Aborto
Una veintena de ONG advierten del riesgo de la reforma de la ley del aborto y piden su retirada
Un total de 22 ONG mandaron este miércoles una carta al portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, en la que piden la retirada de la Proposición de Ley sobre el aborto, ya que "obligaría a las jóvenes de 16 y 17 años a obtener autorización de sus padres para interrumpir su embarazo". Asimismo, también apuntan que han escrito a "diversos órganos" de Naciones Unidas.
En una nota de prensa conjunta, describen este proyecto como una "grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes que crearía barreras injustificadas para acceder a abortos legales y seguros".
Apuntan que, según la Proposición de Ley –que actualmente se tramita en el Congreso–, la obligación de autorización para jóvenes de 16 o 17 años se continuaría imponiendo "incluso en los casos en que tal exigencia pudiera situarlas en riesgo de un conflicto grave, violencia o malos tratos".
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Por ello, recuerdan que "las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos por parte de las mujeres y jóvenes, incluido los derechos a la vida, a no ser discriminadas, la igualdad, la salud y la privacidad". "El Comité de la ONU de Derechos del Niño ha establecido que, en consonancia con la evolución de sus facultades, las jóvenes de 16 y 17 años de edad deberían tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de sus padres", enfatizan.
También señalan que, en 2014, el 3,6 por ciento del total de los abortos en España fue realizado por jóvenes de entre 16 y 17 años. Dentro de ese porcentaje, solo un 12,3 por ciento –es decir, 400 jóvenes– no informó a sus progenitores. Esto se debe a que legislación vigente establece que jóvenes de 16 y 17 años deben informar a sus representantes legales, pero no exige su consentimiento expreso, e incluso elimina esta obligación cuando exista la posibilidad de que dicha información pudiera provocar un conflicto grave o violencia intrafamiliar.
Entre las organizaciones que han firmado esta carta, se encuentran Human Rights Watch, Rights International Spain, Centro de Derechos Reproductivos o el Forum de Política Feminista.
