El presidente ningunea al Congreso

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, encarcelado desde hace dos semanas, será el protagonista ausente de lo que ocurra en la tarde de este jueves en el Congreso de los Diputados. A las 16.00 horas, la Diputación Permanente tiene una cita para pronunciarse sobre 29 puntos. De ellos, tres –el 17, el 19 y el 26– reclaman la comparencia del presidente del Gobierno para que informe de la financiación del PP a raíz de las últimas informaciones relacionadas con el caso Bárcenas. Salvo cambio de planes, los grupos autores de las diferentes peticiones (PSOE, Izquierda Plural, Mixto y Catalán) se irán con las manos vacías. Los conservadores, con mayoría absoluta en la Cámara Baja, y por tanto también en este órgano que cumple las funciones del pleno fuera del periodo ordinario de sesiones, bloquearán que su jefe de filas rinda cuentas. Esta era la postura fijada en la noche del miércoles, al cierre de esta edición, según confirmaron a infoLibre fuentes parlamentarias.

Este nuevo paso vendrá a afianzar la estrategia de silencio del presidente del Gobierno ante uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia. Una actitud que ha llevado a su máxima expresión desde que el hombre al que aupó a la tesorería del partido ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid) hace ya dos semanas. Rajoy sigue sin pronunciar el nombre de su extesorero, evita dar cualquier tipo de respuesta al respecto –como ocurrió la semana pasada en el Congreso cuando los diferentes grupos le invitaron en el pleno a explicar su ingreso en prisión– y esquiva a la prensa. 

Todo ello, en un contexto en el que el escándalo ha dado un importante giro después de que Bárcenas reconociera como originales unos documentos publicados por El Mundo en los que Rajoy aparece como perceptor de sobresueldos del partido en su etapa de ministro en los gobiernos de José María Aznar. Un hecho prohibido por ley.

La última vez que Rajoy compareció ante los periodistas fue el 28 de junio desde Bruselas, donde había acudido a una cumbre sobre empleo juvenil. De este día es la ya famosa expresión "la segunda ya tal" cuando fue preguntado sobre la situación de Bárcenas, recién encarcelado. Hasta el lunes no se espera una nueva comparecencia del presidente del Ejecutivo. Será el mismo día que Bárcenas vuelva a declarar ante el juez Pablo Ruz y habrán pasado 17 días desde su breve comparecencia desde Bruselas.

Mientras, el PP y el Gobierno se aferran a que el caso está en manos de la justicia

para no salirse del argumentario oficial, a poner la mano en el fuego por el comportamiento del líder del Ejecutivo y del partido y a afirmar que Bárcenas, que ha cambiado su primera versión sobre la autoría de los papeles que reflejan la contabilidad del PP, no es de fiar.

Las razones para el rechazo

¿En qué se basa el PP para votar en contra de la comparecencia de su jefe de filas para que explique la financiación del partido, el supuesto cobro de comisiones por la contratación de obras públicas y los sobresueldos?

Las fuentes consultadas justifican la decisión de echar atrás estas peticiones elevadas por la mayor parte de grupos del Congreso en que ésta "es la Cámara de control al Gobierno, no al partido". Además, sostienen que se trata de un caso "judicializado" y que "debe dejarse actuar a la justicia".

Ligado a este último argumento, las mismas fuentes precisan que "si el caso está judicializado es en parte porque partidos como el PSOE, que pide que Rajoy rinda cuentas, así lo han querido y pedido". "El juez Ruz ya está investigando. Esperemos a las resoluciones judiciales y no hagamos juicios paralelos. Que sea el juez el que decida".

Otro de los puntos polémicos de la tarde es el 18. La Izquierda Plural y el Grupo Mixto demandan la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: "Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre corrupción política y sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de partidos políticos". A tenor del bloqueo del PP a la comparecencia del presidente del Gobierno, la votación de partido que preside Rajoy podría ir en el mismo sentido.

Así las cosas, si el PP mantiene su blindaje a Rajoy y la Junta de Portavoces de este jueves ha decidido que la semana que viene no haya sesión de control al Gobierno, Rajoy no tendrá que responder a ninguna pregunta sobre el extesorero en sede parlamentaria hasta el mes de septiembre.

"La Ley de Transparencia tiene que salir con o sin consenso"

Relacionada con este escándalo, la tramitación de la Ley de Transparencia, uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy, sufrió este miércoles un bache importante. PSOE, Izquierda Plural y Amaiur se levantaron de la reunión de la ponencia en la que se iban a negociar las 543 enmiendas al texto original. PNV y CiU imitaron este gesto minutos después al entender que no había consenso suficiente para el debate.

Los protagonistas del plante argumentaron su negativa en la incoherencia de negociar un texto legislativo con un Gobieno cuyo presidente no ha dado ninguna explicación en sede parlamentaria de un asunto tran grave como el caso Bárcenas. Y advirtieron de que no volverán a las negociaciones hasta que Mariano Rajoy dé explicaciones en la Cámara. 

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Fuentes de la dirección del grupo parlamentario consultadas por infoLibre ven "una pataleta" en el comportamiento de los socialistas y de la Izquierda Plural. "Ellos en Andalucía están paralizados por el caso de los ERE, que es como cinco casos Bárcenas y nosotros no nos pasamos la vida echándoselo en cara y bloqueando cada reunión en el Congreso", añaden las mismas fuentes.

La intención de los conservadores es la de "seguir adelante". Entienden que "la ley tiene que salir" y que el proyecto no se va a paralizar porque otros grupos hayan decidido boicotear la tramitación. En más de una ocasión, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno han recordado que su intención es siempre la de poder llegar a los máximos acuerdos posibles, pero que si no se dan las circunstancias no tienen mayor problema porque la mayoría absoluta les permite sacar adelante aquellas leyes que consideran fundamentales. "Saldrá adelante con o sin consenso", mantienen desde el Ejecutivo.

Lo que hasta la fecha ni el PP ni el Gobierno han explicado es cómo casa bloquear todo tipo de petición de explicaciones sobre la corrupción por parte de los otros grupos con el hecho de enarbolar la Ley de Transparencia.