos y periodistas en torno, por ejemplo, a unas elecciones... Nada nuevo bajo el sol. Tampoco en España.
Pero la desinformación es particularmente relevante hoy porque puede poner en riesgo nuestro sistema democrático, especialmente en momentos de crisis. Ahí está la clave, en la capacidad de disrupción. Cuando un número relevante de ciudadanos pone en riesgo el resultado electoral, como ocurrió en EEUU hace cuatro años, hasta el punto de asaltar el Capitolio, la democracia está en riesgo. Y no por el hecho en sí, que también, sino por la estrategia previa, muy trabajada y amplia.
Cuando hay partidos que en España ponen en duda nuestro sistema de recuento de votos, o el voto por correo, hay medios importantes que lo difunden, la democracia puede estar en riesgo.
Cuando deliberadamente noticias falsas, que desvían la atención o que promueven el descrédito generalizado se imponen, pasan de ser una cuestión de minorías a condicionar al conjunto de un país, la democracia en su conjunto sufre. Sobran ejemplos de desinformación: en torno al covid o a la efectividad de las vacunas, algo que potencialmente ponía en riesgo la salud pública; o en torno a la dana en Valencia, llegándose incluso a hablar de ocultamiento de muertos, algo que puede poner en riesgo la confianza imprescindible en las instituciones en un momento en el que son vitales para salvar vidas y recuperar una cierta normalidad.
Lejos ha quedado la imagen de toda una familia, desde los abuelos a los nietos, reunida ante la televisión como una suerte de minisociedad frente a un único canal. Hoy, las audiencias están fragmentadas hasta generar burbujas. Las pantallas se multiplican y todos tenemos una en el bolsillo o, en realidad, en la mano constantemente. Y los emisores también se han multiplicado, con lo que todo es a la carta.
La tecnología, que permite algo tan positivo como una expansión de la información nunca vista en la Historia, también abre la puerta a la manipulación. Los medios de comunicación siguen siendo importantes, pero menos, porque han cometido errores y perdido prestigio al tiempo que emergían nuevas formas de recibir información a menudo ajenas a cualquier control.
Ya tenemos, pues, los elementos de la tormenta perfecta: una tecnología habilitante como nunca antes, intereses de potencias extranjeras o actores domésticos que, gracias a ella, pueden abrirse paso como nunca antes y la popularización de redes sociales con más importancia y usuarios que nunca, pero con pocas reglas, articuladas a través de audiencias fragmentadas que a veces no hablan entre sí. Por último, están los medios de comunicación, más débiles por un peso propio decreciente, que acusan la precariedad y en algunos casos el descrédito, más expuestos que nunca a todos los actores anteriores.
El Digital News Report 2024 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford explica bien las consecuencias. Son una sensación de toxicidad que lleva al fenómeno de la aversión a los medios y a las noticias. En España, un 44% de los encuestados asegura tener fatiga informativa. Un 37% de los encuestados procura evitar noticias de forma habitual, ocho puntos más respecto al año pasado. Entre los menores de 34 años, el porcentaje es 7 puntos mayor. España está entre los países con más fatiga informativa y siete de cada 10 ciudadanos aseguran estar preocupados por los bulos, según el informe.
Si al principio bromeaba con que hay veces en las que periodistas y políticos se parecen demasiado, también hay medios de comunicación indistinguibles de cualquier otro emisor, sea de información o de desinformación. Les pongo un ejemplo habitual: cuántas veces no hemos hablado con esa amiga o amigo que nos pregunta alarmado por una información que nosotros sabemos que es falsa y que tiene que ver con la política o los medios. Y cuando le preguntamos: “¿Pero eso tú dónde lo has leído?", la respuesta que sigue es: “En el whatsapp”. O “Me lo ha mandado fulanito”, sin tener noción alguna de la fuente o, a secas, “en internet”, como hace décadas se hablaba de “la televisión” o “el parte”.
En ocasiones, tan acrítica es la credulidad concreta como potente acaba siendo la incredulidad general, la sensación de que nada significa nada
En ocasiones, tan acrítica es la credulidad concreta como potente acaba siendo la incredulidad general, la sensación de que nada significa nada, de que no hay de quién fiarse. Y ahí es cuando estamos perdidos, los medios, la política y, en consecuencia, la democracia.
Menudo panorama, ¿no?
Les diría que, pese a todo, hay motivos para la esperanza. Y la esperanza, que debe ser algo profunda y hondamente político, se encuentra, además de en la confianza en una sociedad democrática como la nuestra, en este Congreso de los Diputados. Sí, se encuentra en ustedes, claro, ¿en quién si no?
Porque, diagnosticado el problema, la pregunta es qué hacer. A menudo se escucha aquello de que no hay que hacer nada. Que toda intervención es control. ¿Quiénes se creen los poderes públicos para interferir en algo sagrado? Ya saben: la mejor ley de prensa es la que no existe.
Ese planteamiento puede ser biempensante o ingenuo, pero desde luego es una trampa. Para empezar, porque ya hay normas y una extensísima jurisprudencia que regulan y desarrollan el derecho constitucional. Leyes sobre el derecho al honor, las injurias y calumnias, la revelación de secretos, el secreto profesional, el derecho de rectificación... por no hablar de las licencias de radio y televisión o de las leyes de publicidad institucional que condicionan todo el sector.
En otras palabras: los periodistas defendemos nuestra libertad de expresión, no queremos que nos digan lo que debemos publicar, pero no operamos en el vacío. En todas las democracias hay leyes sobre todo. Sobre esto, también.
La pregunta no es si hay que regular sino cómo hay que hacerlo. No caigamos en el mantra neoliberal y caduco de que el mercado se regula solo. O en ese otro, sobre el cambio climático, que dice que a lo largo de la historia siempre ha habido variaciones y que no hay que preocuparse.
La información es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado, que significaría, como siempre, dar más poder a los más poderosos
Vivimos un cambio climático de la información y lo público no puede estar al margen. La información es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado, que significaría, como siempre, dar más poder a los más poderosos, generalmente por encima, cuando no a costa, de los intereses del conjunto de la ciudadanía.
Para que esta intervención no se quede en una reflexión más o menos general, vengo con 10 propuestas concretas que he sintetizado en un documento que pondré a disposición del señor presidente y que les enviaré gustoso a los portavoces o grupos que tengan interés.
Son propuestas que, creo yo, mejorarían el ecosistema mediático y el debate público independientemente de que cualquiera de los partidos aquí representados, para disgusto de todos los demás, dispusiera de una mayoría absoluta y, por tanto, amplias posibilidades de arrimar el ascua a su sardina.
1. Blindar y completar el Reglamento europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación
No puede ser que un consenso europeo, sobre reglas muy básicas, que reúne a partidos, instituciones y latitudes tan diferentes, se convierta en un juguete más de la lucha partidista. Aunque lo impulse el Gobierno o, si lo prefieren, incluso aunque el Gobierno tuviera la tentación de instrumentalizarlo.
Lo que más aporta este reglamento es transparencia: sobre la propiedad real y última de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un ciudadano curioso no tenga acceso, en un par de clicks, a esa información y deba emprender para conocerla sus propias pesquisas online o, incluso, acudir al registro?
Lo mismo con la publicidad institucional: ¿cómo es posible que, aún hoy, no sepamos cuánto dinero recibe cada medio de administraciones o empresas públicas? ¿Qué liberal podría oponerse a la transparencia?
El reglamento es de obligado cumplimiento, ya está en vigor y en agosto todo su contenido será de aplicación. Será importante, pero es esencial creérselo, respetarlo y completarlo en cada país miembro.
2.Cambio en la medición de audiencias
La actual medición de audiencias digitales y, en especial, su peso determinante en el acceso a la publicidad institucional, no tiene ningún sentido. Y lo primero es tener un mapa realista.
El modelo favorece a los medios capaces de generar clicks por cualquier vía, aunque sea a través de contenidos falsos o de otros ciertos pero que no son leídos por usuarios, a los que se atrae a través de engaños y que, cuando se dan cuenta, cierran de inmediato la pestaña. Medios que falsean su apuesta a través de la indexación sin límites o la integración de contenidos que nada tienen que ver con la naturaleza de un medio de comunicación.
Perjudica a medios independientes, de menor tamaño o audiencia, que aunque tengan lectores nunca llegan al corte, es nocivo para los que apuestan por la suscripción o que son locales.
Es imprescindible elaborar criterios objetivos, pero no sólo meramente cuantitativos, que equilibren la balanza. Cuando hay medios que presumen de millones y millones de visitantes, en ocasiones más que las cabeceras más leídas y prestigiosas de países mucho más grandes que el nuestro, pero son difícilmente identificables en una encuesta de pregunta espontánea o apenas tienen seguidores en redes sociales, es evidente que algo falla.
Y son esos medios los que se benefician del grueso de la publicidad institucional. La audiencia tiene que seguir contando, pero hay que poner coto al negocio de diseñar trampas para inflarla con el objetivo de recibir dinero que es de todos.
3.Criterios de exclusión y sistema de puntuación en el acceso a la publicidad institucional
¿Tiene sentido que un medio condenado por mentir o por delitos relacionados con la información reciba dinero público para seguir haciéndolo? ¿Tiene sentido que un medio sin una relación de trabajadores pública o conocida reciba dinero público? ¿Tiene sentido que medios de comunicación de cierta entidad, ya sea en su organigrama directivo o en su redacción o equipo de gestión, estén al margen de normas sobre la paridad que ya aplican en algunas empresas y en las instituciones públicas?
Más allá de la definición de medio de comunicación, ampliamente esbozada en el reglamento europeo, cabe preguntarse si el dinero de todos debe ir a medios con severos reproches judiciales, que no aplican la mínima transparencia o que atentan sistemáticamente contra valores fundamentales de la democracia.
Y con esto no quiero decir que un Gobierno prohíba a un medio, a un pseudomedio o en definitiva a una web publicar el contenido que desee, con arreglo a la legislación en vigor sobre la libertad de expresión. Faltaría más. Pero subvencionar la mentira no parece que deba ser el objetivo de las administraciones públicas. Del mismo modo, un sistema de puntos podría priorizar en determinados aspectos a aquellos medios que sí incorporen características o valores básicos definidos previa y adecuadamente, desde la igualdad a la diversidad, por ejemplo.
4.Protección de los modelos de suscripción
Las y los suscriptores son ciudadanía comprometida y organizada y, generalmente, un indicador de calidad. Nadie financia un medio de comunicación para que le mienta o para que le decepcione con trampas tecnológicas. Un número elevado de suscriptores (de verdad, que paguen de verdad, no casi gratuitos) da libertad al medio, ya que lo hace menos dependiente de otros intereses institucionales o privados sin cuyo apoyo muchos medios verían comprometida su viabilidad.
La suscripción debe ser un criterio más en la publicidad institucional, de modo que se premie a los modelos que apuestan por la independencia y la resiliencia frente a condicionamientos ajenos a la naturaleza de su producto informativo o las personas que lo sostienen.
5.Transparencia y límites a la Inteligencia Artificial
Es una realidad imparable, pero es imprescindible preservar medios de comunicación hechos por periodistas, que aclaren exactamente si ofrecen contenido hecho por inteligencia artificial, en qué medida y con qué supervisión. De nuevo, no debería subvencionarse con dinero público medios hechos por máquinas.
6.Defensa de los periodistas frente al 'lawfare'
La revelación de secretos, un delito que puede comportar hasta cinco años de cárcel, es utilizado a menudo por empresas o políticos como una vía para amedrentar a los periodistas en su ejercicio profesional. Nosotros mismos, en infoLibre, lo sabemos bien (ver aquí o aquí). No hemos sido condenados jamás por mala práxis (miren en otros medios y verán que casi ninguno puede decir lo mismo), pero sabemos lo que es tener que defenderse en procesos judiciales que desgastan a los redactores y preocupan a sus familias.
A menudo la intención no es ganar un caso judicial sino simplemente iniciarlo, obligar al medio y al periodista a invertir tiempo y dinero en su defensa y que en un futuro se piensen dos veces si merece la pena informar sobre alguien poderoso y con recursos. Los medios pequeños sufren especialmente los conocidos como SLAPP, o pleitos estratégicos contra la participación pública, por delitos como el de revelación de secretos u otros muchos.
El debate es europeo, pero debe ser también español e incluir modificaciones en la instrucción judicial de modo que se proteja tanto los derechos de los demandantes como el libre ejercicio del periodismo.
7.Transparencia de los altos cargos de los medios de comunicación y límite a los conflictos de interés
En algunas tertulias de máxima audiencia los que son presentados como periodistas o analistas, a secas, son además empleados de lobbies o consultores que trabajan en asuntos o para clientes sobre los que después opinan ante el micrófono. En vez de expresar una opinión independiente, sea la que sea, alimentan su propio negocio y su propio conflicto de interés sin que el espectador lo sepa.
Los directivos de medios de comunicación, presentadores de los principales espacios o analistas de los programas de máxima relevancia deberían hacer pública una declaración de intereses para que, al menos, el ciudadano pueda valorar si hay algún conflicto de interés y si en realidad su trabajo es el que dice que tiene.
8.Plataformas bajo un control democrático más estricto
Dábamos la noticia hace tres meses. Las plataformas online se niegan a retirar el 70% de los contenidos racistas reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).
Las grandes plataformas tecnológicas y las redes sociales, disponen de códigos de conducta y de reglas internas que, de momento, son absolutamente insuficientes, especialmente en la prevención de los delitos de odio o la protección de las minorías.
En Australia se va a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años y, aunque no existen varitas mágicas y quizás esta tampoco lo sea, ya hay estudios que alertan del riesgo de redes sociales sin educación, en casa o en la escuela, y de los retrocesos que pueden provocar en las generaciones más jóvenes, que son, por cierto, aquellas que en distintas encuestas aparecen como más proclives a discursos extremistas o incluso la defensa de regímenes autoritarios. Esto debería preocuparles especialmente a ustedes.
No tiene sentido promover cambios en los medios de comunicación que se sumen a las salvaguardas que ya hay en el mundo analógico sin hacer las mismas exigencias a redes y plataformas que se rigen por algoritmos opacos, que son propiedad de empresas o países extranjeros y que en algunos ocasiones presumen de falta de neutralidad y partidismo, como X de Elon Musk.
9.Impulsar la autorregulación
No es función de los Gobiernos o los Parlamentos decidir qué es verdad o qué es mentira ni actuar como verificadores de los medios de comunicación y los periodistas.
Es necesaria una autorregulación en el sector de los medios que cree organismos que velen por el buen hacer y, más especialmente, que reprueben a los que lo hacen mal. Aunque se trate únicamente de una sanción reputacional o de prestigio. Las distintas asociaciones y colegios profesionales no ejercen suficientemente esa función y debería crearse un Consejo de Medios, que no estuviera controlado por las empresas sino por profesionales procedentes de la pluralidad mediática de España, que pudiera emitir recomendaciones o reprobaciones que contasen con la suficiente publicidad y, por ejemplo, que fueran un elemento a tener en cuenta de cara al apoyo público a los medios de comunicación o en la acreditación como periodistas ante las instituciones.
10.Alfabetización digital
Es imprescindible mejorar la educación en los niveles más básicos sobre el uso de las nuevas tecnologías, la detección de noticias falsas o la identificación de fuentes fiables. Parece obvio que, en un mundo cada vez más tecnológico y con cada vez más riesgos, esta cuestión no debe quedar al margen de los planes de estudios. ¿Por qué no una asignatura o un buen número de unidades didácticas sobre la alfabetización digital?
Habiendo dejado esta propuesta para el final, creo que puede ser, en realidad, la más importante.
Decía Marisa Paredes en su histórico discurso del 'No a la guerra' en los Goya: “No hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo”.
Hago mías sus palabras, les deseo suerte y aciertos, porque la buena información necesita a lo público y lo público necesita buena información.
