El 10 de mayo de 2016, Miguel Ángel Hurtado, un barcelonés que sufrió abusos sexuales del sacerdote a cargo de su grupo católico juvenil, se presentó ante el Congreso de los Diputados. No lo hizo solo, sino con el aval de las más de 300.000 firmas que, como él, buscaban la imprescriptibilidad de los abusos a menores. Lo reclamaba porque lo había sufrido de primera mano. Tenía 16 años cuando se produjeron los abusos en el Monasterio de Montserrat, pero tardó mucho tiempo en atreverse a denunciar. Finalmente, lo hizo a los 22. Pero ya era tarde, el delito había prescrito. El día que se presentó en la Cámara Baja, se fue a casa con el compromiso de todos los grupos políticos de estudiar su petición. Pero han pasado casi tres años y no lo ha conseguido. "Dejaron el asunto metido en un cajón cogiendo polvo", lamenta. La imprescriptibilidad no ha llegado, pero sí ha habido cambios, aunque considera que insuficientes. Por eso, ahora vuelve al Congreso.
Lo ha hecho este jueves, a donde ha acudido junto a Peter Sanders —antiguo miembro de la comisión antipederastia vaticana creada por el papa Francisco— y Juan Cuatrecasas —presidente de la Asociación Infancia Robada—. La cita tiene un objetivo claro: que lo que le ocurrió a Hurtado no le ocurra a nadie más. "Las víctimas tardamos años en recuperarnos del daño causado, en sentirnos lo suficientemente fuertes como para poder enfrentarnos a nuestros verdugos. Para entonces, muchas veces ya es tarde y el delito ha prescrito", relata en la petición de firmas que inició a través de la plataforma Change.org, que ya acumula más de 520.000 firmas. Pero lo que le ocurrió a Hurtado no es una historia individual, sino colectiva.
La sufrió también el reconocido pianista James Rhodes. Sufrió abusos sexuales de su profesor de gimnasia desde los 5 años, pero hasta los 31 no habló de ellos. "Yo no hablé hasta que tenía 31 años. Si lo hubiese hecho en España, no habría pasado nada, incluso aunque ese profesor siguiese dando clases", dijo en una entrevista con Europa Press. Pero precisamente gracias a Rhodes se han producido algunos avances. "El asunto [el de la prescripción de este tipo de delitos] se desbloqueó cuando Rhodes pidió una entrevista con Pedro Sánchez y el PSOE cogió la bandera de la violencia contra la infancia", explica. Así llegamos al mes de diciembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Una normativa que este jueves intentarán cambiar.
Justicia barajaba tres escenarios: que esos delitos fueran imprescriptibles o que la prescripción empiece cuando la víctima cumpla 50 o 30 años. Finalmente, eligieron esta última opción. De este modo, los delitos leves prescribirían a los 35 y los graves a los 45 —prescriben a los 5 o 15 años, dependiendo de su gravedad—. "Yo tengo ahora 36 años, así que si el caso de Montserrat volviera a ocurrir, el depredador sexual volvería a quedar impune", se queja.
La imprescriptibilidad, a partir de los 50
Para trabajar con menores es necesario un certificado de antecedentes penales para comprobar que la persona en cuestión no se encuentra dentro del registro de delincuentes sexuales. La persona que abusó de Hurtado, el monje Andreu Soler, fue el fundador del movimiento escolta de la abadía, Els nois de servei. Y a pesar de lo que le hizo a Hurtado fue su responsable durante 40 años. Si siguiera vivo, podría seguir siéndolo, aun con la nueva ley socialista: Hurtado tiene 36 años, así que el delito cometido habría prescrito.
Por eso, las víctimas —y las organizaciones de protección de la infancia— apuestan porque la prescripción comience a contar a partir de los 50 años de la víctima. "Aunque algunas víctimas se queden fuera y no puedan denunciar, los depredadores sexuales serían apartados porque sí se podrían denunciar más casos", explica. "Con eso se garantiza nuestra prioridad, que no es castigar los delitos pasados, sino prevenir los delitos futuros", afirma. "Algunos no irían a la cárcel, pero por lo menos no podrían trabajar con niños", añade.
"Esperamos que el Gobierno recapacite. Sin embargo, si no rectifica, es la obligación de los grupos parlamentarios mejorar la ley durante su tramitación parlamentaria. Ya no tienen excusa. No pueden pedir más tiempo para estudiar la medida. Después de tres años de espera, es la hora de que tomen partido y expliquen públicamente cuál es su postura", sostienen los convocantes de la protesta a través de un comunicado. Pero lo cierto es que el posible adelanto electoral —precipitado este miércoles después de que PP, Ciudadanos y los partidos independentistas echaran abajo el primer proyecto de Presupuestos del Gobierno— podría volver a paralizar todo. "Si acaba la legislatura, pedimos que se aborde el tema desde los programas electorales", indica Cuatrecasas.
No obstante, este martes y este miércoles, tanto Hurtado como Cuatrecasas acudieron al Congreso para reunirse con los grupos y mostrarles, un día antes de la protesta, su posición. "El martes nos reunimos con Podemos y hoy [por este miércoles] con PP, ERC, EH Bildu, PSOE y PNV", explica Cuatrecasas. "La verdad es que todos parecen coincidir con nosotros", celebra, pero hay veces que "los políticos se duermen" en "otras prioridades", lamenta.
"No sabemos lo que pasará, pero lo que les hemos dicho abiertamente a todos los partidos es que cuando la comisión de transparencia de la Abadía de Montserrat emita su informe y se vea que hay más de 10 víctimas —las que han salido ahora, contanto con Hurtado—, si no ha habido reforma o esta ha sido parcial, aprovecharemos el revuelo con otra concentración a las puertas del Congreso", denuncia Hurtado. "El tema no se nos va a olvidar, vamos a ser muy persistentes. Cada vez que haya una posibilidad, machacaremos", añade.
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El papa Francisco, que endureció el discurso de la Iglesia, ha convocado un gran encuentro para la semana que viene con el que intentará atajar un fenómeno que amenaza con arruinar su pontificado. A su llegada, prometió "tolerancia cero". Y lo intentó poner en práctica: no minimizó el problema ni lo consideró algo del pasado, como sí hacía el clásico argumentario vaticano. El pontífice se ha reunido con víctimas y llegó a cambiar el reglamento interno para endurecer las penas por pederastia. Además, creó la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores con el objetivo de hacer autocrítica, prevenir casos y establecer mecanismos eficaces.
Después de la convocatoria, la Iglesia española movió ficha. La Conferencia Episcopal Española, representante de las 70 diócesis, anunció en octubre la creación de una comisión para articular procedimientos de prevención, reparación y castigo. En principio, algo positivo. Salvo si no se cumple. "Si no se cumplen, los protocolos se quedan en papel mojado", critica Hurtado. "En el caso Montserrat, la Abadía ha reconocido que no cumplieron los protocolos vaticanos, que no informaron de mi caso hasta el año 2016, cuando mi abusador estaba muerto, y que solo lo hicieron porque yo me quejé", denuncia. No es la primera vez, de hecho, que la CEE asegura que se cambiarán los protocolos. "Periódicamente dicen que van a modificar los protocolos, pero si no se cumplen y no hay un régimen sancionar y disciplinario por no cumplirlo, al final es marketing y relaciones públicas", sentencia.
Habrá que ver, por tanto, qué ocurre en el encuentro del Vaticano, aunque la institución ni siquiera ha reconocido el informe que emitió la ONU en 2014 y que reclamó expresamente a la Iglesia "retirar inmediatamente a todos los abusadores de niños conocidos y sospechosos y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales". "Si las reconociera, las aceptara e implementara, sería un cambio sustancial y significativo y aumentaría masivamente el nivel de protección a la infancia", lamenta Hurtado.
El 10 de mayo de 2016, Miguel Ángel Hurtado, un barcelonés que sufrió abusos sexuales del sacerdote a cargo de su grupo católico juvenil, se presentó ante el Congreso de los Diputados. No lo hizo solo, sino con el aval de las más de 300.000 firmas que, como él, buscaban la imprescriptibilidad de los abusos a menores. Lo reclamaba porque lo había sufrido de primera mano. Tenía 16 años cuando se produjeron los abusos en el Monasterio de Montserrat, pero tardó mucho tiempo en atreverse a denunciar. Finalmente, lo hizo a los 22. Pero ya era tarde, el delito había prescrito. El día que se presentó en la Cámara Baja, se fue a casa con el compromiso de todos los grupos políticos de estudiar su petición. Pero han pasado casi tres años y no lo ha conseguido. "Dejaron el asunto metido en un cajón cogiendo polvo", lamenta. La imprescriptibilidad no ha llegado, pero sí ha habido cambios, aunque considera que insuficientes. Por eso, ahora vuelve al Congreso.