¿Por qué se pierden citas en Atención Primaria?

En estos últimos tiempos se ha puesto de relieve el problema que plantean los fallos en las citas en Atención Primaria (se calcula que unos 11 millones al año) y se han realizado propuestas para penalizar económicamente a quienes no acuden a una de ellas.

En primer lugar conviene hacer un diagnostico de la situación, porque sin un buen diagnostico las medidas preventivas y/o terapéuticas serán equivocadas y quizás empeoren el objetivo que se propone, que se supone no es sino mejorar la accesibilidad de la población a una atención sanitaria de calidad. 

Once millones de citas perdidas pueden parecer muchísimas, pero suponen solo el 4,21% del total de consultas anuales de AP (262,1 millones), es decir una cantidad relativamente pequeña. Luego hay que considerar las citas a las que no se acude por motivos imprevisibles y de fuerza mayor: en España mueren al año 430.000 personas y otras 2,82 millones tienen en el mismo periodo un ingreso hospitalario urgente, estas personas por motivos obvios, pero también sus familiares más cercanos es previsible que tuvieran alguna cita en AP a la que fallaron y no comunicaron que iban a hacerlo. Poniéndonos menos dramáticos lo mismo ocurrirá por ejemplo cuando una mujer se pone de parto y por supuesto las circunstancias sobrevenidas que impiden acudir a una cita previa son tantas y tan variadas que no quiero aburrir a los lectores identificándolas una a una. Es decir un porcentaje no desdeñable de estas ausencias se deben a problemas no previsibles y que colocan a las personas y sus familiares cercanos en tesituras en las que es muy probable (en el caso de los fallecidos, seguro) que no están en condiciones ni de acudir ni de ponerse en contacto con el sistema sanitario y anular la cita.

Estamos ante un problema limitado, frecuentemente imprevisible y que debe abordarse desde la prevención y no el castigo, empezando por asegurar el acceso a una Atención Primaria de calidad y en un tiempo razonable para toda la población

Luego esta el problema de las demoras desmesuradas en las citas. Según el Barómetro Sanitario de 2024 (abril-mayo) un 50,4% recibe la cita en su medico/a de AP en 7 o más días y en algunos casos puede ser en más de 20 días. Obviamente esta demora favorece la búsqueda de otras alternativas (urgencias de AP u hospitalarias, sector privado) o la espera resignada en la que es probable que los síntomas se autoresuelvan solos en algunos casos. Existe una correlación muy significativa entre el aumento de las demoras y el crecimiento de ausencias de las personas citadas, y por otro lado no parece muy lógico pedirle a alguien al que el sistema sanitario le ha fallado de manera tan flagrante que sea responsable y anule su cita una vez que ha resuelto el problema por sus propios medios (lo que según la misma fuente sucede en el 25,2% de los casos)  

Vistos lo datos, ¿por qué se produce tanto interés por el tema?. Evidentemente el primer motivo, y el principal, es el empeño de los responsables de las administraciones autonómicas de encubrir y/o irresponsabilizarse sobre las tremendas demoras en la AP, culpabilizando a la población de lo que ellos son incapaces o no quieren resolver, corriendo una cortina de humo que invisibiliza el problema de fondo. Y luego, y no es desdeñable, el hecho de que establecer nuevos copagos y aumentar los costes “de bolsillo” del sistema sanitario público favorece el que se  hagan más competitivos a los seguros sanitarios privados.

La propuesta realizada de imponer una penalización económica a los que fallan en una cita es una barbaridad, lo primero porque como ya se ha expuesto hay muchos imponderables detrás de esos fallos, y luego porque las tasas siempre penalizan a los mas enfermos y los que tienen una peor situación económica, a  más  de los grupos especialmente vulnerables (piénsese por ejemplo en los que tienen problemas de adicciones o las mujeres que sufren violencia de genero). Si creen que funcionan los incentivos económicos ¿no sería mejor descontarles una parte de su sueldo a los responsables de las administraciones sanitarias cada vez que se da una cita en AP con más de 7 días de demora?, seguro que  las cosas mejorarían con una rapidez inusitada.

Conviene recordar también que establecer una tasa sobre la asistencia sanitaria no es competencia de las CCAA y que solo podría hacerlo legalmente el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, un hecho que parece que se olvida continuamente.

Detrás de todo ello late un problema en auge, la mercantilización de la asistencia sanitaria y la conversión de un derecho en un  bien más de consumo sujeto a los vaivenes del mercado, algo en lo que desgraciadamente se viene avanzando en estos años desde demasiados lugares.

No quiero decir que no haya que hacer y/o no se pueda nada  para mejorar y disminuir los fallos. Obviamente lo principal seria garantizar una cita en un máximo de 48 horas. Mientras se consigue hay algunas medidas que son relativamente fáciles, por ejemplo poner en marcha un mecanismo que anule las citas de aquellas personas fallecidas u hospitalizadas lo que es perfectamente asequible con el grado de informatización actual, o enviar un aviso (sms, whatsapp, etc) 24 horas antes de la cita para recordarla, lo que ya se hace en muchos casos de consultas con el especialista y pruebas diagnósticas, y por fin identificar a las personas con una reiteración de inasistencia a las citas, que por supuesto las hay, para poder identificar si existe un problema de base y actuar en consecuencia.

En resumen estamos ante un problema limitado, frecuentemente imprevisible y que debe abordarse desde la prevención y no el castigo, empezando por asegurar el acceso a una Atención Primaria de calidad y en un tiempo razonable para toda la población.

Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y patrono de la Fundación Alternativas.