En España hay 116 casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Al menos que se conozcan, tal y como recopiló El País. Hay por tanto más de un centenar de víctimas —como mínimo— que, por otro lado, no han obtenido reparación. Y no sólo denuncian esto, sino que también han tenido que ver cómo la institución encubría a sus supuestos verdugos. La Iglesia nunca ha tomado medidas que los afectados consideraran suficientes para resarcir el presunto abuso cometido. Tampoco la que este miércoles puso en marcha el Arzobispado de Madrid. El organismo, dirigido por Carlos Osoro, ha lanzado el proyecto 'Repara', un programa para atender a las víctimas y para prevenir los abusos a través de la formación. Pero precisamente que los servicios no sean completamente independientes de la Iglesia es lo que hace que las víctimas no vean el proyecto con suficiente confianza. Por eso Miguel Hurtado, la primera víctima que denunció abusos sexuales cometidos por el monje de Montserrat Andreu Soler, ve el proyecto "con escepticismo".
La lucha de las víctimas viene de lejos, y sus representantes consideran que hasta ahora la Iglesia española no ha dado más que pasos insuficientes. La Conferencia Episcopal, ante el conocimiento de abusos a menores, publicó unos protocolos en el año 2010. Pero como sólo tenían el carácter de recomendación, era cada una de las 70 diócesis la que debía elaborar el suyo propio. Así que no todas lo hicieron. En octubre de 2018 —casi una década después— la Conferencia decidió crear una comisión para cambiar el protocolo general. Pero el organismo, de momento, no ha avanzado en su tarea. Lo que sí se sabe hasta el momento es que las indemnizaciones económicas a las víctimas son una utopía. "No están contempladas", dijo el pasado mes de noviembre el secretario general y portavoz de la Conferencia, Luis Argüello. Tampoco las menciona el Arzobispado en el nuevo proyecto.
'Repara', tal y como informó Europa Press, es un acrónimo que hace referencia al reconocimiento, a la prevención, a la atención y a la reparación. Y estará coordinado por el filósofo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas Miguel García-Baró, que denuncia que "es increíble que la imagen que se tenga tantas veces de la Iglesia sea la de una institución que es todo lo contrario a lo esencial del cristianismo", por lo que hay que actuar. Por eso, explica en conversación telefónica, cualquier víctima —de abusos de la Iglesia o fuera de ella— podrá ser atendida y aconsejada en el plano psicológico y en el jurídico. Pero admite que es un proceso financiado por el Arzobispado, así que matiza que lo hará de la forma "más autónoma posible" para evitar la "desconfianza". "Se podría pensar: 'Vengo a denunciar algo que me han hecho en la Iglesia y resulta que es la Iglesia la que me recibe. A ver si van a querer disimular", afirma. "Es todo lo contrario", asegura.
Pero Hurtado lo duda. "Obviamente es necesario que haya un servicio de atención a las víctimas que incluya la reparación psicológica y es necesario que haya programas de prevención para evitar en la medida de lo posible los abusos en las instituciones religiosas, pero el principal problema es que estos servicios tienen que ser totalmente autónomos e independientes de la jerarquía católica porque, si no, se produce un conflicto de intereses", lamenta. Y es que la experiencia, argumenta, ha evidenciado que, además de abusos, ha habido "un problema muy grave de encubrimiento generalizado y sistemático". "Cuando la víctima sea atendida, como parte de su proceso de reparación puede ser necesario denunciar públicamente los abusos y los encubrimientos. Y pedir responsabilidades como la dimisión del obispo. Ante una situación como esta, ¿qué va a hacer el servicio de atención? ¿Ponerse de parte de la víctima o del obispo, que es el que está financiando las terapias?", se pregunta.
Por eso, añade, "es importante que la Iglesia no sea parte en el proceso de reparación". Y con el programa puesto en marcha sí lo será. "¿Si el obispo controla tu terapia cómo le controlas mediática o legalmente por encubrimiento? Ese es el gran riesgo. Se puede intentar domesticar y amordazar a las víctimas para que adopten una postura sumisa", prosigue. "Si el abad de Montserrat hubiera elegido a mi terapeuta y financiado mi terapia, ¿me hubieran animado a denunciar públicamente el encubrimiento y pedir la dimisión del abad?", reflexiona.
Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Infancia Robada, por su parte, se muestra algo más optimista. Admite que es insuficiente, pero que hay que dar un margen de maniobra. No obstante, también menciona que es posible que la independencia no esté plenamente garantizada. "A la vez que dejo abierta la puerta a la esperanza, hay que ver cómo ruedan este tipo de iniciativas", dice. "Existe el atisbo de que pueda haber cierta independencia. Hace falta más, yo no me conformo", añade, pero "está por ver". Lo que sí tiene claro es que "el planteamiento no es del todo malo" porque incluye cosas que, hasta ahora, no se habían mencionado. Por ejemplo: la alusión a los abusos ya prescritos y que el programa esté capitaneado por una persona laica como García-Baró.
Aun así, los dos coinciden en la misma idea: las palabras que aseguran una independencia de la Iglesia tienen que demostrarse con hechos. "No pueden pretender que hagamos un acto de fe", advierte Hurtado.
No se menciona la indemnización económica
Según dijo Argüello, las indemnizaciones económicas a las víctimas "no están contempladas" en el borrador del texto para la protección de menores que prepara la Conferencia Episcopal. Y, del mismo modo, tampoco se menciona ni en el comunicado hecho público por la Archidiócesis de Madrid ni en la página web del proyecto. Y eso tampoco ha gustado a las víctimas. "Cuando hablan de reparación [en el programa] no queda claro a qué tipo de reparación se refieren. Y parece que cuando las víctimas hablamos de reparación económica estamos pidiendo limosna, y no es eso", critica Cuatrecasas, que recuerda, de hecho, que la Conferencia apostó por, "cuanto menos", dudar del testimonio de las víctimas porque podría haber intereses económicos detrás. "En los abusos a menores el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo", recalca.
Y Hurtado coincide con él. Más que nada porque el derecho a una indemnización es un derecho reconocido, dice, a cualquier víctima de cualquier delito. "Nunca se habla de la reparación económica. La pederastia es un delito, y según el Código Penal y la legislación española las víctimas de delitos tienen derecho a una indemnización", dice. Y las debe pagar la Iglesia como "responsable civil subsidiaria de los crímenes que han cometido sus sacerdotes". "Muchas veces con el beneplácito y el encubrimiento del obispo", añade.
García-Baró, no obstante, matiza que, "al atender cada caso particular, cabe la posibilidad de que el final del proceso sea una petición de indemnización al propio arzobispado". Pero en caso de que sea así, Hurtado duda de que llegue a materializarse. Sobre todo si se tiene en cuenta que hasta ahora la dirección que parece estar tomando la Iglesia española no contempla esta posibilidad como sí ha hecho, por ejemplo, la alemana.
El pasado mes de septiembre, la Iglesia anunció que una comisión mixta había preparado dos modelos de compensación: ofrecer una indemnización a cada víctima de 300.000 euros o pagar entre 40.000 y 400.000 euros, según la gravedad de cada caso. Con un modelo así, explica Hurtado, la víctima podría pagarse a su propio terapeuta independiente, como también ocurre en Estados Unidos donde, añade, "tienen un sistema independiente de evaluación de casos para indemnizar a las víctimas y financian económicamente el tratamiento de las víctimas".
Cuatrecasas, además, también critica que, al menos a priori, no parezca que las víctimas tengan un papel activo en el programa. "Sería importante que hablaran con las víctimas. Tenemos información que ellos en primera persona no tienen", reclama. Eso, añade, "completaría el círculo que están abriendo" con esta iniciativa que, insiste, al menos es un pequeño avance. "Esto es muy costoso y largo, por eso cualquier paso que se dé adelante es positivo", dice.
Siguen exigiendo la ampliación de la prescripción
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Según coinciden Hurtado y Cuatrecasas, quedan cosas por hacer. Y una es conseguir la ampliación del plazo de prescripción de los delitos. A finales de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Pero no gustó a las víctimas.
Justicia barajaba tres escenarios: que esos delitos fueran imprescriptibles o que la prescripción empezara cuando la víctima cumpla 50 o 30 años. Finalmente eligieron esta última opción. De este modo, los delitos leves prescribirían a los 35 y los graves a los 45 —prescriben a los 5 o 15 años, dependiendo de su gravedad—. Pero para los afectados, la prescripción debería de empezar al cumplir 50 años.
Según dijo la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, el pasado mes de diciembre, la norma de protección a la infancia se aprobaría cuando hubiera un Gobierno con plenas funciones. Y organizaciones como Save The Children ya han pedido que esta sea una de las primeras tareas que acometa el recién estrenado Ejecutivo.
En España hay 116 casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Al menos que se conozcan, tal y como recopiló El País. Hay por tanto más de un centenar de víctimas —como mínimo— que, por otro lado, no han obtenido reparación. Y no sólo denuncian esto, sino que también han tenido que ver cómo la institución encubría a sus supuestos verdugos. La Iglesia nunca ha tomado medidas que los afectados consideraran suficientes para resarcir el presunto abuso cometido. Tampoco la que este miércoles puso en marcha el Arzobispado de Madrid. El organismo, dirigido por Carlos Osoro, ha lanzado el proyecto 'Repara', un programa para atender a las víctimas y para prevenir los abusos a través de la formación. Pero precisamente que los servicios no sean completamente independientes de la Iglesia es lo que hace que las víctimas no vean el proyecto con suficiente confianza. Por eso Miguel Hurtado, la primera víctima que denunció abusos sexuales cometidos por el monje de Montserrat Andreu Soler, ve el proyecto "con escepticismo".