el gobierno de los jueces

Los vocales del CGPJ pactan una treintena de cargos y eligen a dos próximos a Robles para el Supremo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la partida del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano'.

Dos candidatos de la órbita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se convertirán previsiblemente este miércoles en magistrados del Tribunal Supremo. Progresistas y conservadores han pactado que Félix Azón, ex director general de la Guardia Civil nombrado por Robles en 2018, pase a formar parte este miércoles de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El acuerdo incluye también a otro aspirante próximo a la ministra, el conservador Manuel Almenar, que ocupará una vacante en la Sala de lo Civil. Tanto Azón como Almenar formaron parte del Consejo General del Poder Judicial en el que la ministra fue vocal a propuesta del PSOE. Hasta su nombramiento en el Gobierno de Pedro Sánchez, Robles fue compañera de sala de la actual presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló.

En total, el Consejo tiene previsto cubrir una veintena de vacantes del alto tribunal así como otros altos cargos judiciales a los que solo se había presentado un candidato. Se trata del primer gran acuerdo sobre nombramientos discrecionales del órgano tras su renovación del pasado junio. Entre las plazas que se cubrirán previsiblemente están 14 puestos de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, una de las más castigadas por la prohibición de nombrar que conllevó el bloqueo al que el PP tuvo sometido al órgano durante más de cinco años. De ella también forman parte varios de los vocales y magistrados del Constitucional que dejaron la sala tras sus nuevos cometidos y cuyos sustitutos todavía no habían sido designados.

El pacto resuelve de una tacada casi una treintena de nombramientos de los 129 que la larguísima prórroga de los anteriores vocales provocó. Pero sobre las presidencias de cuatro de las cinco salas -Civil, Penal, Contencioso y Social- todavía no hay acuerdo entre ambos sectores.

Margarita Robles, de la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia, y Almenar, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, fueron dos figuras clave en el Consejo del que formaron parte entre 2008 y 2013. La sintonía entre ambos y el apoyo de un grupo de vocales próximos a los dos entre los que estaban el progresista Félix Azón, les sirvió para controlar de facto el órgano de gobierno de los jueces que presidió el conservador Carlos Dívar hasta su dimisión por un escándalo de viajes privados pagados con dinero público y su sustitución por Gonzalo Moliner. La amistad entre ambos exvocales les llevó incluso a firmar una tribuna conjunta en El Mundo en el que rechazaban que los jueces y el Consejo estuvieran politizados.

Isabel Perelló no formó parte de ese Consejo, pero fue ascendida por él a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo en 2009 con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que Robles volvió tras su etapa de vocal. Ambas magistradas son personas próximas y, en 2014, mandaron una carta firmada por las dos al expresidente del Consejo, Carlos Lesmes, al que acusaban de utilizar un lenguaje machista al dirigirse a sus compañeros y compañeras exclusivamente con el género masculino cuando las mujeres ya eran mayoritarias en la carrera judicial. El Consejo que gobernaron de facto Robles y Almenar también ascendió al alto tribunal al actual hombre fuerte del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, el también magistrado de lo Contencioso del Supremo José Antonio Montero.

Perelló, ahora nueva presidenta del Consejo, había trasladado esta semana a los vocales su deseo de que Azón –que votó a favor de su nombramiento– se convirtiera en director de la Escuela Judicial, una propuesta para la que contaba con el apoyo del sector conservador pero a la que se oponían la mayoría de los progresistas por considerar que su designación podría ser interpretada como una imposición desde el Gobierno. Finalmente, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no optará a ese cargo, pero accederá, casi con total probabilidad, a un puesto mucho más trascendente, el de miembro de la Sala Cuarta del Supremo.

Ambos nombramientos, según fuentes del Consejo, chocan además con el criterio de aplicación de la ley de paridad aprobado por la comisión de igualdad del órgano de gobierno de los jueces. El nombramiento de Almenar incrementará la brecha entre hombres y mujeres en la Sala de lo Civil, donde al menos tres de las cuatro plazas vacantes debían ser ocupadas por mujeres para cumplir con el reparto mínimo del 40% por cada sexo. Lo mismo ocurre con Azón en la Sala de lo Social, donde al menos tres de los seis puestos por cubrir debían corresponder a magistradas. No tener en cuenta la paridad podría dar lugar a que ambos nombramientos sean recurridos ante la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que revisa los actos del CGPJ.

Más sobre este tema
stats