Urdangarin, en manos del Supremo

El 25 de marzo de 2010, una pregunta lanzada por el juez José Castro a Jaume Matas en la última sesión de un maratoniano interrogatorio de 16 horas activó las alarmas subterráneas con un ligerísimo temblor que pasó casi inadvertido. Castro, hoy ya jubilado, había interpelado al expresidente del Govern balear sobre un convenio público suscrito en 2005 con Instituto Nóos, entonces una desconocida asociación de extraño nombre griego y a cuyo frente se situaba Iñaki Urdangarin, el yerno del rey. Ocho años y miles de noticias después sobre la trama que en Baleares y Valencia recibió seis millones de euros públicos en apenas cuatro años –de 2004 a 2007–, el Tribunal Supremo se apresta ahora a resolver el caso que provocó una crisis institucional sin precedentes y la abdicación de Juan Carlos I. Este miércoles y en una vista pública convocada por el alto tribunal, agotarán sus últimos cartuchos los abogados de las 15 partes del proceso que han recurrido la sentencia dictada el 17 de febrero de 2017 por la Audiencia de Palma. Las acusaciones, con la Fiscalía en cabeza, piden el incremento de las penas; las defensas, que no descartan jugar la carta de la nulidad, reclaman la absolución.

El destino de Iñaki Urdangarin, cuya defensa pivota sobre el argumento de que solo fue "un amigable componedor" y no el hombre de negocios que, según el tribunal de Palma, utilizó "su proximidad a la Jefatura del Estado" para delinquir, está hoy en manos del Supremo. También el de otros dos de los siete condenados –los que también arrostran el peligro de prisión, Diego Torres y Jaume Matas– y el de cuatro antiguos altos cargos de la Generalitat valenciana que resultaron absueltos y cuya condena pide la Fiscalía. Para dos de esos cuatro políticos valencianos reclama prisión la Fiscalía. Para los otros dos, inhabilitación.

Ninguno de los recursos afecta a la infanta Cristina de Borbón, cuya imputación desencadenó una formidable movilización del aparato del Estado y que finalmente fue absuelta de la acusación de delito fiscal que le atribuía la organización Manos Limpias. El jefe del autodenominado sindicato de funcionarios, Miguel Bernad, fue detenido y encarcelado en pleno proceso del caso Nóos bajo la acusación de chantaje. Junto con Bernad, ahora en libertad bajo fianza, permanece imputada en la causa la abogada que ejerció la acusación contra la infanta, Virginia López Negrete.

Si el alto tribunal ratifica o corrige al alza la resolución del tribunal balear, Urdangarin –ya condenado a seis años y tres meses–  y su antiguo socio, Diego Torres –con una pena de ocho años y medio– tienen asegurado el ingreso en la cárcel. Si triunfan las tesis de las defensas o si el Supremo rebaja las penas por debajo del umbral de los dos años, ambos quedarán en libertad.

El ministerio público, que en primera instancia reclamó 19 años y medio para Urdangarin y 16 y medio para Torres, solicita en su recurso de casación ante el Supremo 10 años para el primero y 12 y medio para el segundo. La Fiscalía estima que al aristócrata consorte, despojado por Felipe VI del título de duque de Palma, se le debe aplicar la atenuante de reparación del daño porque vendió sus propiedades para cubrir parte de la responsabilidad civil. Para Matas, condenado en primera instancia a tres años y ocho meses, la Fiscalía pide un año más de prisión.

Permiso para vivir en Ginebra

Tras la sentencia, el tribunal permitió a Urdangarin seguir residiendo en Ginebra a cambio de comparecer el día 1 de cada mes ante las autoridades suizas y de "comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cambio de domicilio". A Torres, le retiró el pasaporte y le prohibió "salir del territorio nacional".

Los expertos, incluido el propio José Castro, consideran la absolución o la rebaja de penas la hipótesis más remota.  "No veo factible una rebaja de penas con la que el Supremo evitase el ingreso en prisión de Urdangarin", aseguró el exmagistrado esta semana en declaraciones a infoLibre.

Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá tras la vista, convocada por el Supremo de forma potestativa siguiendo la pauta habitual en todos los casos complejos de gran proyección pública. Nadie lo sabe salvo, en todo caso, los cinco magistrados que integran la sala formada bajo la presidencia de Manuel Marchena, considerado el gran baluarte del poderosísimo sector conservador de la judicatura, y con el también conservador Antonio del Moral como ponente o encargado de proponer el rumbo de la resolución. Nadie tampoco sabe cuándo hará público el tribunal el sentido de su dictamen. Aun en el supuesto de que este trámite de exposición de alegatos ante el Supremo termine el mismo miércoles 21 –también se han habilitado el jueves y el viernes, por si acaso–,  el tribunal puede tardar horas, días, semanas o meses en deshacer la incógnita. 

Urdangarin pide al TS ser absuelto porque ya le condenaron la sociedad y los medios

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En la última década (2007-2016), el Supremo ratificó sin tocar una coma tres de cada cuatro sentencias recurridas en casación, y así lo indica la Base de Datos de Estadística Judicial. El último año de la serie, 2016, la tendencia se invirtió de manera drástica: el alto tribunal respaldó de manera total o parcial el 55,3% de los recursos planteados. La base de datos no permite, explican fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), determinar qué perseguían, si rebaja o aumento de condena, los recursos estimados. Y, en cualquier caso, las estadísticas trazan una probabilidad pero jamás una certeza. 

Bajo promesa de anonimato, algunos de los juristas consultados por este diario aventuran como opción probable una sentencia rápida y "ejemplarizante". Ejemplarizante, aquí, debe traducirse por, como mínimo, confirmatoria de la que tras 741 folios consideró probado que la firma de los convenios del Govern balear con Instituto Nóos para la celebración de los llamados Illes Balears Forum en 2005 y 2006 y todo lo que de eso se derivó implicó la comisión de los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencia y delito fiscal por parte de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. A Torres le condenó también el tribunal palmesano por blanqueo, de ahí que su condena supere en duración a la de su antiguo alumno en Esade.

Además de la Fiscalía, en el panel de acusaciones figuran la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, y las de Baleares y Valencia, que defienden los intereses de sus respectivos Gobiernos autonómicos. Desarticulada en la práctica tras el encarcelamiento de Bernad en abril de 2016, Manos Limpias solo ha recurrido la condena en costas que le impuso la Audiencia de Palma por mala fe procesal al mantener su acusación contra la infanta.