Como cada año desde que hace quince el PP regresó al Gobierno gallego, los Presupuestos Generales de la Xunta volvieron a entrar en l Parlamento con un anexo denominado ley de medidas fiscales y administrativas. Se trata de la llamada ley de acompañamiento, la cuestionable técnica de aprovechar el procedimiento presupuestario para modificar de un solo golpe decenas de normas anteriores, algunas directamente vinculadas a las cuentas públicas y su administración y otras, sin esa conexión.
De cara al próximo año 2025, la ley adjunta regula, una vez más, aspectos muy diversos. Desde la creación del marco legal sobre el que los ayuntamientos puedan cobrar la tasa turística –fruto de las reiteradas quejas del Ayuntamiento de Santiago– hasta una operación de alto impacto como la "actualización del reglamento del plan del sector eólico de Galicia", una promesa que se remonta a a década y media.
Dentro de ese aluvión de reformas, el Gobierno de Alfonso Rueda incluye una a la que atribuye el "fin de facilitar la emancipación de la juventud". En el marco de una amplia modificación de la ley gallega de vivienda de 2012, la Xunta atribuye al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) la facultad de "promover, en colaboración con la consellería competente en materia de juventud, la promoción y gestión pública de alojamiento compartido, destinado a satisfacer las necesidades de vivienda transitoria de personas menores de 36 años” .
Lo que podría parecer un nuevo plan para construir espacios similares a las actuales residencias de estudiantes va mucho más allá. Porque sus destinatarios pueden ser personas individuales, pero también "unidades de convivencia" en las que "al menos una de las personas que la integran" sea menor de 36 años. La reforma legal prevé que la estancia en estos lugares podrá ser de hasta tres años como norma general, ampliables hasta siete "en consideración de las circunstancias económicas y laborales de los usuarios".
Estos alojamientos tendrán la consideración de viviendas de protección permanente –todos la tendrán a partir de 2025, en la línea de lo que reclaman desde hace años el BNG y el PSdeG– y combinarán "espacios privados" con una superficie útil de "al menos 30 metros cuadrados" con otros "comunes o complementarios". Así, se compartirían zonas como “sala común, comedor o lavandería”.
La nueva ley se refiere a los convenios que, "a estos efectos", formalizan los departamentos de Vivienda y Juventud para especificar el "régimen de gestión y mantenimiento" de los edificios, los umbrales de renta para acceder a ellos, los "precios máximos" que habrá que pagar o "los criterios de selección de usuarios". Sí avanza que estos criterios podrán "establecer reservas para adjudicar directamente el alojamiento a personas o unidades de convivencia en situaciones consideradas de atención preferente".
La construcción de estos alojamientos, dice la ley de acompañamiento, será considerada a partir de 2025 una "obra pública de interés general", al igual que todos los proyectos de vivienda promovidos por el IGVS "o por una entidad con participación mayoritaria" del mismo. Estas obras "en consecuencia, no estarán sujetas a licencia urbanística ni a ninguno de los actos de control preventivo" por parte de los ayuntamientos, indica, además de agilizar diversos trámites.
200 millones para vivienda quince años después
La posibilidad de ofrecer "alojamientos compartidos" como viviendas tuteladas para jóvenes o familias con algún miembro menor de 36 años no fue adelantada ni por el presidente Rueda ni por la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, al exponer sus planes para incrementar el parque de pisos protegidos en unos 3,50 0 en esta legislatura –el equivalente al 20% de la demanda actual–. Viene con unas cuentas públicas en las que, por primera vez en quince años, el presupuesto para vivienda se eleva a más de 200 millones de euros.
Se da la circunstancia de que esta subida del presupuesto, de casi el 23%, se produce mientras la partida específica para la construcción de viviendas protegidas (VPP ) cae a un mínimo histórico, apenas 465.000 euros frente a los 12 millones del año pasado. El motivo de este movimiento es que el grueso de la partida para pisos nuevos protegidos se concentra en un programa de "rehabilitación residencial y vivienda social" dotado con 100,49 millones de euros –-cinco veces más que en 2024–, de los cuales 58,9 son fondos propios de la Xunta. y 41,5, una transferencia del Estado de los fondos de recuperación europeos.
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Según incluyó la Consellería de Vivienda en sus cuentas para 2025, ese proyecto de "construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes" contará con otros 55 millones de euros en 2026 y permitirá contratar la construcción de 200 viviendas mientras que otras 865, indica, ya están "en construcción". En ese momento, habría algo más de 1.000 pisos en alquiler protegidos, de los que más de la mitad (el 51,93%, dicen los presupuestos) estarán en la provincia de Pontevedra -principalmente en la zona de Vigo-.
Estos fondos europeos de recuperación son clave para entender el incremento del presupuesto de vivienda del Gobierno gallego en los últimos años. Así, según las cuentas del IGVS para 2025, algo más de un tercio de los 221 millones de euros que manejará –17 más de lo presupuestado en el departamento para incluir otras fuentes de financiación, en el caso de inquilinos o ventas de terrenos– tienen un origen comunitario.
Mientras, menos de la mitad son fondos propios de la Xunta. Son algo más de 107 millones, que, sin embargo, suponen una notable subida respecto a los 54 millones de 2024, cuando los fondos propios del Gobierno gallego apenas representaban el 30% del presupuesto total del IGVS.
Como cada año desde que hace quince el PP regresó al Gobierno gallego, los Presupuestos Generales de la Xunta volvieron a entrar en l Parlamento con un anexo denominado ley de medidas fiscales y administrativas. Se trata de la llamada ley de acompañamiento, la cuestionable técnica de aprovechar el procedimiento presupuestario para modificar de un solo golpe decenas de normas anteriores, algunas directamente vinculadas a las cuentas públicas y su administración y otras, sin esa conexión.