El vertido accidental de purines en Asturias alerta de los riesgos de las explotaciones ganaderas

El problema no ha ido a más, pero los ecologistas lo entienden como un aviso que conviene no esquivar. Se trata del impacto que ha generado esta semana un vertido accidental de purines al río Eo y que ha derivado en la prohibición del marisqueo y el baño en la ría Ribadeo, entre Galicia y Asturias.

El foco del problema se sitúa en una granja de la parroquia de Guiar, en Vegadeo (Asturias). Los purines –excrementos de animales– que provenían de la explotación ganadera fueron a parar, la noche del sábado al domingo pasado, al río Eo, que hace frontera con Galicia. Durante el lunes, las autoridades comenzaron a advertir de los riesgos en las zonas afectadas por lo que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) tasó en alrededor de 350.000 litros de purines. Ante la alerta, el Gobierno asturiano recomendó enseguida no bañarse ni mariscar en el río y su ría, e igualmente en los concellos lucenses de Ribadeo y Trabada se insistió en evitar los baños.

El martes, la empresa pública Tragsa instaló barreras pantalla en la confluencia del Eo y el arroyo Ouría –afluente del primero– para evitar la expansión del vertido. Después de tres días de alarma, el Gobierno de Asturias reabrió el marisqueo este jueves, tras comprobar, mediante analíticas, que el agua del río conservaba los parámetros normales.

Lo que finalmente no ha causado grandes pérdidas podría haber generado fuerte impacto medioambiental y de salud pública. Así lo recuerdan las organizaciones animalistas y ecologistas, que llevan años denunciando las secuelas provocadas por el exceso de purines. 

El precedente catalán

El aviso en el noroeste no constituye un episodio aislado. El partido Pacma viene desde hace años alertando sobre el problema de los purines en territorio catalán. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, recoge el partido, "cada año se explotan y maltratan más de 21 millones de cerdos en Cataluña en las llamadas macrogranjas, espacios alejados de los núcleos urbanos destinados a convertir seres sintientes en objetos destinados al consumo". Como consecuencia, "los nitratos que desprenden los purines de estos cerdos están contaminando progresivamente el medio ambiente". Según la Agencia Catalana del Agua, el 41% de los acuíferos están contaminados, producto de la actividad de las grandes explotaciones ganaderas.

Tal y como destacó el Síndic de Greuges de Catalunya en un informe de 2016, el problema en la comunidad surge por un "excedente de nitratos", consecuencia del "exceso de purines que ha conllevado una degradación del medio ambiente en cuanto a los acuíferos y las fuentes", pero también respecto a "las redes de abastecimiento de agua potable, lo que obliga a la clausura de pozos y al tratamiento de las aguas contaminadas". Esto, indica Igualdad Animal, "supone que 142 municipios catalanes tienen problemas de acceso al agua potable".

La misma organización recuerda que los excrementos, habitualmente, se depositan en balsas al aire libre junto a las explotaciones ganaderas. "En la mayor parte de los casos se utilizan para fertilizar el campo", pero el problema se produce cuando "esas tierras reciben más purines de los que pueden absorber generándose problemas de sobrefertilización". Finalmente, "el exceso de nitrato se filtra en la tierra contaminando los acuíferos que abastecen de agua a la población", aunque "también se producen roturas y el rebose de las balsas de purines", como ocurrió en Asturias.

Ecologistas en Acción coincide en el diagnóstico al recordar que el nitrato de los purines mejora, en cantidades adecuadas, "el crecimiento de las plantaciones y aumenta su rendimiento". Sin embargo, añade, cuando "su concentración es excesiva, las plantas no pueden absorberlos y se infiltran a través del suelo, alcanzando las aguas subterráneas y contaminando pozos y acuíferos". Los riesgos, subrayan los ecologistas, van directos a la salud de las personas y a la propia agricultura.

Javier Moreno, director de Igualdad Animal, explica en declaraciones a infoLibre que los purines constituyen un peligro palpable. "La producción de carne de cerdo genera una cantidad de excrementos tan elevada que sólo en España podrían llenarse con ellos 24.000 piscinas olímpicas al año", detalla el activista. Esta "enorme cantidad", agrega, es "la responsable de la contaminación por nitratos de acuíferos y ríos". Moreno recalca que "la ganadería industrial está devorando el planeta" y por tanto resulta ya "insostenible: España se está convirtiendo en el estercolero de Europa".

La situación es crítica en Cataluña, pero existen a lo largo del país pequeños avisos que constatan la existencia de un problema real. En Aragón, el Gobierno acaba de añadir 29 nuevos términos municipales al listado de zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Según Ecologistas en Acción, la legislación española "establece que el agua potable no podrá superar los 50 miligramos de nitrato por litro", una cantidad que también "se supera en muchos acuíferos de Castilla y León". Cataluña, Castilla y León y Aragón son, por ese orden, las tres comunidades con mayor cantidad de ganadería porcina.

Responsabilidad pública

Santiago Martín Barajas, responsable del área de Agua de Ecologistas en Acción, afirma sin titubeos que el de los purines es un "problema grave" y recuerda que accidentes como el asturiano "no son una excepción". En ese contexto, coincide, "la ganadería intensiva genera consecuencias enormes", porque "siempre hay quien gestiona los purines de manera deficiente y aumenta las probabilidades de accidente". Cuando el agua queda contaminada, además, "no lo hace de manera irreversible, pero sí genera un problema ambiental muy grave durante décadas".

Las instituciones, considera Moreno, deben escuchar las alertas y tomar medidas urgentes para afrontar el reto. En primer lugar, relata, es importante "que se prohíba el establecimiento de macrogranjas y se reduzca el número de animales en las granjas". El problema en el país es que, "al tener una legislación mucho más laxa en materias de protección animal y medioambiental, grandes empresas acaban construyendo aquí sus macrogranjas al serles denegados los permisos en otros países europeos".

También Martín Barajas cree que las instituciones deberían "tomarse este asunto más en serio" a través de dos vías: limitar el crecimiento de las granjas de ganadería intensiva, "que además suelen ser para exportación", y la puesta en marcha de "inspecciones y controles ambientales más frecuentes y estrictos".

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Laura Duarte, portavoz de Pacma, recuerda que "la gran mayoría de las granjas no tiene una buena gestión de los purines, por lo que la toxicidad en las aguas subterráneas y en el entorno es altísima". En conversación con este diario, la animalista insiste en que "muchos países europeos están cerrando y expulsando las macrogranjas debido a la crisis climática", mientras que en territorio español "se acepta y recibe a esas empresas". Existe, reflexiona, "un gran problema con esto y una muy mala gestión".

La respuesta de las autoridades debe a su juicio ser taxativa. Por un lado, dice, que "dejen de concederse licencias a macrogranjas" y por otro lado "imponer la obligación a la industria de hacerse cargo de esos residuos".

Finalmente, completa el director de Igualdad Animal, "son necesarias políticas públicas que incentiven el consumo de vegetales, como quitar el IVA a legumbres y otros productos vegetales, combinado con impuestos a los productos cárnicos procesados". Pero tampoco conviene olvidar, agrega, los subsidios que recibe la ganadería industrial. "Es un escándalo que se subvencione un modelo que tiene estas consecuencias tan desastrosas para el medioambiente, los animales y también para la salud de las personas", denuncia.