El sector progresista del CGPJ se reunirá este viernes para valorar una posible dimisión en bloque
El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este viernes una primera reunión para valorar una posible dimisión en bloque que pondría en peligro el quorum que se necesita para que las decisiones del Consejo sean válidas, con el objetivo último de forzar la renovación de la institución -que lleva más de cuatro años caducada-, tras la espita abierta por la renuncia de su compañera Concepción Sáez, que aún no ha sido aceptada por el presidente interino de la institución, Rafael Mozo.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, hay vocales progresistas dispuestos a seguir los pasos de Sáez si es una decisión conjunta, al considerar que un goteo de dimisiones supondría dejar el Consejo en manos del bloque conservador, mientras que una salida de los 8 vocales progresistas arriesgaría el quorum y, por tanto, podría paralizar el CGPJ.
No obstante, desde el mismo sector algunas voces subrayan que se trata solamente de contactos internos para escuchar la opinión de todos los miembros del bloque progresista. "No hay nada definitivo", afirman.
En cualquier caso, el movimiento tectónico se produciría después de que el CGPJ hubiera finalizado la designación de los miembros judiciales de las audiencias de las juntas electorales provinciales de cara a los comicios del 28 de mayo.
La salida de los 8 vocales progresistas podría desatar una nueva batalla interna, ya que algunas fuentes advierten de que el quorum de 11 es discutible. Y ello porque la normativa establece que es de 10 vocales más el presidente, pero como Mozo es un presidente suplente podría interpretarse que con una decena de vocales es posible operar.
Actualmente, el CGPJ está formado por 18 vocales, 8 progresistas -incluido Mozo- y 10 conservadores, dos menos de los que debería tener porque durante los cuatro años de interinidad del Consejo el vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció, a lo que se suma la dimisión de Carlos Lesmes el pasado 9 de octubre para forzar un acuerdo político de renovación que sigue sin llegar.
Sáez, el detonante
De momento, Mozo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que tiene previsto abordar en el Pleno ordinario del próximo 30 de marzo para decidir si la acepta o la rechaza.
En la carta, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Sáez plantea su renuncia como "ineludible". En primer lugar, porque el CGPJ lleva caducado más de cuatro años.
Sáez explica que, "por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad", ha venido "aguantando el transcurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad", pero que "en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial".
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En segundo lugar, la vocal señala a "la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones", algo que dice ha terminado por "agotar" su "paciencia".
"Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución", concluye Sáez, nombrada a propuesta de Izquierda Unida.
Desde el sector conservador, aunque no son pocos quienes manifiestan esa misma sensación de hartazgo por los cuatro años extra que llevan en el cargo, descartan dimitir al estimar que causaría mayores problemas, sobre todo en la gestión ordinaria del Poder Judicial (bajas, libranzas, comisiones de servicio, etc), a lo que suman que la solución deben aportarla las fuerzas políticas, no los propios vocales.
