Las víctimas de Angrois exigen "una investigación independiente" y responsabilidades políticas en el octavo aniversario del accidente

El miércoles 24 de julio de 2013 se producía en España el mayor desastre ferroviario de la democracia. Un tren Alvia, que viajaba de Madrid a Ferrol, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. El fatal accidente provocó la muerte de 80 viajeros y 144 resultaron heridos. A las puertas del octavo aniversario de la tragedia, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha acordado la apertura de juicio oral contra el maquinista del Alvia siniestrado, Francisco José Garzón, y para el exdirector de Seguridad Vial de Adif, Andrés Cortabitarte. No obstante, las víctimas y los familiares han denunciado en reiteradas ocasiones que el fallo humano no fue la única causa del accidente de Alta Velocidad sino la consecuencia de un comportamiento "negligente" por parte de Adif, Renfe y Fomento. Por ello, reclaman una "investigación técnica e independiente" como ya pidió la UE y que se asuman responsabilidades políticas.

En mayo, el fiscal Mario Piñeiro ratificaba en su escritolo dicho por el juez y la Audiencia y relataba las responsabilidades de ambos (el anterior fiscal Antonio Roma descargaba la responsabilidad del accidente únicamente en la actuación del maquinista): "El trágico accidente no hubiese sucedido si Adif, más concretamente la Dirección de Seguridad en la Circulación y el acusado Cortabitarte López, hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente". El fiscal señaló que la línea “no era segura” y “existía un riesgo único que la hacían altamente vulnerable y peligrosa ante el fallo humano”. Así, a juicio de la Fiscalía “esta fuente de riesgo debió ser evitada” por Cortabitarte, tal y como se hizo con posterioridad del accidente. 

En un comunicado, la Asociación Plataforma Víctimas ALVIA 04155 reclama que además de las responsabilidades penales se asuman responsabilidades políticas, y en ese sentido señala a los dos ministros de Fomento que ostentaban este cargo en aquel momento: al socialista José Blanco (7 de abril de 2009 –22 de diciembre de 2011) que ocupaba la cartera cuando se inauguró la línea del accidente en diciembre de 2011, y a Ana Pastor (22 de diciembre de 2011– 19 de julio de 2016), que ya estaba al frente cuando se produjo el choque. “El Sr. Blanco publicitó a bombo y platillo que la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado el accidente. Desgraciadamente quedó demostrado que no era verdad” indican en el texto.

Blanco, siendo ministro, autorizó el cambio del proyecto original, lo que implicó la retirada del sistema de control de velocidades ERTMS de los últimos kilómetros de la vía, justo donde tuvo lugar el descarrilamiento. A estos hechos hay que añadir que en noviembre de 2015, cuando ya era eurodiputado, recibió en Bruselas a un grupo de víctimas y aseguró haber tenido conocimiento de la retirada del sistema de control "tres días después" del siniestro.

En el texto también manifiestan que el diseño del tren que encomendó fabricar provocó que las consecuencias fueran “posiblemente mucho más graves”, como insinuó la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) que, según explican, mostró su “preocupación” en aquel entonces, porque “la autorización del tren no hubiera sido conforme a la legislación de la UE”. El propio Blanco admitió que el proceso de homologación del tren accidentado se llevó a cabo “en tiempo récord”.

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En referencia al papel que tuvo Ana Pastor durante el cargo de ministra de Fomento, los familiares de las víctimas critican que prometió en privado y en sede parlamentaria “una investigación técnica independiente” y una “plena colaboración con la justicia” y que esto no se ha producido. Según explican, la exministra presionó a la UE para “ocultar” el informe que la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA, por sus siglas en inglés) elaboró sobre la tragedia, pero que finalmente fue publicado meses después, en julio de 2016, gracias a labor de la asociación de víctimas. 

El diario Vozpópuli publicó que, durante cinco meses, tanto la Comisión Europea como el Gobierno español se negaron a que se conociera el contenido del texto, que concluía que la comisión pública que se constituyó en su día para investigar el accidente “carecía de toda independencia”. 

A pesar de los procedimientos de infracción que la Unión Europea ha abierto a España por incumplir la normativa de seguridad ferrovial, y de haber transcurrido cuatro gobiernos y cuatro ministros de Fomento, la asociación denuncia que todavía no haya "una investigación técnica e independiente" como llevan recomendando los organismos europeos. "No asumieron responsabilidades y optaron por el camino más fácil e indigno. Trataron por todos los medios de contaminar a la opinión pública, culpabilizando al último eslabón de la cadena, el maquinista", concluyen las víctimas en este octavo aniversario.