El plan VIVE, el plan Estatal y la Ley de Vivienda
Se continúa incumpliendo los mandatos constitucionales. Todos los grupos políticos incumplen esta premisa de urgencia inmediata. La obviedad sobre los sectores profesionales para que podamos participar y exponer las verdaderas soluciones continúan siendo patentes y alarmantes.
Los avales ICO, que son parte de la solución, no se desarrollan los convenios con las entidades financieras privadas a falta de una banca pública son apremiantes. Con ello se facilitaría a buen seguro el acceso a miles de ciudadanos, embalsados en el alquiler cuando desearían tener una en propiedad. Ello ayudaría mucho a pinchar la burbuja existente sobre los precios de los alquileres al restar esta numerosa demanda.
Paralelamente incentivaría la construcción y rehabilitación de viviendas por parte de las pymes, generando a la vez empleo. El gobierno de la Generalitat con el PP ha vuelto a incumplir su promesa electoral de reducir el ITP al 3% para jóvenes y colectivos especiales. Se sigue sin facilitar avales públicos a las familias para facilitarles el acceso a la vivienda en alquiler, dejando así un auténtico ejército de errantes demandantes de vivienda social en alquiler; por desgracia algunos no tienen más camino que ser okupas.
Se sigue sin facilitar avales públicos a las familias para facilitarles el acceso a la vivienda en alquiler, dejando así un auténtico ejército de errantes demandantes de vivienda social en alquiler; por desgracia algunos no tienen más camino que ser okupas
Ustedes mismos analicen el Plan VIVE, que emana del nefasto Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que prevé subvenciones directas a los grandes operadores y fondos de inversión con el objeto de alquilar esas viviendas, cuando a todas luces esa subvención o bien la cesión del suelo público prevista permite destinarlas directamente a los propios demandantes de vivienda habitual y social en propiedad.
La encuesta del CIS dice que un 81.8% es partidario de comprar una vivienda propia, ya que es la mejor forma de ahorrar para el futuro y evitar no poder pagar un alquiler hasta su jubilación, más con los contratos limitados a un máximo de 7 años.
Ejemplos actuales tenemos muchos, desde la actuación de los fondos buitres en Madrid y otros lugares a lo último: que desahucian de un convento en Cádiz a sus trabajadores de toda la vida, así como a incapacitados y vulnerables de todo tipo en toda España.
Por desgracia, esta es la actual política de vivienda que unos y otros nos ofrecen. Entre ellas una errónea y enmarañada ley de vivienda que ni siquiera contempla el derecho subjetivo.
__________________
José Joaquín Belda es socio de infoLibre.
