Un informe realizado por Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) determina que el desabastecimiento de medicamentos es en parte consecuencia del "mercado y las estrategias comerciales de las compañías farmacéuticas”. Englobado dentro de la campaña No es sano, que busca el acceso universal a los medicamentos, el documento asegura que las empresas suelen retirar voluntariamente aquellos medicamentos menos rentables “para presionar a las autoridades en la negociación de precios o para favorecer la entrada de otros productos de mayor interés comercial para la empresa”.
Una práctica que afecta directamente a los pacientes y al propio sistema sanitario, y que ha aumentado en el tiempo. Mientras que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recogía 700 casos en 2015, estos han aumentado a 1.650 en 2019. Una escasez que afecta sobre todo a aquelloas medicinas relacionados con enfermedades cardiovasculares, del sistema digestivo y cánceres.
Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta las organizaciones para poner soluciones a estos problemas es la falta de transparencia. Mientras que las compañías que reportaron un mayor desabastecimiento en 2019 fueron Pfizer, Mylan y Sanofi, un estudio de 2014 indica que un 65% de los laboratorios no explicaban los motivos de la escasez en al menos siete países europeos, entre los que se encuentra España.
Un ejemplo paradigmático es el de los laboratorios Aspen, único comercializador de hasta cinco medicamentos para tratar el cáncer. Tras cuatro años de cerrar un acuerdo de compra con Glaxo SmithKline, Aspen aumentó el precio de sus medicamentos en un 4.000% en España, según recoge el informe. Ante la negativa de Sanidad a aceptar este incremento, Aspen cesó la comercialización como parte de su política comercial. El caso se encuentra en investigación por parte de la Comisión Europea.
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Otro caso parecido es el de los laboratorios ALK, que cesó la comercialización del autoinyector Jext (adrenalina inyectable empleada en casos de emergencia de reacciones alérgicas, especialmente en niños), ante la falta de acuerdo con Sanidad para elevar de 35.81 eu a 42,09 euros el precio máximo del producto.
Ante estas situaciones, las organizaciones plantean diferentes soluciones, como endurecer las medidas que recoge el plan de garantías de abastecimiento de medicamentos contra aquellas compañías que reincidan en esta práctica y una política de sanciones acorde, así como una mayor transparencia y el desarrollo de estrategias públicas de producción e investigación de medicamentos dentro del Sistema Nacional de Salud.
El estudio también propone fijar los precios de los medicamentos a partir de los costes de producción y desarrollo, en lugar de la oferta y la demanda, para evitar estas estrategias de presión que buscan elevar los precios de los productos. Un problema que se ha agudizado durante la pandemia del coronavirus, y que ha llevado a la Agencia Europa del Medicamento (EMA) a elaborar grupos de trabajo dedicados a resolver la escasez de medicinas en situaciones de crisis sanitarias como la actual.
Un informe realizado por Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) determina que el desabastecimiento de medicamentos es en parte consecuencia del "mercado y las estrategias comerciales de las compañías farmacéuticas”. Englobado dentro de la campaña No es sano, que busca el acceso universal a los medicamentos, el documento asegura que las empresas suelen retirar voluntariamente aquellos medicamentos menos rentables “para presionar a las autoridades en la negociación de precios o para favorecer la entrada de otros productos de mayor interés comercial para la empresa”.