Varapalo judicial a Camps: rechazada su petición de que no se publiquen noticias que le vinculen con la corrupción

El Juzgado de Instrucción 13 de Valencia ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps (PP), en las que pedía que se prohibiera la publicación de informaciones que le vinculen con el caso Imelsa por el "desvalimiento" que sufre su imagen pública.

Camps interpuso una denuncia en la madrugada del lunes por un delito de revelación de secretos que, según él, habrían cometido la Guardia Civil, la Fiscalía o el Juzgado Instructor, y pedía que se prohibiera la emisión de la información en la Cadena SER u otros medios. La emisora informó este lunes que el expresidente era el "recaudador" que nutría a las cinco cajas B que tenía el PP en la Comunidad Valenciana.

Una prohibición que Camps solicitió que se extendiera a "cualquier tipo de conversación, comentario o referencia que implique o mencione al denunciante de cualquier manera, aun de forma indirecta o mero comentario o conjetura" y que afectaría también a otros medios de comunicación que pudieran tener acceso a datos protegidos por el secreto de sumario que rige sobre el caso Imelsa o sobre aquellas diligencias relacionadas con el mismo que pudieran abrirse en otros tribunales.

La magistrada considera que la información que ha facilitado el Juzgado instructor, a través del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre esta causa, en la que se investigan adjudicaciones fraudulentas en varias administraciones públicas a cambio de comisiones ilegales, está amparada por el Protocolo de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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"Los gabinetes de comunicación son la piedra angular en el empeño del CGPJ por transformar la imagen y la reputación corporativa de la justicia española", señala el auto, que añade que "cuanta mejor información se facilite y más contacto haya con los profesionales de los medios, menos probabilidad de que se produzcan noticias confusas que crean estados de opinión que no respondan a la verdad de las cosas".

De conformidad con el criterio de la fiscal, el Juzgado de Instrucción 13 ha denegado la adopción de la medida cautelar limitativa de la libertad de información solicitada por Camps por entender que "cualquier norma limitativa de derechos sólo puede ser interpretada restrictivamente".

En este caso, añade la magistrada, "no concurre ninguna razón ni motivo acreditado alguno que determine ni justifique la adopción de medida cautelar alguna".