Cuarenta años del día que Andalucía decidió su futuro

Es la fecha que da inicio a la autonomía plena de los andaluces, aunque para la memoria colectiva andaluza es un día eclipsado por otros como el 28 de febrero o el 4 de diciembre. Los alcaldes se movilizaron uno a uno para pedir que el café fuera para todos, porque Andalucía no quería ser más que nadie pero tampoco menos que nadie. Centenares de balcones se llenaron de arbonaidas [la bandera de Andalucía], dimitió el primer ministro de la democracia y un presidente entró en huelga de hambre. A pesar de las dificultades, el sí obtuvo casi el 90% de los votos, pero sólo participó la mitad de los andaluces que estaban llamados a las urnas. En octubre se cumplen cuarenta años de su celebración: hablamos del Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El 20 de octubre de 1981 los andaluces ratificaron el Estatuto de Autonomía para Andalucía a través de un referéndum, que contó con un “sí” rotundo. Más de 2 millones de personas apoyaron el texto autonómico, conocido popularmente como el Estatuto de Carmona —ciudad sevillana donde la Asamblea de Parlamentarios redactó su contenido—, y a finales de año se producía la corroboración en el Congreso de los Diputados y el Senado, con la firma del rey Juan Carlos I. Comenzaba de esta manera un período marcado por la esperanza de que el nuevo poder político andaluz surtiera de soluciones a la crítica situación socioeconómica por la que atravesaba la ya Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, el camino fue largo y tortuoso.

El camino hacia la autonomía andaluza

La articulación territorial del Estado fue una de las cuestiones claves en los debates de la comisión encargada de la redacción del proyecto de Constitución de 1978. Finalmente este punto fue recogido en el Título VIII, que planteaba dos vías para el acceso a la autonomía: una lenta, contemplada en el artículo 143 y una rápida, la del 151, que había sido reservada a los denominados territorios históricos (Galicia, País Vasco y Cataluña). El Gobierno central de la UCD (Unión de Centro Democrático), presidido en aquel momento por Adolfo Suárez, defendía el camino lento, pero esto chocaba con las aspiraciones de la ciudadanía y con lo acordado por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en el Pacto de Antequera (4 de diciembre de 1978), un documento en el que se declaraba la voluntad explícita de lograr la autonomía plena. Un año antes, el 4 diciembre de 1977, cerca de dos millones de andaluces ya habían salido a la calle en una multitudinaria manifestación en las ocho provincias, reclamando el Estatuto de Autonomía antes de que se fraguase el texto definitivo constitucional.

Desde estos momentos, y hasta la aprobación definitiva en octubre de 1981, se vivió una pugna política y ciudadana en pro de la aplicación del artículo 151. A las demandas de libertad y derechos individuales de la Transición, intrínsecamente asociados a la democracia, se sumaron los de la igualdad territorial. Fruto de ello fue que el 2 de diciembre de 1979, dos días antes de que celebrase el Día de Andalucía (por aquel entonces se festejaba el 4 de diciembre de manera extraoficial), se organizó una masiva concentración en toda la región que reclamaba la vía 151, y en consecuencia la aceleración del proceso autonómico. Meses antes, en junio de 1979, el Pleno de la Junta Preautonómica de Andalucía ya había decidido desarrollar el procedimiento autonómico por la vía 151, pero tenía que ser avalado a través de referéndum el 28 de febrero de 1980, fecha popularmente conocida como el 28F.

El caso de Almería

Durante la campaña del referéndum, a pesar de que el Gobierno Central había puesto en marcha el plebiscito, Suárez pidió a la ciudadanía la abstención con el objetivo de impedir que se alcanzaran los mínimos que exigía la ley para la ratificación del Estatuto por la vía 151. Estos eran, y así lo reflejaba el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, que “si no llegase a obtenerse la ratificación por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, no podrá reiterarse la iniciativa hasta transcurridos cinco años”. Rafael Escuredo (PSOE) que en aquel momento era presidente en la Junta Preautonómica de Andalucía, se declaró en huelga de hambre para visibilizar su apoyo a la consulta popular, que apenas habían recibido financiación por parte del Gobierno central. Además tampoco se había revisado el censo y la pregunta de la papeleta era algo confusa, para muchos interpretado como un intento para hacer fracasar el plebiscito: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”.

El referéndum superó el cincuenta por ciento de los votos en todas las provincias, a excepción de Almería, donde, con un porcentaje muy elevado de abstención, los apoyos sólo alcanzaron un 42,07% del total de electores. Sucedida esta catarsis, se plantearon varias propuestas, como repetir el referéndum en la provincia de Almería, o reconducir el proceso autonómico por la vía del artículo 141, como proponía el Gobierno (UCD). Hubo voces que solicitaron una autonomía biprovincial con Murcia, e incluso quienes apostaron por la conversión de Almería en una comunidad autónoma. Finalmente se llegó a un acuerdo entre Felipe González y Adolfo Suárez y se modificó la ley, introduciendo la posibilidad de que, en caso de no haberse aprobado por la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto, se podía conculcar esa voluntad popular si así lo solicitaba la mayoría de los diputados y senadores que los representaban.

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Dimite el primer ministro de la democracia

Los costes de la estrategia política del referéndum fueron evidentes para la UCD. Manuel Clavero Arévalo, conocido popularmente como el padre del café para todos, —frase que hacía referencia a la necesidad de extender el autogobierno a todas las regiones españolas más allá de las nacionalidades históricas y que lo llevó a convencer al propio Suárez —, dimitió como ministro de Cultura, siendo el primero en la democracia en hacerlo, así como varios líderes ucedistas andaluces. La incomprensión de la dirección del partido a las aspiraciones autonómicas del pueblo andaluz los llevó a tomar esta decisión. Un año más tarde llegaría la dimisión del propio Suárez. Aunque aún no existe un consenso claro sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, la moción de censura presentada por el PSOE (fallida), la tensión acentuada por la suspensión esos mismos días de su congreso nacional o la huelga de los controladores acabaron deteriorando la imagen del presidente, que terminó dimitiendo el 29 de enero de 1981.

A pesar del intento golpista el 23 de febrero por parte del teniente coronel Antonio Tejero, la democracia española se recuperó rápidamente y todo volvió a su cauce. En enero de 1982, se publicaba el Estatuto de Autonomía y unos meses más tarde, la Junta Preautonómica convocaba mediante Decreto las primeras elecciones autonómicas de Andalucía para el 23 de mayo de 1982. Con una participación del 66,3% de los electores, el PSOE de Rafael Escuredo se convirtió en la primera fuerza política del parlamento andaluz, con un 52,56% de los votos, seguido de la formación de derechas Coalición Popular, que obtuvo el 17% de los votos. La posición mantenida en el tramo final de la pugna por la Autonomía pasó factura a formaciones como UCD o el PSA (Partido Socialistas de Andalucía) de Luis Uruñuela , que obtuvieron un 13,05% y 5,40% de los apoyos. Finalmente, el 4 de agosto de 1982 se constituyó el primer gobierno autonómico de Andalucía.