La Audiencia da tregua a la infanta pero no descarta un delito fiscal y de blanqueo

El auto por el que la Audiencia de Palma tumba la citación de la infanta en el caso Nóos deparó ayer a la hija del rey una victoria que puede convertirse en derrota. Porque el tribunal cancela la citación de Cristina de Borbón “por los hechos que le atribuye” el juez José Castro –básicamente, tráfico de influencias-, pero abre un nuevo frente de consecuencias imprevisibles. Lo hace al anunciar, una vez descartada que la imputación por un presunto “delito contra la hacienda pública y/o blanqueo” solo se suspende “de momento” en espera de que Hacienda, a la que arrea un auténtico varapalo, aclare las “zonas oscuras” del caso. Los dos magistrados que firman el auto, del que se desmarca el tercero, reprochan a la Agencia Tributaria que haya analizado los manejos tributarios de uno de los dos socios de Aizoon –Iñaki Urdangarin- obviando al otro –la infanta-, instan al juez Castro a pedirle que complete sus informes y dan un ultimátum a Diego Torres para que entregue los correos que aún tenga.

Lo sorprendente de la resolución firmada por los magistrados Diego Jesús Gómez-Reino y Mónica de la Serna es que los dos jueces –el tercer miembro del tribunal se desmarcó con un voto particular- se oponen a que la infanta desfile ante el juez después de haber escrito lo siguiente: “No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública y, tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales y que en tales ilícitos hubiera podido participar la infanta”.

Es más, los magistrados recalcan, y no de pasada, que la duquesa de Palma no solo pudo evitar que la empresa que comparte con Iñaki Urdangarin, Aizoon SL, fuese utilizada para defraudar sino que ella misma participó de los manejos contable-tributarios de su marido. “De acuerdo con este planteamiento [el de que Cristina de Borbón pudo impedir la defraudación dado que poseía el 50% de Aizoon], la infanta a partir de marzo de 2006 o meses antes de esa fecha ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar”. La resolución censura a Hacienda por no investigar si la pareja usó dinero supuestamente ilícito de Aizoon para reformar su palacete de Pedralbes. "Esas disposiciones de dinero sucio (...) quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales", sugiere aquí el auto.

El juez Castro pedirá a Hacienda que aclare si la infanta cometió delito fiscal

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Fuentes jurídicas consultadas ayer mantienen que no hay precedente conocido de que la Audiencia de Palma revoque un auto de imputación inicial. Otras fuentes añaden que tampoco lo hay de un auto en el que esa imputación se suspenda “de momento”. Hacienda tiene pendiente de entregar un informe completo de levantamiento del velo, es decir, un estudio que diagnostique cuánto fue defraudado a través de Instituto Nóos y sus empresas satélites y quiénes son responsables de ello.

El hilo conductor de las sospechas de la Audiencia, que recorre cada una de las siete últimas páginas del auto, se resume en lo expuesto en la página 44 del auto: que, dado que la esposa de Iñaki Urdangarin dimitió como vocal de Instituto Nóos en marzo de 2006 por cuanto fue entonces cuando “se suscitaron dudas sobre las irregularidades de Instituto Nóos” y sus manejos con fondos públicos, “debería saber o conocer (y por eso abandona Instituto Nóos) que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda (…) y que se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos”.

En sus primeras 40 páginas el auto refuta de plano los argumentos del juez y concluye incluso que si la infanta ejerció influencia al prestar su nombre para el famoso folleto propagandístico de Instituto Nóos, esa influencia debe entenderse como “una especie de carta de recomendación” que no entraña delito.