Europa es el destino que más pone en riesgo la salud de las personas migrantes. Esta es una de las conclusiones principales del nuevo informe La política migratoria en la UE como crisis de salud global, elaborado por Salud por Derecho. Bajo el lema Una salud para todos y todas, la ONG denuncia que, en la última década, más de la mitad de las muertes registradas en procesos migratorios han ocurrido dentro de Europa o en trayectos marítimos y terrestres hacia el continente. Tan solo en el Mediterráneo, una de las rutas migratorias más mortíferas del planeta, al menos 30.356 personas han muerto o desaparecido en los últimos diez años, según los registros. Una cifra meramente orientativa, que se multiplica por dos si atendemos a los itinerarios que atraviesan el inclemente desierto del Sáhara.
Más allá del alarmante recuento de fallecidos por el camino, las personas migrantes se ven expuestas a lo largo del viaje a condiciones altamente peligrosas para su salud física y mental, como calor o frío extremos, altos niveles de deshidratación y desnutrición o múltiples formas de violencia ejercida por grupos criminales, mafias y traficantes. Sin olvidar la violencia estructural y sistemática que practican con absoluta impunidad las propias autoridades fronterizas. Y es que el progresivo endurecimiento de las políticas migratorias de la Unión Europea, con insistencia en la disuasión, la detención y el blindaje fronterizo, profundiza lo que se ha convertido en una crisis de salud pública global sin precedentes. Agravada por la constante aparición de nuevas rutas, cada vez más arriesgadas y tortuosas.
Muros, detenciones y devoluciones
Durante los primeros seis meses de 2024, se calcula que más de 120 millones de personas se vieron obligadas en todo el mundo a abandonar sus hogares huyendo del estallido de conflictos armados, graves crisis humanitarias o los devastadores efectos del cambio climático, entre otros factores. De aquellos que se aventuraron hacia el continente europeo, más de 100.000 son detenidos al año con motivo de su estatus administrativo. Muros, vallas, centros de retención, perfilamientos raciales o devoluciones en caliente se han convertido en la piedra angular del control migratorio europeo. Una apuesta política que –además de vulnerar los derechos humanos– ha provocado la denuncia de más de 25.000 casos de violencia en las fronteras europeas, intensificando la aparición en las personas migrantes de sintomatología relacionada con la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático. Con consecuencias que pueden perdurar de por vida.
España es uno de los países con los números más preocupantes. Según los datos recogidos por Caminando Fronteras, 1.522 personas migrantes han muerto en el mar intentando alcanzar las costas españolas entre 2018 y 2022, la mayoría en aguas canarias. Entre las que sí han conseguido llegar, el 70% de los retenidos en centros de internamiento ha terminado desarrollando graves problemas de salud mental, hasta el punto de que un dos de cada diez han protagonizado intentos de autolesión o suicidio. La falta de acceso a atención médica necesaria y la inevitable interrupción de tratamientos vitales agravan aún más su estado de salud. Y los más afectados son los más pequeños. Un menor expuesto a situaciones de estrés, como las que sufre durante una detención o al ser separado de sus parientes cercanos, tiene más probabilidades de desarrollar afecciones como cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares, arriesgándose a perder hasta veinte años de esperanza de vida. Trastornos del sueño y de la alimentación, deterioro cognitivo o problemas conductuales se suman también a la lista de riegos.
Pero no termina ahí. La política migratoria de la UE se extiende más allá de sus límites geográficos mediante los acuerdos de externalización y condicionalización de visados, llevando los intentos de disuasión al extremo. Países como Túnez, Libia, Marruecos, Turquía o Albania reciben millones en financiación europea para frenar la entrada de migrantes al espacio de la Unión. Sin importar cómo y en perjuicio de quién. Un ejemplo esclarecedor: la guardia costera libia ha detenido a más de 120.000 personas tratando de cruzar hacia Italia o Grecia en los últimos siete años. Todo ello en un país donde más del 70% de las personas migrantes no reciben ningún tipo de atención médica o administrativa.
Migrar con derechos
Con estos datos en la mano, desde Salud por Derecho exigen la aplicación –tanto a Europa como a España– de una serie de recomendaciones en materia migratoria, basadas en un cambio de paradigma que garantice la cobertura sanitaria universal y el respeto de los derechos humanos. Que se ponga fin a la detención de las personas migrantes y se deje de criminalizar la asistencia humanitaria; que se rompan los acuerdos con países externos a la Unión; que se establezca un sistema de monitoreo de salud en las fronteras; que se agilicen los trámites de asilo... En resumidas cuentas: que dejen de promoverse y financiarse políticas que enferman.
Europa es el destino que más pone en riesgo la salud de las personas migrantes. Esta es una de las conclusiones principales del nuevo informe La política migratoria en la UE como crisis de salud global, elaborado por Salud por Derecho. Bajo el lema Una salud para todos y todas, la ONG denuncia que, en la última década, más de la mitad de las muertes registradas en procesos migratorios han ocurrido dentro de Europa o en trayectos marítimos y terrestres hacia el continente. Tan solo en el Mediterráneo, una de las rutas migratorias más mortíferas del planeta, al menos 30.356 personas han muerto o desaparecido en los últimos diez años, según los registros. Una cifra meramente orientativa, que se multiplica por dos si atendemos a los itinerarios que atraviesan el inclemente desierto del Sáhara.