Igualdad
El PSOE se propone integrar en su dirección y en sus listas a representantes de las minorías
El PSOE ya había incorporado en su ponencia marco de la Conferencia Política propuestas sobre igualdad y justicia social. Pero había desarrollado en mucha menor medida las políticas de igualdad de trato y antidiscriminatorias, "una especie del género igualdad", aquellas que combaten los "estereotipos hondamente arraigados" que recaen sobre los miembros de minorías étnicas o sociales. Los socialistas hacen ahora hueco a esas medidas. Mañana sábado celebra una jornada monográfica en Madrid con la cobertura de un documento, Igualdad desde la diversidad, que resume las principales propuestas que se incorporarán en el cónclave del mes próximo.
Entre las iniciativas más destacadas del texto, de 22 páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, se encuentra esta: se propone incorporar a miembros de minorías étnicas, sexuales o discapacitados "en sus órganos de dirección y como candidatos a puestos representativos". "Esta es sin duda la mayor aportación que puede realizar el PSOE como partido para garantizar la igualdad y la diversidad, y sin la cual la credibilidad del Partido Socialista en este ámbito se ve seriamente dañada o poco creíble", señala el documento, que subraya la importancia de que los representantes públicos sean un "fiel reflejo de la sociedad", contribuyendo a "evitar la desafección ciudadana por la política y los partidos". No obstante, el PSOE sí ha contado en ocasiones puntuales con miembros de colectivos minoritarios, como la transexual Carla Antonelli en las listas del partido para la Asamblea de Madrid o la inmigrante Bernarda Jiménez en la ejecutiva federal 2008-2012.
El PSOE retoma asimismo la propuesta de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que prometió José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda y última legislatura, pero que no llegó a aprobar. Se trata de una norma "exigida por la Unión Europea", sobre todo en lo que se refiere a la asistencia a las víctimas de la desigualdad, y que situaría a España "en la vanguardia de las políticas de lucha contra la discriminación".
"Nuevo enfoque" de derechos ciudadanos
Junto a la ley, el partido plantea crear una nueva institución, "autónoma", la Autoridad contra la Discriminación, tal y como está "definida en el Derecho de la Unión Europea, con competencia en todos los campos" y por todas las causas de desigualdad. "Se trataría de una especie de Defensor del Pueblo especializado en cualquier tipo de discriminación, al que podría acudir cualquier ciudadano que se sienta discriminado por cualquier motivo y por cualquier entidad, pública y privada. Por ejemplo, cuando sufra bullying o acoso, o sufra maltrato por ser negro o gay... La gente no denuncia porque desconoce que está ante una discriminación", según explicaba este viernes a este periódico Purificación Causapié, secretaria federal de Igualdad y número cuatro en la nomenclatura socialista. La autoridad, "independiente", tendría potestad para instruir expedientes, recomendar y actuar, aunque no reemplaza la acción de los tribunales. La responsable socialista poe un ejemplo: la investigación abierta por la Fiscalía a tres colegios malagueños por el trato dado a niños transexuales.
El PSOE incide, en su documento, que "no sólo está en juego el Estado social, la igualdad de oportunidades", sino "también el Estado democrático", porque se refiere a "muchas personas excluidas o con dificultades de participación política". El concepto de discriminación, abunda, es un "perfecto desconocido", porque los ciudadanos que la sufren "no siempre conocen sus derechos". Y, sin embargo, la crisis económica está impactando "negativamente" en este tipo de políticas, pues se perciben como "menos importantes" y reciben "menos fondos", lo que conduce a la "invisibilidad" de estos colectivos minoritarios y hace peligrar, razonan los socialistas, la "cohesión social". Argumenta el texto que urge adoptar un "nuevo enfoque de extensión de derechos de ciudadanía".
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Pero hay más medidas. Las más llamativas son estas:
- Regular una política criminal contra los delitos de odio, que incluya el "estudio y seguimiento del fenómeno, su prevención y, por supuesto, la sanción".
- Promover la ilegalización de las organización que vulneren "sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales mediante la difusión de ideas de odio ideológico, la incitación pública o mediante actividades de propaganda organizada". Causapié aclaraba, a preguntas de este diario, que se trata de ilegalizar a "todas las organizaciones, y también los partidos" que fomentan el odio contra inmigrantes, homosexuales... y que provocan "discriminación y violencia".
- Vuelta de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, suprimida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
- Aprobación de un plan integral contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
- Desarrollar la estrategia nacional para la inclusión de la población gitana en España (2012-2020), hoy "paralizada, tras la reducción del 65% de la dotación presupuestaria".
- Apoyar a las víctimas de la discriminación y los delitos de odio.
- Favorecer la mediación social intercultural como herramienta de previsión y solución de conflictos.
- Desarrollar "plenamente" la ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se plantea también el refuerzo de la protección jurídica contra la discriminación y delitos de odio por razones de minusvalía.
- Acelerar el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad.
- Impulsar una Ley Integral para la Igualdad efectiva de las personas gais, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTB) que implemente la educación en valores y el reconocimiento de la diversidad sexual, promueva en el ámbito sanitario programas encaminados a combatir la desigualdad de trato y fomente programas de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios públicos, policías, jueces...
- Penalizar específicamente la transfobia (la discriminación por disforia de género).
- Garantizar el acceso de las mujeres lesbianas o solteras a tratamientos de reproducción asistida, cubiertos por la sanidad pública. Se pide fomentar la adopción nacional de las parejas LGTB como una vía alternativa a la adopción internacional, cuyas puertas para gais y lesbianas se cierran en muchos casos. El documento no recoge la gestación subrogada, la maternidad de alquiler que reivindicaba, por ejemplo, Juventudes Socialistas. Causapié reconoce que es un tema nada "pacífico" en el PSOE, que se puede discutir, pero que es complejo por las implicaciones que tiene para las mujeres. "No es una cuestión regulada en muchos países, además".
- Revisar la legislación para que no se produzca discriminación por razón de edad.
- Promover políticas de envejecimiento activo.
- Impulsar políticas integrales de juventud para garantizar la "participación plena" de los jóvenes "en todos los ámbitos".
El texto se discutirá mañana en la sede federal, en la calle de Ferraz de Madrid. Lo inaugurará la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, y la propia Causapié y lo clausurará el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
