Los trabajos realizados en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal han puesto de manifiesto parte de la intensa actividad comercial de la Iglesia Católica. Solo en las dos últimas décadas, la institución ha vendido más de un centenar de propiedades de las que inscribió a su nombre en base a un esquema jurídico que tiene su raíz en plena dictadura. En el listado de propiedades de las que se ha deshecho hay de todo. Desde edificios hasta huertos, pasando por viñas, olivares, templos o dependencias complementarias. Por el momento, se desconoce la tajada económica que sacó de todas estas ventas.
El Ejecutivo de coalición puso sobre la mesa hace casi un año 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998, año en que entró en vigor una reforma legal impulsada por el Gobierno de José María Aznar, y 2015, cuando otra de Mariano Rajoy puso fin a esta práctica. Esta lista, que representa una parte pequeña del problema al no recoger las inscripciones anteriores a ese periodo –los colectivos hablan de 100.000 desde la Ley Hipotecaria de 1946– fue revisada por la propia Conferencia Episcopal, que detectó algo más de dos millares de incidencias, desde duplicidades hasta bienes inmatriculados o adquiridos a través de títulos anteriores al periodo objeto de análisis.
Dentro de ese compendio de incidencias, recogidas en un amplio informe elaborado por el órgano de gobierno de los obispos, también se ponía de manifiesto la existencia de propiedades que o no les consta "su titularidad" sobre las mismas o cuyos titulares actuales son otros porque, en su momento, fueron donadas, expropiadas o vendidas por la Iglesia. Sobre estas últimas, el documento recoge 129 ventas desde 1998, cuando se llevó a cabo aquella reforma normativa que flexibilizaba aún más los márgenes para el registro de bienes de titularidad incierta.
Un modo de proceder que desmonta ese supuesto propósito de la Iglesia de registrar los bienes para "ponerlos al servicio de la sociedad", como suelen decir sus portavoces. Porque tras la fachada de las inmatriculaciones se esconde también un negocio inmobiliario de dimensiones desconocidas. El estudio de la Conferencia Episcopal no ofrece cifras relativas a los ingresos procedentes de las operaciones de compraventa de este algo más de centenar de propiedades. Simplemente, se limita a reseñar de qué bienes se deshicieron y dónde se ubicaban. En algunos casos, además, detallan el año de la venta. Y, en ocasiones contadas, hacen referencia al comprador.
Entre las propiedades colocadas hay de todo. Figuran numerosos templos y dependencias complementarias repartidas por toda la geografía española. Es el caso de la casa parroquial de Solana de los Barros (Badajoz) o la de Ollauri (La Rioja), así como de las casas rectorales de los municipios leoneses de Valderrueda, Formigones o Carracedo de Compludo. Una lista en la que también constan iglesias. En 2006, la de San Andrés, en el municipio navarro de Berroya, una propiedad a la que se sumaría en 2014 el templo parroquial de San Martín, en la misma comunidad autónoma. Y algo antes la de San Diego, cuyo titular actual es el Ayuntamiento de Alaior (Menorca).
Algunos de los compradores de estos bienes fueron, justamente, las propias administraciones locales. Y hay varios ejemplos de ello. El consistorio de Ollauri, en La Rioja, compró la casa y salón parroquial, este último un pequeño edificio de dos plantas en el que se ubicó el hogar de la tercera edad. O un jardín el de Leoz.
La Iglesia pretende dar carpetazo al expolio de las inmatriculaciones devolviendo sólo el 2,8%
Adquisiciones que también han hecho grandes ayuntamientos. El de Pamplona llegó a pagar en su día más de 460.000 euros por una antigua iglesia desacralizada, inmatriculada por la diócesis, cuya titularidad municipal había sido reconocida durante la Segunda República. Y casi 50.000 euros llegó a ofrecer en su día el de Ziritza, en suelo navarro, para hacerse con la casa de la maestra, también inscrita por la Iglesia.
Otra parte importante de las ventas corresponden a fincas. En algunos casos, son pequeñas huertas, algunas de ellas adosadas a la casa parroquial de turno. En otros, solares dedicados al cultivo de la oliva o la vid. En Tomelloso, Ciudad Real, consta en el estudio de la Conferencia Episcopal que la Iglesia se deshizo de media docena de terrenos destinados a la viña. Y algunos pastos y olivares ubicados en Eslava, otra pequeña villa navarra de apenas un centenar de habitantes.
Las operaciones inmobiliarias también incluyen algunos edificios. Por ejemplo, los que figuran como vendidos en Saldón (Teruel) y Senet (Lleida). Y algunas viviendas, como una unifamiliar de la que se deshicieron en La Higuera, de nuevo una pequeña localidad ubicada en este caso en Segovia, u otras situadas en Tredós (Lleida) o Galdúroz, esta última en ruinas. E incluso un almacén, como el que figura como vendido en la localidad navarra de Izco, que apenas llega al medio centenar de habitantes.
Los trabajos realizados en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal han puesto de manifiesto parte de la intensa actividad comercial de la Iglesia Católica. Solo en las dos últimas décadas, la institución ha vendido más de un centenar de propiedades de las que inscribió a su nombre en base a un esquema jurídico que tiene su raíz en plena dictadura. En el listado de propiedades de las que se ha deshecho hay de todo. Desde edificios hasta huertos, pasando por viñas, olivares, templos o dependencias complementarias. Por el momento, se desconoce la tajada económica que sacó de todas estas ventas.