54 mujeres han sido asesinadas durante el año que está a punto de terminar por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación. Esta cifra iguala el balance de 2014 –aunque hay un caso en investigación en Pontevedra– y evidencia que en la lucha contra la violencia machista todavía hay mucho por hacer. Lo tienen claro las expertas y los colectivos feministas, que llevan tiempo denunciando las lagunas en la protección judicial de las víctimas, la falta de especialización en los profesionales que tratan con estas mujeres o la carencia de recursos. Y también reclamando que no se deje de lado ni la educación en igualdad y valores ni la visibilización del problema.
Precisamente en el año que acaba de cerrarse tuvo lugar una multitudinaria manifestación en Madrid en la que se visibilizó el apoyo a las víctimas. Organizaciones de mujeres, partidos políticos, sindicatos, ONG y entidades sociales coincidieron en una movilización que surgió precisamente de la preocupación por el elevado número de víctimas y las lagunas que, a juicio de las convocantes, existen en la respuesta institucional contra esta lacra. Han pasado diez años desde la puesta en marcha de la Ley contra de Violencia de Género y el hecho de que prácticamente cada semana haya una mujer asesinada pone de manifiesto que hay carencias en su aplicación. María Concepción Torres Díaz, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional, insiste en que "educación, sensibilización y especialización" deberían ser los pilares fundamentales de la actuación institucional contra esta lacra.
"La formación especializada de todos los profesionales que trabajan en este ámbito es fundamental. Tiene que haber pautas comunes que les permitan tanto prevenir el problema como saber detectarlo y, por consiguiente, saber actuar", señala. A su juicio es muy relevante el papel de los profesionales sanitarios en el ámbito de la atención primaria porque suponen la entrada al sistema de protección. Pero también el de los que están en el mundo de la judicatura (abogados, fiscales, jueces): unos porque cuando hay situaciones de riesgo tienen que saber probar la agresión o la existencia del riesgo y, otros, porque tienen que decidir qué tipo de protección se da a las víctimas.
La Ley Integral de Violencia de Género alude de forma expresa a la orden de protección y señala que el juez que reciba la solicitud tiene que decidir si la estima en un plazo de 72 horas tras una audiencia urgente de la víctima, el supuesto agresor y el Ministerio Fiscal. Los datos oficiales del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial señalan que durante 2014 –todavía no hay datos de 2015– los juzgados desestimaron el 41,1% de las solicitudes. En 2004 las rechazadas fueron el 22,2%.
Valoración del riesgo
Las estadísticas no permiten analizar cuál es el alcance de estas resoluciones y en cuántos casos aciertan o no los juzgados cuando deniegan órdenes de protección o sobreseen casos porque no se cruzan los expedientes. Pero en el centro del debate está el fracaso de la puesta en marcha de los protocolos forenses de valoración del riesgo. Estos protocolos están pensados para aumentar las garantías de los procesos judiciales y su importancia radica en que dan a los jueces la posibilidad de contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que los componen –médico forense, psicólogo y trabajador social– en los procedimientos en que se precisen.
"Este es el gran problema. Es evidente que los jueces necesitan una herramienta para valorar a la víctima y que a eso se sume su propia formación específica y especializada en la que también hay muchas carencias. Estas unidades son imprescindibles, pues los jueces deben poder analizar todos los elementos más allá del protocolo que le marca la fuerza actuante", señala la abogada Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
El pasado verano los expertos de la ONU encargados de analizar el cumplimiento del convenio contra la discriminación de la mujer ratificado en 1984 (CEDAW) mostraron su preocupación por cómo se está garantizando de forma coordinada la obligación de proteger de forma eficaz a las víctimas dada la dispersión autonómica y la diferente intensidad con la que las comunidades han aplicado políticas de recortes, pues es innegable que la carencia de recursos desampara a las víctimas y les dificulta poder probar su situación de vulnerabilidad.
Los expertos de la ONU también pusieron sobre la mesa la preocupación por los cinco años de descensos en el número de mujeres que denuncian a sus supuestos agresores, aunque esta tendencia ha empezado a cambiar en 2015. Y preguntaron si este descenso se puede atribuir a una falta de sensibilización con perspectiva de género del personal que atiende a la víctima en el duro trago de señalar a su agresor.
Prevención y educación
Torres Díaz, que también es abogada y profesora del Máster y cursos en Malos Tratos y Violencia de Género de la UNED, incide en la importancia de las políticas de prevención y en la educación en igualdad, así como en la evaluación de estas políticas. "Hay que empezar desde la escuela aunque los resultados se vean a medio o largo plazo. Y en relación a las campañas de sensibilización es necesario evaluarlas, ver si pueden llegar a más gente... Creo que no se profundiza lo suficiente en la gravedad del problema", analiza. También cuestiona que en estas campañas siempre se ponga el foco en la denuncia. No niega la efectividad de la denuncia como parte del sistema de protección, pero sí sostiene que no tiene que ser la única medida en la que se tiene que incidir.
De hecho, las expertas consideran que la exigencia inmediata de denuncia al conocer un caso de violencia (así lo prevé la ley integral) puede suponer incluso un "desincentivo" para las mujeres a la hora de acudir a los servicios de acompañamiento y que son la antesala de una posible denuncia pero, a su juicio, sólo cuando esté preparada para hacerlo. "Lo que tiene que estar claro es cuáles son los dispositivos de denuncia y que las víctimas cuando denuncian en primera persona vayan bien asesoradas, así como que los partes de lesiones o los testimonios de los familiares sean considerados con la suficiente prioridad e importancia en los juzgados", dice Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres y especialista en políticas de igualdad de oportunidades.
Parte del debate público
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No obstante, entre los colectivos de mujeres la percepción general es que, de lo que no se habla, no existe. Por eso insisten en que la violencia machista tiene que formar parte de la agenda política y mediática. "Venimos de una situación de impunidad del agresor y de invisibilidad de la víctima. En los años noventa pudimos revelar la gravedad del problema y los medios comenzaron a informar. Después las campañas de sensibilización han servido para afianzar el repudio social a los agresores al tiempo que se muestra que sus actuaciones tienen graves consecuencias", añade Soleto.
La violencia contra las mujeres estuvo presente en los debates entre candidatos en las pasadas generales aunque se coló de manera más manifiesta en la campaña cuando los medios de comunicación pusieron el foco en la posición de Ciudadanos sobre los crímenes machistas. En su programa electoral, el partido defendía "acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo". O, lo que es lo mismo, suprimir el agravante que posibilita que delitos que fuera de ese contexto pueden parecer no muy graves –amenazas, lesiones leves, coacciones...– sí acarreen penas mayores si se cometen contra mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Esta asimetría está incluida en la ley integral contra la violencia de género y está avalada por el Tribunal Constitucional.
El partido de Albert Rivera intentó salir del paso señalando que su objetivo es que este agravante también pudiera darse entre parejas del mismo sexo e insistiendo en su compromiso contra la violencia machista. No obstante, otros candidatos de la formación contribuyeron a mantener viva la polémica mientras el resto de formaciones se vieron obligadas a mostrar su postura sobre el tema. "Está bien que los partidos tengan que explicarse, que el tema esté en la agenda política y mediática... ahora que es tiempo de pactos poselectorales la postura contra este tipo de violencia también debería contar para llegar a acuerdos", concluye Torres.
54 mujeres han sido asesinadas durante el año que está a punto de terminar por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación. Esta cifra iguala el balance de 2014 –aunque hay un caso en investigación en Pontevedra– y evidencia que en la lucha contra la violencia machista todavía hay mucho por hacer. Lo tienen claro las expertas y los colectivos feministas, que llevan tiempo denunciando las lagunas en la protección judicial de las víctimas, la falta de especialización en los profesionales que tratan con estas mujeres o la carencia de recursos. Y también reclamando que no se deje de lado ni la educación en igualdad y valores ni la visibilización del problema.