Vox inunda de recursos el Tribunal Constitucional con una media de casi dos por mes en lo que va de legislatura

"Nunca pudimos imaginarnos la importancia que tendría nuestra capacidad, con más de 50 diputados, de presentar recursos de inconstitucionalidad". Pronunciada el 15 de diciembre de 2020, esa afirmación de Macarena Olona ha demostrado ser más que un arma retórica. Desde febrero de 2020 y con 52 diputados desde las elecciones de noviembre del año anterior  –50 es el mínimo para interponer recurso de inconstitucionalidad–, el partido de Abascal ha acudido ya en 28 ocasiones al Tribunal Constitucional (TC). Así lo plasma un listado hecho por el propio partido y cuyo contenido delata que en números redondos Vox ha inundado el TC con una media de casi dos recursos por mes (1,64), en su mayoría dirigidos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Frente a los de inconstitucionalidad (11), los superan los de amparo (17): es decir, aquellos pensados para cuando se han podido lesionar derechos fundamentales. De los 28 recursos, el TC ha tumbado 11 y ha estimado dos, según fuentes del tribunal. Los otros 15 están en espera de que el tribunal adopte una decisión.

El recurso de amparo por el hecho de que el Congreso permitiera a 29 diputados catalanes y vascos emplear una fórmula propia para el juramento o promesa de la Carta Magna abrió el 14 de febrero de 2020 una serie donde la recientísima sentencia contra el estado de alarma ha marcado un punto de inflexión que genera incertidumbre: dudas, en resumen, sobre qué papel desempeñará el Tribunal Constitucional en la guerra jurídica lanzada por Vox contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No recuerdo ningún precedente", contesta el profesor Joaquín Urías a la pregunta de si para dirimir sus desacuerdos con la política de un Gobierno algún partido había otorgado antes tanta preponderancia no solo cualitativa sino cuantitativa al órgano especializado en interpretar el mandato constitucional.

Letrado del TC entre 2004 y 2010 y ahora profesor en la Universidad de Sevilla, Urías entiende que Vox ha optado por ese camino porque toma los recursos ante el TC como "la única arma política que pueden utilizar sin pactos".  "El problema –continúa el jurista– es que en esos recursos hay que dictar sentencia aunque el argumento sea un disparate". Y todo eso "colapsa el tribunal y provoca que el TC ponga en duda todas las normativas existente. Es muy difícil gobernar si todo lo que hagas queda a expensas del Tribunal Constitucional".

Otras fuentes, estas del propio TC, creen que la avalancha de Vox ya se ha hecho notar, "pero no hasta el punto de colapsar el tribunal". Los datos oficiales del TC certifican que la pandemia se tradujo el año pasado en un descenso de la demanda de justicia constitucional: en 2020 se registraron  en total 6.570 nuevos asuntos (1.051 menos que en 2019). En concreto, se produjo una fuerte caída de las demandas de amparo (6.515 en 2020, frente a 7.554 en 2019).

Las dudas del "imperativo legal"

El recurso de los juramentos se encuentra aún pendiente de sentencia pese a ser el primero en orden cronológico. Su mera admisión a trámite, que sucedió en abril, abre de nuevo un interrogante de calado: ¿planea el TC aclarar la doctrina que en 1989 le llevó a validar que se prometa un cargo "por imperativo legal", como habían hecho diputados de Herri Batasuna, o se propone modificarla? Lo que Vox sostiene en su recurso es que, esta vez, 29 diputados independentistas "se conjuraron" contra la Constitución y que carecen de derecho a ocupar el escaño. 

Algunos recursos de amparo ni siquiera fueron admitidos porque el tribunal entendió que Vox debería haber agotado la vía judicial ordinaria; y otros se han archivado porque el Constitucional no detectó indicios del daño alegado por los firmantes. En la categoría de recursos de amparo fracasados figura el presentado contra el –inexistente– acuerdo de PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ; en paralelo, Vox mantiene un segundo recurso, este de inconstitucionalidad, contra la reforma legal que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando sus miembros están, como ahora, en funciones. 

El nexo entre una buena parte de los recursos de amparo a los que el TC ha dado carpetazo es que busca la desestimación de decisiones adoptadas por tribunales ordinarios sin pasar antes por el filtro del Supremo. Por ejemplo,  Vox presentó uno porque la Audiencia de Madrid archivó las diligencias contra un asesor del exministro José Luis Ábalos en el caso Delcy; otro porque un juzgado archivó las actuaciones penales por las manifestaciones del 8M; un tercero, igualmente por el cierre del caso abierto por el homenaje a un etarra involucrado en el asesinato de Miguel Ángel Blanco; un cuarto, porque otro juzgado archivó en Galicia un procedimiento penal al entender, dice Vox, que no hubo delito electoral "en las contramanifestaciones, amenazas e insultos en campaña electoral".

Entre los recursos de amparo pendientes y además del relativo a los juramentos de diputados se cuenta uno contra la determinación del Parlamento vasco de aplicar un cordón sanitario a Vox limitando el tiempo de sus intervenciones. Y otro contra el decreto del Ejecutivo de Iñigo Urkullu que permite a los ciudadanos elegir entre el castellano y el euskera para sus comunicaciones con los ayuntamientos, algo que Vox considera un "atropello lingüístico". 

Dos leyes cargadas de simbolismo

En el apartado de lista de espera constan varios recursos de inconstitucionalidad relevantes como el formulado contra el segundo estado de alarma. O el que cuestiona la constitucionalidad de la suspensión de plazos en el Congreso también por la pandemia. Y por supuesto, ni hay plazo ni se le espera de momento para que el TC resuelva sobre los recursos contra leyes cargadas de simbolismo. La primera, la de la eutanasia. De momento, el tribunal se ha negado a suspender la ley que tras décadas de atasco reconoce el derecho a que ponga fin a su vida quien sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un “sufrimiento intolerable”. La segunda, la de reforma educativa conocida como Ley Celáa y que, según Vox, provoca "la exclusión del castellano". 

De momento, Vox solo ha cosechado en el TC dos victorias de relumbrón político. La primera devino de la resolución dictada el pasado mes de mayo y que anuló el decreto por el que Pablo Iglesias se había incorporado a la Comisión del CNI. Pero es la segunda la que, emitida hace menos de dos semanas, ha dado una auténtica bocanada de aire a la extrema derecha parlamentaria tanto por su alcance político como por lo que presagia para el futuro: la sentencia ya citada que derribó, por seis votos a cinco, el primer decreto del estado de alarma.

En el polo opuesto se cuentan dos recursos de inconstitucionalidad que ya ha desestimado el tribunal de garantías: el más reciente, el planteado contra la autorización del Parlamento asturiano para usar en la Junta General –la Cámara autonómica– el bable, desestimado en mayo. Dos meses antes, el Constitucional desestimó el dirigido contra una ley aprobada en Murcia por acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos, la del Mar Menor. Esa ley solo permite agricultura ecológica en los terrenos próximos a la deteriorada albufera o laguna salada de Murcia. En línea con su política de captación del voto rural, Vox la definió en cambio como una "indigna caza de brujas contra los agricultores".

Una incógnita sin resolver

¿Reforzará la formación ultraderechista su estrategia judicial de cerco constante al Gobierno tras el controvertido golpe del Constitucional al primer decreto del estado de alarma? La pregunta permanece abierta.  Como también lo sigue la incógnita de cuándo, tras el bloqueo del PP, se producirá el acuerdo político para renovar el Constitucional, cuatro de cuyos 11 miembros actuales –uno menos de lo regulado al haber dimitido uno de sus integrantes– agotaron su mandato en noviembre de 2020. 

El TC blinda a las administraciones ante posibles quiebras tras sus sentencias sobre el estado de alarma y la plusvalía

Ver más

Pero sea como sea lo cierto es que el día en que Olona habló de la importancia de haber superado el medio centenar de escaños, sus propias palabras cuantificaron en 11 los recursos presentados hasta entonces. Siete meses después, la lista se ha más que duplicado. Y sigue al alza: dos días antes de que se conociera oficialmente el texto que por los pelos aprobó el TC sobre el estado de alarma, el partido de Santiago Abascal ya anunció dos nuevos recursos. Estos, de inconstitucionalidad contra sendas normativas autonómicas -una vasca y otra balear, esta con rango de decreto- por abrir la puerta a la vacunación obligatoria contra el Covid. El Ejecutivo del archipiélago, que preside la socialista Francina Armengol, ya ha remarcado que el decreto permite la vacunación forzosa a "determinados colectivos" pero que en la práctica continuará siendo voluntaria. El asunto, como todos los nucleados en torno al covid, presenta riesgos de confusión: porque es el Gobierno central el que impugnó ante el tribunal de garantías la ley gallega de Salud. Y esa ley prevé la vacunación obligatoria.

El partido que al defender en octubre su moción de censura atribuyó las miles de muertes por el coronavirus a la "inacción" del Gobierno, ataca más elementos de la ley vasca que la vacunación forzosa. Y es que en Vox aseguran que en el País Vasco se está abriendo paso un "estado dictatorial", en palabras de Olona. Porque la ley, argumentó la secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, también está "imponiendo" "el sometimiento obligatorio de las PCR o el cribado”.