El Vaticano perderá más de 100 millones con la venta de un edificio en Londres tras una sospechosa compra

El Vaticano perderá unos 100 millones de esterlinas (116,68 millones de euros) cuando haya completado la venta del lujoso edificio en pleno centro de Londres, objeto de una investigación que ha sentado en el banquillo de los acusados al destituido cardenal italiano Angelo Becciu y a otras nueve personas por su compra irregular, según un artículo del Financial Times, informa Europa Press.

El diario económico británico asegura que el Vaticano está finiquitando la cesión del edificio de oficinas, situado en uno de los barrios más ricos de Londres, por un valor de cerca de 200 millones de esterlinas (233,10 millones de euros), al grupo de capital privado Bain Capital, y cita a varias personas familiarizadas con el proceso de venta.

Según las investigaciones de los magistrados del tribunal de la Santa Sede, la compra del edificio londinense se gestó a través de un fondo de inversión, manejado por aquel entonces por el banquero italiano, Raffaele Mincione, por más de 300 millones de euros, cuando Becciu era el sustituto de la Secretaría de Estado, cargo que opera en la práctica como el de jefe de gabinete del Papa. Parte de ese dinero provenía de donativos llegados como "Óbolo de San Pedro", que los donantes esperan se dediquen de modo inmediato y directo a obras de caridad del Papa.

Además, entre junio de 2013 y febrero del 2014, la Secretaría de Estado del Vaticano, pidió un préstamo al banco Credit Suisse de 200 millones de dólares para invertirlos en el fondo de activos de capital de Mincione, llamado "Athena Capital Global Opportunities Fund".

"Con fecha 30 de septiembre de 2018, las acciones adquiridas habían perdido más de 18 millones de euros en comparación con el valor de la inversión inicial, pero se estima que la pérdida total es mucho mayor", según el portal del Vaticano, Vatican News.

Para remediar ese error, la Secretaría de Estado quiso tomar posesión del inmueble. Mincione vendió su parte al Vaticano, representado por el intermediario financiero, Gian Luigi Torzi, quien pasó a la secretaría de Estado 30.000 de las 31.000 acciones del proyecto, pero quedándose justamente con las mil acciones de voto preferente.

Torzi acabó extorsionando al Vaticano exigiéndole 20 millones de euros por la entrega de ese paquete, imprescindible para que el Vaticano pudiese tomar el control total de la transformación del inmueble de Harrods en oficinas de lujo. Torzi no obtuvo finalmente los 20 millones de euros, pero sí una comisión de diez a quince millones de euros.

Además, la investigación del Vaticano ha depurado el papel en el entramado de la italiana Cecilia Marogna que, según las pesquisas filtradas en la prensa, recibió hasta 575.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto encargado de ese organismo que hace las funciones de gabinete del primer ministro. De ese dinero, cerca de 200.000 euros fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod's o Chanel.

Según ha defendido ella misma en la prensa italiana, dichos objetos no eran para disfrute personal, sino que fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. La mujer italiana ha sido apelada por los medios de comunicación italianos como la Dama de Becciu y ha sido acusada de malversación de fondos.

Además, los jueces acusan a Becciu de haber canalizado hasta 825.000 euros a la organización benéfica de su hermano provenientes de la Conferencia Episcopal Italiana y la Secretaría de Estado.

Primer juicio a un miembro de la Curia 

El juicio contra el exprefecto de la Congreación para los Santos, Giovanni Angelo Becciu, y otras nueve personas acusadas de fraude, lavado de dinero y extorsión, entre otros cargos, es el primer juicio por delitos financieros que incluye a un miembro de la Curia Romana en casi 300 años. El último se llevó a cabo en contra del cardenal Niccolò Coscia en 1732, quien finalmente fue condenado y excomulgado.

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Hasta ahora, sólo el Tribunal Supremo especial del Vaticano o el propio Pontífice estaban facultados para llevar a juicio a un cardenal. Sin embargo, en abril del año pasado, el Papa Francisco derogó esa ley en una decisión que, según un comunicado oficial, era parte de la "obra de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas", y que por primera vez abría la posibilidad a un tribunal de laicos de primera instancia a juzgar a un purpurado.

La investigación se hizo pública en octubre de 2019, cuando la gendarmería del Vaticano llevó a cabo una serie de allanamientos en varias oficinas de la Santa Sede, principalmente en la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (AIF).