Dos historias divergentes sobre política y familia: de la dimisión de María Gámez al blindaje de Díaz Ayuso

Dos mil años después de que Julio César abandonara a su segunda esposa porque "no basta que la mujer del César sea honesta sino que debe también parecerlo", la imputación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha resucitado otro proverbio, este de autor desconocido: consejos vendo que para mí no tengo. Porque el PP que hace un año exigió la dimisión “inmediata” de la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las noticias que atribuían delitos de corrupción a su marido, aún no investigado judicialmente en el momento de aquella exigencia, es el mismo partido que ahora blinda a Ayuso. Lo hace bajo el alegato de que la imputación penal de su pareja por supuesto fraude fiscal y el montaje de una trama de facturas falsas a través de sociedades pantalla es “un asunto personal”. Y que de lo privado nunca se derivan consecuencias políticas.

En este caso, la variante respecto al aforismo de Plutarco reside nada más y nada menos en que la exigencia de honestidad real y aparente recae no sobre una mujer sino sobre dos hombres: el marido de Gámez y el compañero sentimental de Ayuso. Pero hay una segunda variante. Y esta consiste en que la reacción política del partido conservador y sus aliados de Vox, así como la desplegada por los medios afines a la derecha y la ultraderecha no muestra ahora, con Ayuso en el epicentro del debate, una nueva versión de aquellas Vidas Paralelas del filósofo. Lo que exhiben es un relato sobre vidas maritales divergentes donde la antigua jefa de la Benemérita y la presidenta de la Comunidad de Madrid no son las únicas mujeres con cargo público para quienes, como se verá más adelante, vivir enlazadas a varones con problemas las condujo por senderos pedregosos o, muy al contrario, por autovías sin baches.

El marido de Gámez, una dimisión y un limbo jurídico

La dimisión de María Gámez se produjo el 22 de marzo de 2023 horas después de que un juez de Sevilla colocase a su marido, Juan Carlos Martínez, la etiqueta de investigado en una pieza derivada del caso ERE. Dieciocho días antes del auto por el que Martínez fue imputado, el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, había pedido la dimisión “inmediata” de María Gámez. Pons, ahora personaje clave en la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo, expuso así los motivos de su exigencia: “Las noticias que se han dado a conocer sobre la corrupción en la que pueden haber incurrido su marido y sus cuñados la inhabilitan para ejercer de directora de los guardias civiles en España".

Abierta sobre el trípode delictivo prevaricación-malversación-blanqueo por el supuesto desvío de fondos desde una empresa participada por el Gobierno andaluz a otra mercantil propiedad de un hermano del cónyuge de Gámez, el caso por el que fue imputado Juan Carlos Martínez ofrece algunos puntos brumosos. El primero, que los hechos que se le atribuían se remontan a 2009 pero habían pasado inadvertidos desde entonces pese a la prolija investigación ligada al caso de los ERE. Es decir, al de mayor calado que ha afrontado el PSOE en lo que a corrupción se refiere. La sentencia declaró probada la ilegalidad del sistema por el que sucesivos Gobiernos socialistas andaluces repartieron 680 millones en ayudas públicas entre 2000 y 2009.

Ese enorme lapso de tiempo –de 2009 a 2023– acabó siendo determinante. Transcurridos siete meses de la dimisión de María Gámez, la Audiencia de Sevilla tumbó el caso por el que su marido permanecía imputado. Lo hizo al estimar un recurso del hermano de Juan Carlos Martínez. En su escrito, el cuñado de la exdirectora general del Instituto Armado adujo que la investigación judicial se inició cuando los plazos legales de instrucción ya habían caducado. Y como la doctrina del Supremo iba exactamente en esa dirección, la Audiencia hispalense ordenó el archivo de la causa.

Pero es ahí donde entran en juego otros dos puntos que abren interrogantes. El primero: el juez convirtió en investigado penal al marido de María Gámez pero, tal como subrayan fuentes conocedoras del caso, jamás le citó para tomarle declaración. Y ahora, la segunda cuestión que plantea preguntas: pese a que la Audiencia sevillana ordenó el archivo el 24 de octubre, a día de hoy el magistrado aún no ha dictado el auto con el que debe dar carpetazo. Traducido, lo anterior significa que seis meses después Martínez permanece en una especie de limbo jurídico. Y María Gámez sigue con la letra escarlata de la vergüenza política tatuada sobre su imagen.

La "barrera personal" en torno a Ayuso

Lo decisión de María Gámez de cesar de inmediato como directora general de la Guardia Civil “por principios, por honestidad y por responsabilidad” y el hecho de que el PP se la exigiera cuando todavía no existía un auto de imputación contra su marido acentúan las diferencias entre su caso y el de Isabel Díaz Ayuso. Lejos de dudar sobre si para la presidenta de Madrid resulta admisible vivir en un piso que podría considerarse de lujo –se calcula que pudo costar un millón de euros– adquirido en 2022 por su pareja, un comercial que en la pandemia cobró dos millones por mediar para la venta de mascarillas a la Xunta de Galicia y cuyo abogado reconoció por escrito ante Hacienda que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal, Ayuso se mantiene incólume.

Aferrada al sostenella y no enmendalla, la jefa del Ejecutivo madrileño ha llegado a proclamar que, lejos de adeudar 350.000 euros al fisco, es Hacienda la que le debe 600.000 “a pagar por intereses”. En sus declaraciones públicas desde que eldiario.es desveló la denuncia de la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021, Ayuso ha afirmado cosas como que estamos ante un “acoso salvaje”.

A su juicio, esa “persecución desproporcionada” se incardina en una estrategia del presidente Pedro Sánchez que busca su “destrucción personal”. La de ella, no la de González Amador, cuyo principal cliente –como señalaba la denuncia de la Fiscalía madrileña– es el grupo Quirón. Es decir, el gigante convertido en el máximo beneficiario de la privatización sanitaria que Esperanza Aguirre puso en marcha a comienzos del nuevo milenio. Del holding Quirón –se lee en el auto de imputación–, González Amador ha logrado “ingresos cuantiosos”. Como publicó infoLibre, una de sus filiales, Quirón Prevención SL, gestiona los reconocimientos médicos de la plantilla de la Comunidad de Madrid desde 2018. Ese año, Ayuso firmó la orden de adjudicación del primer contrato de tal naturaleza. Entonces, la hoy presidenta ostentaba el cargo de viceconsejera de Presidencia.

La camaradería demostrada por el PP hacia Ayuso deja una huella imborrable con las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el pasado 12 de marzo. “Es evidente que hay una cacería por parte del Partido Socialista hacia ella”, dijo para a renglón seguido quejarse de la relevancia adquirida por el caso: “Me parece lamentable traspasar la barrera personal en esos ataques políticos y yo, desde luego, no opino de cuestiones personales de nadie”.

Diez días después de aquella encendida defensa del derecho a la privacidad de Ayuso llegó el 22 de marzo. No el de 2023, que es cuando dimitió María Gámez, sino este último. O sea, el de hace una semana. Porque fue ese día cuando se conoció el auto por el que una jueza de Madrid acababa de imputar a Alberto González Amador, que de momento no ha pronunciado una sola palabra en público. Ayuso no es su portavoz oficial. Pero sí oficiosa como lo demuestra su invocación al “acoso salvaje” y a la “persecución desproporcionada”.

Eso último lo lanzó como una piedra al estanque mediático durante un evento en Chile al que había sido invitada por el digital El Líbero. Fundado por varios empresarios, entre ellos un exministro –Hernán Büchi– del dictador Augusto Pinochet, El Líbero organizó un encuentro donde la presidenta de Madrid habló de libertad. Exactamente, el 24 de marzo. Con un discurso muy sereno, a un ritmo más lento que el habitual en sus alocuciones, Ayuso defendió desde la tribuna el “pluralismo” informativo y la necesidad de que la prensa actúe como un “contrapoder”. Y sin intervalo, enfatizó que “el fin nunca puede justificar los medios”. Para entonces, en España ya había corrido como la pólvora la amenaza de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a eldiario.es por haber informado del –presunto– fraude fiscal del novio de la presidenta –“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. La amenaza –“anuncio”, según Rodríguez; “discusión por whatsapp”, según Ayuso– precedió al doble bulo difundido también desde el Gobierno madrileño contra periodistas de eldiario.es y El País. A estos se les señaló con nombre y apellidos como tipos que habían acosado a vecinos, incluso menores de edad, del edificio donde viven la presidenta y su pareja.

De Oltra a Muñoz

Pese al carácter inédito y desgarrador desde el punto de vista informativo del caso del novio de Ayuso, la presidenta de Madrid y su antitética María Gámez no son las únicas protagonistas de una potencial serie sobre vidas divergentes. Además de la presidenta de Madrid y de la exdirectora general de la Guardia Civil y aunque como personajes secundarios a día de hoy aparecen otras dos figuras políticas de relevancia.

En primer lugar, la exvicepresidenta valenciana y durante años rostro visible de Compromís, Mónica Oltra, a quien el Tribunal Superior (TSJ) de la comunidad levantina mantiene imputada desde junio de 2022 como supuesta encubridora de los abusos a una adolescente de 14 años. Los abusos, cuya existencia ha confirmado el Tribunal Supremo, los perpetró su exmarido, que ya había sido condenado en 2019 a cinco años de cárcel. Educador en un centro de menores tutelados, todo ocurrió entre finales de 2016 y comienzos de 2017. En 2022, Oltra fue imputada tras presentar la Fiscalía un demoledor y extenso informe donde consideraba inverosímil que quien en febrero de 2017 era consellera y portavoz de la Generalitat valenciana ignorase lo sucedido cuando media docena de personas ya conocían el relato de la menor. El 21 de junio de 2022, cinco días después de ser imputada y tras una primera negativa a abandonar sus cargos, Oltra dimitió.

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En el polo opuesto se sitúa la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, a cuyo marido –fallecido el 4 de marzo de 2023, antes de que se conociera el escrito de acusación de la Fiscalía– una exhaustiva investigación policial y judicial identificó como cabeza de una trama de narcotráfico y blanqueo. Copropietaria junto con su esposo de una mansión cuya venta terminaron negociando por nueve millones, pidió cobrar el primer millón en Luxemburgo.

La investigación desveló que el blanqueo se fraguó a través de operaciones inmobiliarias promovidas desde Marbella. A comienzos de este mes, y como desveló infoLibre, el PP se valió de su mayoría absoluta en el Senado –donde Muñoz había ocupado un escaño– para denegar la entrega de documentos sobre el patrimonio de la alcaldesa al juez que tramita la demanda interpuesta por la regidora marbellí contra periodistas de eldiario.es por vulneración de su “derecho al honor”. Muñoz no está imputada.

En 2022, salió a la luz que la Policía había remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que proponía que la supuesta utilización del poder de Ángeles Muñoz por parte de su marido y su hijastro –también procesado– sustentara una nueva línea de investigación. La solicitud no tuvo el menor efecto ni en la Fiscalía Antidroga ni en el juzgado instructor de la causa: el 6 que dirige Manuel García Castellón, impulsor de la acusación de terrorismo contra los independentistas catalanes de Tsunami Democràtic. La alcaldesa no se ha planteado en ningún momento dimitir.